Funcionarios cooptados
En el sexenio de Ernesto Zedillo el caso más significativo de un funcionario de alto nivel que colaboraba con el narcotráfico fue el del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Además se logró la confirmación documentada de jefes policiacos involucrados con cárteles de la droga.
Sin embargo, en la administración de Vicente Fox no sólo se capturó a un gobernador por esa razón, sino que también se descubrió al menos una red de corrupción en la que participaban funcionarios civiles y militares. Pero nunca la infiltración, públicamente reconocida, había tocado la esfera de la seguridad presidencial.
Uno de los primeros golpes al narcotráfico que demostraron que altos funcionarios de México tenían nexos con cárteles fue la detención del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, el 24 de mayo de 2001. Villanueva Madrid, señalado en una investigación que inició en 1997, actualmente se encuentra sujeto a proceso penal y está recluido en la prisión de máxima seguridad de La Palma.
En febrero de 2002 la PGR descubrió que elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) adscritos a la subdelegación de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, y policías municipales tenían nexos con el cártel del Golfo, que comanda Osiel Cárdenas Guillén.
En aquella fecha el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal en contra de los agentes de la AFI Arnulfo Ortiz Hernández, Maximino Moreno Ortiz, Héctor Abel Alfonsín Reyes, Arnulfo Miguel Candelario López y Raúl Arroyo Enríquez, así como José Antonio Aguilar Cuadros, Jorge Pablo Salinas Cantú y Amador de la Garza Báez, entre otros.
Para el 21 de octubre de 2002, en una operación conjunta entre la PGR y las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, se puso al descubierto una red de funcionarios y ex funcionarios que proporcionaban información privilegiada del gobierno federal sobre acciones contra el narcotráfico, principalmente a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, pero que también "trabajaban" para diferentes organizaciones.
Entre los detenidos estuvieron Francisco Tornez Castro El Capitán Tornez, ex agente de la Dirección Federal de Seguridad; Salvador Ortega Barrera, agente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), y Rubén Escalante Camarillo El Lobo, quien se desempeñaba como subdirector de la Unidad de Apoyo Táctico de las Fuerzas Especiales de la Policía Federal Preventiva.
En enero de 2003 la infiltración del narcotráfico en los cuerpos policiacos provocó la desaparición de la FEADS y la declaración oficial de la PGR que había descubierto que el 15 por ciento del personal de esa institución colaboraba con esa actividad delictiva.
En 2004 se inició una averiguación previa en la cual se vinculó con el cártel de Juárez al gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, a raíz de la detención del jefe de la Policía Ministerial de esa entidad, José Agustín Montiel López, y su coordinador operativo, Raúl Cortez Galindo.
Contra el gobernador no se han encontrado elementos, pero sus ex funcionarios están sometidos a proceso.
En el último caso, hasta antes de que se descubriera que la Presidencia de la República también había sido infiltrada por el narcotráfico, a finales de 2004 se descubrió que Domingo González Díaz, ex jefe del centro de mando de Operaciones Especiales de la AFI, recibió millón y medio de dólares del cártel de Juárez a cambio de que protegiera las actividades de ese grupo delictivo.
Gustavo Castillo García