La CIDH dio entrada a denuncia contra el Estado mexicano por violar derechos humanos

Acoso, cárcel y muerte para ecologistas que resguardan la sierra de Petatlán

Autoridades desacreditan a activistas para exhibirlos como delincuentes: ONG

ROSA ROJAS/III Y ULTIMA ENVIADA

El Zapotillal, Municipio de Petatlan, Gro. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha clasificado a la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán entre las 100 áreas forestales críticas del país "por la alta incidencia de ilícitos ambientales y deforestación acelerada", y como una de las nueve zonas "de ingobernabilidad por el riesgo que representa para el personal de la procuraduría ejercer actos de autoridad en dichas regiones, debido a la presencia de bandas delictivas asociadas a otro tipo de irregularidades". Sin embargo, para los ecologistas que se juegan la vida en defensa del bosque no hay apoyo oficial, sólo cárcel, persecución y muerte.

Tanto así, que el Estado mexicano ha acabado demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que en 2004 declaró admisible la denuncia- por violaciones a los derechos humanos de miembros de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OESP). Igualmente, integrantes de la Organización de Mujeres Ecologistas acusan los obstáculos que sistemáticamente ponen empleados de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a su labor de reforestación.

Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organismo que coadyuva en la defensa de Felipe Arreaga, ex dirigente de la OESP encarcelado en Zihuatanejo desde noviembre acusado de homicidio, estimó que "el fin último de esa acusación fabricada y que involucra a toda la dirigencia de la organización es desacreditarlos" para que se les vea como delincuentes comunes. Esto en el contexto de la demanda ante la CIDH en la que parte del alegato es que "se violaron las garantías desde el momento en que se trasladó la investigación por torturas a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera a la Procuraduría de Justicia Militar, porque no es un órgano imparcial".

Por su parte, Adriana Luna Parra, ex diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), activista en apoyo de organizaciones sociales de la región de la Costa Grande de Guerrero y Michoacán, consideró que en el encarcelamiento de Arreaga Sánchez -"cuya calidad moral es totalmente indudable y visible"- confluyen que se retome el caso de los ecologistas a escala internacional, que se ponga otra vez sobre la mesa la muerte de Digna Ochoa con la aparición de la película de Felipe Cazals, y en parte las elecciones para gobernador del estado del próximo domingo.

Luna Parra, quien ha acompañado la lucha de los pescadores de Petacalco contra la contaminación producida por la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mencionó que en la Costa Grande ha habido una tradición de lucha de pescadores y campesinos en defensa del medio ambiente y contra la marginación y el desarrollo excluyentes. Ellos han hecho propuestas de desarrollo integral "que no han recibido más respuesta que la represión. Hay complicidad entre el gobierno federal, el estatal y los caciques de la zona que además tenían casi un mando directo del Ejército".

Celsa Valdovinos, Marisela Sánchez Monroy e Inés Mendoza Arriaga, presidenta, secretaria e integrante, respectivamente, de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), relataron cómo de 146 mil 600 arbolitos de cedro que lograron sembrar en 2003 en la zona de El Zapotillal, Canalejas, La Botella, Parotita y Los Cuaulotes, bajaron a sólo 30 mil en 2004. Esto debido a que "los de la Conafor (Comisión Nacional Forestal) no quisieron dar plantas, sólo me dieron 15 mil, y los del batallón -ubicado en Petatlán- de contrabando me dieron otras 15 mil", detalló Celsa, quien es esposa de Felipe Arreaga. El asesoró a la organización hasta que lo encarcelaron.

Agregó que el vivero está financiado por la Conafor, "y luego no quieren entregar la planta a tiempo, la entregan en julio o agosto, y de 10 plantas sólo se logra 40 por ciento; si llegaran en junio pegarían mejor. En el batallón decían que no había planta y yo fui al vivero. Estaba enterito y bien crecida la planta y como reporté en el periódico que no me querían dar planta, ya me dieron 15 mil plantas".

En el patio de su casa, que está a un costado de la de Celsa y Felipe, en El Zapotillal, Marisela informó que la organización inició hace tres años con 12 socias y ahora son 63. La organización trabaja tratando de mejorar la alimentación, la higiene de la comunidad, conservar los bosques, y hacen reforestación con cedro. "Cuidamos el agua limpiando el arroyo, promoviendo la higiene, enseñando a las personas a que no tiren basura. Hacemos depósitos, en la cancha hay uno, que no se vea mal, que no contamine" relató.

