Editorial
Hechos gravísimos que exigen una clara respuesta
La detención del director de Coordinación de Giras de la Presidencia de la República, Nahum Acosta Lugo, por filtrar información a narcotraficantes, es un hecho de suma gravedad. Un funcionario del equipo de la Presidencia informaba al crimen organizado. Alguien, en un medio muy estrecho, filtró la noticia de su detención a un diario, lo cual podría ayudar a los narcotraficantes a borrar pistas. La Procuraduría General de la República plantea que investigará ulteriormente el caso, lo cual indica que no se conocen todas las implicaciones del mismo. Mientras tanto, Gobernación mantiene un pesado silencio cuando está en juego nada menos que la seguridad presidencial, y la opinión pública debería estar plenamente informada. ¿Cuáles datos proporcionaba al narcotráfico el funcionario de la Presidencia detenido por sus nexos con los narcotraficantes si las giras se conocían en detalle? Acosta Lugo, detenido el jueves pasado, estaba además en relación con el crimen organizado ya desde hace cuatro años. En ese lapso hubo tiempo de sobra para averiguar sus antecedentes, sus relaciones y bienes, su vida cotidiana, pero se prefirió evidentemente confiar en su militancia panista. El equipo presidencial está tan obsesionado por sacar del camino electoral y político, por todos los medios posibles, a un opositor como el jefe de Gobierno del Distrito Federal, que no piensa ni en controlar la infiltración en su propio entorno cercanísimo ¿La descomposición del Estado es tan grande que el narcotráfico una gigantesca empresa económic estaría en condiciones de infiltrar nada menos que Los Pinos, uno de los sitios torales del sistema político mexicano? Junto a este gravísimo caso de infiltración criminal en el entorno presidencial, vemos cómo una elección clave como la de Guerrero estado en el que siempre ha habido nexos entre los políticos priístas y el crimen organizado se hace en medio de la corrupción y el fraude prelectoral más descarados y está marcada por asesinatos de policías y ciudadanos sin que nadie en los gobiernos federal y estatal intente evitar esos métodos del pasado, y ni la Secretaría de Gobernación como la misma Presidencia sienten la necesidad de pronunciarse al respecto y asegurar la legalidad. Parecería que ésta pesa menos en la preocupación gubernamental que la alianza con el aparato del Partido Revolucionario Institucional (uno de cuyos gobernadores, no hay que olvidarlo, está preso por sus relaciones con ese mismo narcotráfico que se ha infiltrado en Los Pinos)
La opinión pública debe ser informada sobre todo lo que está detrás de estos gravísimos hechos que atañen a la seguridad del Presidente de la República, a la infiltración de un poder ilegal dentro del mismo aparato del Estado y a la vulneración de la legalidad en el terreno electoral, todo lo cual quita credibilidad a las mismas elecciones presidenciales de 2006. El país exige urgentemente claridad, información verídica y medidas urgentes en defensa de la ley.