"Violó derechos" de más de 300 familias en El Carmen
Proceso administrativo contra juez que autorizó desalojo en NL
Monterrey, NL, 3 de febrero. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León empezó un proceso de responsabilidad administrativa contra el titular del juzgado tercero civil, Raúl Farfán Bocanegra, y el actuario del mismo tribunal, Carlos Alberto Palomo Herrera, quien encabezó las diligencias para el desalojo de más de 300 familias de la colonia agropecuaria Emiliano Zapata, ubicada en el municipio de El Carmen.
El procedimiento -que suscribió el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Genaro Muñoz Muñoz- se inició por una queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual consideró que ambos funcionarios violaron los derechos fundamentales de los colonos desalojados y al ser requeridos por la CEDH se negaron a colaborar, con el argumento de que el organismo carece de atribuciones.
Según el oficio CJ-20/2005, en el expediente administrativo 2/2005 del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, la secretaría de acuerdos del referido órgano jurisdiccional notificó al presidente de la CEDH, Daniel Garza Garza, que con base en el artículo 82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y municipios de Nuevo León, se inició el proceso de responsabilidad administrativa contra Farfán Bocanegra y Palomo Herrera.
En la contestación que presentaron por separado ante el Consejo de la Judicatura, el juez y el actuario coincidieron en sus conceptos y hasta en las faltas de ortografía. Argumentaron que la CEDH solicitó "ilegalmente" al juzgado la suspensión de la diligencia de lanzamiento, y que sus funcionarios "están interviniendo en asuntos de carácter jurisdiccional, y su intervención va más halla (sic) de las atribuciones que les fueron conferidas en los preceptos constitucionales".
Farfán y Palomo negaron haber incurrido en alguna responsabilidad administrativa o en violación de los derechos humanos. Por el contrario, expusieron, "los que están incurriendo en responsabilidad son los funcionarios de la CEDH de Nuevo León, al estar interviniendo y conociendo en asuntos que no son de su competencia".
Reiteraron que el organismo defensor de los derechos humanos pretendió invadir atribuciones que corresponden a los órganos jurisdiccionales establecidos constitucionalmente, por lo que en su oportunidad "se deberá proceder a presentar la queja o denuncia correspondiente" en contra de la institución.
Mientras, un grupo de afectados por el desalojo cumplió este jueves 18 días en huelga de hambre ante el palacio de gobierno. El martes se les permitió instalar una carpa en una calle lateral de la Gran Plaza, y desde entonces los guardias del inmueble oficial les permiten utilizar los sanitarios públicos.
Esto último no fue inmediato para los ayunantes, pues en principio los uniformados se negaron a permitirles el acceso al palacio municipal, a pesar de que los manifestantes presentaron copia de una suspensión provisional obtenida en vía de amparo, para que no se les negaran los "baños".
Los inconformes comentaron que el martes, uno de sus compañeros, a quien identificaron como "Don Pepe", sorprendió a los policías, pues luego de que le negaron el permiso de usar los sanitarios, a pesar de "su amparito", decidió orinar en una maceta ubicada junto a la puerta principal del palacio. Cuando quisieron detenerlo les dijo: "déjenme terminar y los acompaño".
Pero no se lo llevaron, porque además les hizo ver que tenía derecho a un abogado y a una llamada telefónica, y les aseguró que podrían salir perdiendo, porque ellos lo orillaron a "hacer pis en público" al no respetar la resolución de un juez federal.