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México D.F. Viernes 12 de noviembre de 2004 |
Cosméticos para Pemex
 El
reciente remplazo en la dirección general de Pemex y los anuncios
formulados ayer por el presidente Vicente Fox y por el secretario de Gobernación,
Santiago Creel, de que "ahora sí" se impondrán mecanismos
de transparencia en la relación entre la paraestatal y el Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), hacen
necesario reflexionar sobre la crisis progresiva en que se encuentra la
empresa desde hace por lo menos dos décadas y la negligencia de
los sucesivos gobiernos para solucionarla.
Entre los factores del deterioro de Pemex está
en primer lugar la corrupción imperante en su administración.
La discrecionalidad y la deshonestidad con que los directivos han metido
mano en las arcas de la empresa van desde los montos multimillonarios transferidos
por la administración de Rogelio Montemayor, por conducto del STPRM,
a la campaña presidencial de Francisco Labastida de hace cuatro
años, hasta las relativamente pequeñas raterías de
Raúl Muñoz Leos, rápidamente restituidas en cuanto
se hicieron del conocimiento de la opinión pública. Las desmesuradas
y no menos discrecionales prebendas otorgadas a la dirigencia del sindicato
contribuyen a perpetuar un cacicazgo ejemplarmente charro cuyas
prácticas y cuya impunidad han cambiado muy poco desde los tiempos
de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, por más
que el poder político de la cúpula sindical se haya visto,
desde entonces, significativamente mermado. En sus relaciones con el empresariado
nacional, Pemex sigue siendo un factor clave para el surgimiento de fortunas
súbitas y sospechosas, tanto entre los directivos como entre los
inversionistas dispuestos a entregarles parte de sus ganancias a cambio
de la concesión de contratos.
Pero, más allá de la corrupción,
Pemex está sujeto desde hace mucho a una depredación fiscal
que le impide reinvertir los recursos necesarios para la prospección
y la modernización, el mantenimiento y el remplazo de maquinaria
y equipo. Desde la década antepasada la paraestatal recibe, por
parte del gobierno federal, un trato similar -dato inquietante- al que
provocó la extinción de Ferronales: nuestra empresa petrolera
es la gallina de los huevos de oro cuya preservación no parece preocuparle
a nadie, el paño de lágrimas del resto de la economía,
el filón sobrexplotado que llegará al agotamiento en cosa
de tres lustros o menos. La petroquímica secundaria le fue cercenada
a la propiedad pública en los sexenios pasados, la primaria está
en circunstancia de catástrofe -varias refinerías que fueron
insignia de la industria petrolera nacional hoy están convertidas
en chatarra-, las áreas de exploración y perforación
están paralizadas y la explotación de pozos se encuentra
en una situación cada vez más precaria y dependiente de tecnología
extranjera y privada.
Al igual que los gobiernos priístas que le antecedieron,
el foxismo se ha abstenido de propiciar la dignificación y la regeneración
de Pemex; en cambio se ha dedicado a proseguir el saqueo y el desmantelamiento
de la industria petrolera y a multiplicar los llamados contratos de servicios
múltiples, que violan el espíritu del artículo 27
constitucional, y a publicitar la supuesta necesidad de reformas legales
que abran de par en par las puertas a la inversión privada en los
hidrocarburos, con el argumento mendaz de que la paraestatal no cuenta
con recursos suficientes para su modernización y su expansión.
A medio camino entre la torpeza y el cinismo, el actual
gobierno pretende ahora tapar la grave problemática de Pemex con
la destitución de un director súbitamente descubierto en
presuntas corruptelas y su remplazo por un funcionario que ha trabajado
para algunas de las empresas contratistas que han incrementado sus beneficios
por la absurda escasez de recursos de la paraestatal. Adicionalmente, las
autoridades firman un convenio para entregar al sindicato casi 8 mil millones
de pesos y luego presentan una propuesta de modificación al documento
como piedra de toque de una relación "transparente" entre la cúpula
y la directiva de la empresa. Mientras tanto, gracias a los enjuages inconfesables
entre el gobierno federal, Acción Nacional y el PRI, los protagonistas
del astronómico desfalco a Pemex perpetrado en 2000, el ex director
Rogelio Montemayor y los líderes charros Carlos Romero Deschamps
y Ricardo Aldana, siguen disfrutando de impunidad: el primero en régimen
de libertad bajo fianza y los segundos con sus fueros legislativos intactos.
En tales circunstancias, los movimientos oficiales en la paraestatal y
los propósitos de transparencia aparecen ante la opinión
pública como inveterados intentos por aplicar una capa de cosmético
sobre los problemas.
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