Se promueve la creación de huertos familiares de hortalizas "para producir lo que comemos y cosas sanas, sin tanta química, porque la tierra todavía responde, no hay que fumigar, sólo regar y desyerbar". Siembran en los patios de las casas repollo, rábano, cilantro, calabacita, pepino, sandía, cebolla. No hay financiamiento. Se hizo un proyecto con una fundación extranjera, "el proyecto fue de 200 mil, pero sólo mandaron 126 mil para la cuatrimoto, las mallas y semilla".

Celsa comentó que para la reforestación, que se hizo por familias, consiguieron una camioneta. "La planta la conseguimos en el batallón, nosotros ponemos la gasolina y el chofer. En 2003 gastamos como 3 mil de gasolina. El ayuntamiento de Petatlán dio sólo 910 pesos de apoyo". También están viendo si hacen riego por goteo "con botellas de a dos litros, hacerle un hoyito y ponerlas, pero agarraron a Felipe y ya no he hecho nada". Indicó que el 5 de marzo realizarán una reunión para informar lo que ha realizado la organización.

Entrevistado vía telefónica, Mario Patrón afirmó que para Tlachinollan el de Felipe Arreaga "es un caso de utilización de la justicia para frenar un movimiento social y cumplir una venganza personal de Bernardino Nino Bautista, quien ha sido comparsa de la multinacional Boise Cascade".

Esta es, dijo, "una acusación fabricada. Gran parte de los testimonios que están en el expediente son para hacer pasar a Felipe Arreaga y Rodolfo Montiel como una banda de delincuentes que se dicen ecologistas". En total hay declaraciones de cinco testigos, pero sólo uno presencial, Prisciliano Bautista Mederos, un hijo de Bernardino.

"Prisciliano es el único testigo supuestamente presencial de los hechos, pero que incluso no concretiza; lo que dice es que iba conduciendo una camioneta, iba de copiloto su hermano Abel, cuando en el paraje del Río del Muerto un grupo de personas empieza a accionar armas, le pegan a su hermano Abel, él se sale del camino, sale corriendo, se esconde debajo de una piedra y ve pasar a los supuestos agresores y dice los nombres. Pero no dice ni cómo iban vestidos ni qué armas llevaban ni cómo pasaban y es prácticamente la única prueba que imputa la responsabilidad de ellos. La ley y jurisprudencia dicen que las acusaciones penales no se pueden basar en testigos singulares sino deben ser robustecidas en pruebas directas o circunstanciales que ayuden a llegar a la verdad de los hechos".

"Hay otros cuatro testimonios: el de Faustino Rodríguez Sánchez, Yolanda Hernández Bahena, Heladio Peñaloza Salgado y Feliciano Santana Medrano, que son testigos no circunstanciales de los hechos, porque no vieron ni la parte central ni anterior o posterior de los acontecimientos, se dedican a decir que Rodolfo y los otros acusados son personas que bajo la bandera ambientalista en realidad se dedican a delinquir, que son hechos distintos a los que en realidad se investigan en el expediente".

"Lo peor ahora es que no sólo montan un expediente, detienen al líder que más trabajo ambiental hacía sino que están desarrollando una conducta contra la justicia. Los testigos hicieron sus acusaciones, falsearon declaraciones y se esconden al día de hoy; eso se engrana con un problema estructural de las normas y prácticas del sistema penal que no respeta el principio de presunción de inocencia, si estas personas no comparecen el tiempo va contra el acusado, que está preso, porque el juez en el fondo lo que hace es decir 'defiéndete y contrarresta los cargos', cuando el principio de presunción de inocencia es 'tú eres inocente hasta que los cargos se corroboren en el proceso, que los testigos comparezcan y se careen'".

Agregó que ya se desahogaron las pruebas que acreditan que el 30 de mayo de 1998 Felipe Arreaga no se encontraba en el lugar del homicidio sino atendiéndose en el poblado de Las Mesas con un huesero. "Ahora se va a demandar al juzgado que aplique las medidas disciplinarias y de apremio para que los que lo acusan comparezcan ante el juzgado. El testigo singular que dice que presenció los hechos hace acusaciones contra una persona que había muerto antes de los hechos, lo que es un elemento para generar la duda sobre la veracidad de los hechos que dice haber visto", advirtió Patrón.

Por su parte, Silvestre Pacheco, de la organización ecologista SOS Bahía de Zihuatanejo, comentó durante un recorrido por los ejidos Vallecitos de Zaragoza y Barranca de la Bandera, que la tala clandestina continúa en Vallecitos, La Laja y Real de Guadalupe "y la Profepa prácticamente no hace nada para detenerla. La gente sabe quiénes hacen la explotación de madera y ya no quieren denunciarlo porque después de tantos años ya no creen en las autoridades, que no hacen nada".