Ansias de reforma laboral
Venimos arrastrando hace ya muchos años, tantos como los transcurridos desde que en 2000 Vicente Fox ganó la Presidencia de la República, los propósitos de llevar a cabo las reformas eléctrica, fiscal y de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Las dos primeras no se han conseguido, como tampoco aquel propósito muy interesante de la reforma del Estado, en la que Porfirio Muñoz Ledo aún tiene esperanzas.
Pero la reforma de la LFT está tomando fuerza y todo indica que hay la intención de llevarla a cabo de inmediato. En la Cámara de Diputados, el grupo responsable lo encabezan Enrique Burgos y Emilio Chuayffet. Era parte del mismo Netzahualcóyotl de la Vega, lamentablemente fallecido hace muy poco tiempo. Pero ahora trabajan sobre un programa de 65 temas que supuestamente sería el corazón de la reforma. La cifra está equivocada, ya que alrededor de seis artículos repiten el texto vigente. Recordemos que el inicio de esta corriente reformista nació en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) al calor de la nueva cultura laboral y a cargo de un grupo de 22 representantes sectoriales, 11 del empresarial y otros 11 de los sindicatos, con la precisión, de suma importancia, de que dos de ellos eran y son democráticos: Arturo Alcalde y Héctor Barba, en tanto que los demás viven en las organizaciones corporativas.
En diciembre de 2002, un grupo de diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México presentó la iniciativa, sustancialmente la que fue elaborada en la STPS, y desde entonces ha sido motivo de discusiones a las que se invitó a Alcalde y a Barba, y que, en un momento, integraron un proyecto que lleva el nombre del senador panista Francisco Fraile, documento que a estas alturas también muestra cambios. Con algunos problemas, no era tan malo. No hay que olvidar que desde 1995 el PAN presentó ante el Senado un proyecto aprobado por la totalidad de su grupo parlamentario, elaborado esencialmente por Néstor y Carlos de Buen, de corte absolutamente democrático y anticorporativo.
A su vez, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) formularon otros proyectos que, junto a unas 50 iniciativas de rango menor, forman un voluminoso expediente. Pero todo parece indicar que el corporativismo, apoyado firmemente en un esfuerzo coparmexiano, tiene ahora la posibilidad de imponer sus soluciones: alrededor de 60 artículos, porque aparentemente cuenta con el apoyo concertado de PAN y PRI. Los temas de mayor importancia están, por supuesto, por los rumbos del derecho colectivo. Las reglas que se pretende imponer confirman y refuerzan el corporativismo, los contratos colectivos de protección, un derecho de huelga limitado de manera feroz y sometido a requisitos imposibles, y todo esto en el marco de condiciones de registro de los sindicatos, totalmente en manos del Estado. Por supuesto que desconocen el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 3 prohíbe la intervención estatal para limitar el derecho de libertad sindical. De aprobarse esas normas serían inconstitucionales, ya que dicho Convenio 87, de acuerdo con tres ejecutorias del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (expediente LXXVII/99), tiene rango superior a las leyes ordinarias, entre ellas la LFT y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, por supuesto, atentan contra la libertad sindical constitucional.
Un tema debe preocupar a las grandes centrales obreras: las confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y Regional Obrera Mexicana (CROM), entre otras, y es que por muy cordiales que puedan ser sus relaciones con el Estado, de hecho, de aprobarse la reforma, quedarían totalmente supeditadas a sus decisiones bajo cualquier circunstancia, obviamente en beneficio directo del sector empresarial. Inclusive, aun en el caso de que algunas de sus secciones firmen contratos de protección, su impulso para desplazar a otra central, conservadora o moderada, se encontraría con problemas muy importantes.
Ha sido motivo de discusión nuestra propuesta que aparece en el proyecto del PAN, de cambiar el nombre de "patrón" por el de "empleador". Izquierdas y derechas han pretendido que se perseguían fines aviesos con esa idea. Evidentemente no es así, ya que la única pretensión fue adecuar nuestra terminología a la de la OIT. Todos los convenios que ha firmado México utilizan la expresión "empleador". A mí no me gusta, como tampoco la de patrón, pero hacer de ese tema un problema de principio, como está sucediendo, es absolutamente tonto.
Hay problemas que también deberían tratarse, pero tal vez no sea el momento para hacerlo. En la iniciativa del PAN, y en las de la UNT y del PRD, se intentó sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje por jueces de lo social o del trabajo para que ya no dependan de los poderes ejecutivos, y porque los representantes sectoriales en las juntas, en realidad, no sirven para nada. Pero eso, que implicaría una reforma a la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional, puede esperar. Pienso que ha llegado el momento de recapacitar. La CTM, la CROC y la CROM, de manera principal, deben entender que el proyecto que se discute es esencialmente patronal. Intenta poner frenos absolutos a la libertad sindical y favorecer los intereses empresariales en temas procesales. Las reformas a los artículos 387 (condiciones para la celebración de un contrato colectivo) y 784 (carga de la prueba) son intolerables. Y eso afectaría a todos los trabajadores. Quizá sería oportuno un encuentro con la UNT para fijar posiciones de interés común. El riesgo que se corre, de no hacerlo así, se resentiría en muy poco tiempo.