Desafuero y candidatura
Una respuesta al proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador la tendremos con la manifestación ante el edificio de la Cámara de Diputados. El desafuero sería el primer paso para someterlo a proceso y encarcelarlo. Esto pondrá más en relieve el carácter político de la medida y la intención evidente de bloquear su candidatura en la elección presidencial de 2006. Así como en 1910 Porfirio Díaz encarceló a Francisco I. Madero, y sobre esa base "ganó" las elecciones, ahora se intenta algo similar.
Los pretextos han sido absurdos, como se ha ido demostrando a lo largo de estos meses. No sólo se ha demostrado que el proceso que se siguió en torno al predio El Encino se llevó a cabo conforme a las leyes, sino que también era claro que el hecho de ser la mayor autoridad del Distrito Federal, no por ello convierte al jefe de Gobierno en culpable de todos los delitos que pudieran, en su caso, haber cometido funcionarios de los más diversos niveles.
Sin embargo, se han acomodado las cosas de modo que la supuesta culpabilidad se determine, primero, por funcionarios federales de la procuraduría, sin los cuales no se hubiera iniciado el proceso; segundo, por votación mayoritaria de los diputados, con lo cual el que la derecha se ponga de acuerdo basta para que de nada sirvan las pruebas, los peritajes, etcétera, y, tercero, lo que diga un juez. Es más, basta con que el posible abanderado esté sujeto a proceso para que no pueda ser candidato reconocido por la autoridad electoral.
Las encuestas, como ha sucedido durante un tiempo ya largo, siguen ubicando en primer lugar de las preferencias al actual jefe de Gobierno del Distrito Federal. La intención de la coalición de derecha que armó esta maniobra es que la izquierda llegue con uno de los candidatos que, en las encuestas, haya tenido pocas preferencias, e inclusive, con ello, que la verdadera confrontación final sea entre ellos mismos: Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional. Así lo han dicho varios de sus portavoces.
Hay una violación adicional a los derechos de los ciudadanos del Distrito Federal: fueron ellos quienes eligieron al jefe de Gobierno y, por principio, sólo ellos lo podrían remover. El que instancias federales anulen la voluntad de los ciudadanos del Distrito Federal que, por añadidura, han apoyado recientemente y por mayoría abrumadora a López Obrador en los diferentes mecanismos de sondeo y de consulta que se han aplicado, es una agresión contra los mismos.
El que se dé importancia primordial al programa alternativo, al proyecto alternativo de nación, es un elemento fundamental en este contexto. Quien vote por este proyecto lo hará aunque el candidato con más apoyo sea vetado desde el poder. Sin embargo, eso no garantiza, por sí solo, que una mayoría de ciudadanos vote con este criterio. Muchos sufragarán por el candidato como tal.
Hay que oponerse firmemente al supuesto derecho a descartar candidatos desde el poder. Quien cumpla con los requisitos fijados por la Constitución deberá tener derecho a ser candidato. Pero si esto se viola, es un reto al que la izquierda deberá hacer frente para lograr que quienes hubiesen votado directamente por el candidato vetado tengan una forma indirecta de hacerlo. Que la mayoría de los votantes sienta que, al votar por la fórmula de izquierda, en última instancia lo hará también, en este caso, por López Obrador.