Serrano Limón y cinco funcionarios de la Ssa, implicados en desvío de $34 millones

La SFP inicia acción contra Provida

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de cinco funcionarios del órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (Ssa) denominado Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y en contra de Jorge Serrano Limón, apoderado legal del Comité Nacional Provida, con la finalidad de determinar si incurrieron en violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Se les imputa un desvío de recursos públicos por más de 34 millones de pesos, que presuntamente fueron empleados en la asociación civil para la compra de artículos de lujo, tangas y pago de publicidad.

Según dio a conocer ayer la SFP, ésta es la primera ocasión que esa dependencia aplica la mencionada ley a una persona que no es servidor público, con base en el artículo segundo de la misma norma, el cual refiere que cualquier individuo que maneje o aplique recursos del erario debe conducirse con transparencia y en apego al objeto para el que son destinados.

Mediante un comunicado, la dependencia federal informó que también serán sujetos a investigación, para deslindar sus responsabilidades, cinco funcionarios del órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, de quienes omitió mencionar sus nombres porque la ley prohíbe revelarlos.

Aunque la SFP no dio a conocer el nombre de Serrano Limón, fuentes gubernamentales confirmaron a La Jornada que el procedimiento de responsabilidades administrativas también es contra el integrante de Provida.

La SFP detalló que el procedimiento se inició con motivo de la aplicación de recursos públicos a fines presuntamente distintos de los originalmente acordados, y que fueron entregados a Provida para la creación de diez Centros de Ayuda para la Mujer (CAM).

Los recursos fueron cedidos "mediante convenios que fueron otorgados sin las autorizaciones correspondientes, así como por la inobservancia de las normas que regulan el procedimiento para el otorgamiento de apoyos económicos", por lo que no se descarta la responsabilidad de los servidores públicos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

La dependencia precisó que el monto de los recursos que presuntamente se entregaron de forma irregular y que fueron desviados asciende a 34 millones 533 mil 266 pesos, de acuerdo con las irregularidades encontradas en las auditorías practicadas por el Organo Interno de Control.

En las auditorías se detectaron irregularidades en la comprobación del numerario público entregado a Provida para los CAM en los conceptos de publicidad; mobiliario y equipo médico; material didáctico y cursos de capacitación; ayuda con medicamentos y atención para la salud, entre otros.

Asimismo, derivado de la auditoría que realizó el despacho Altieri, Gaona y Hooper al fideicomiso de la Lotería Nacional Transforma México, se detectaron fallas en la comprobación de gastos relativos a los apoyos canalizados por el citado fideicomiso a Provida.