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México D.F. Viernes 5 de noviembre de 2004 |
Espectáculo y cortina de humo
 El
esperado desafuero de René Bejarano, aprobado ayer por la Cámara
de Diputados, es en sí mismo un acto correcto y procedente que abre
el camino a un proceso legal en el cual habrá de dilucidarse si
el asambleísta separado del cargo cometió o no los delitos
que le fueron imputados a raíz del célebre videoescándalo
de marzo pasado, en el que pudo verse a Bejarano recibiendo fajos de billetes
de manos de Carlos Ahumada. Pero en el contexto en el que ocurre, el procedimiento
legislativo mencionado exhibió la doble moral y la hipocresía
del conjunto de la clase política que padece el país y, más
allá de su pertinencia jurídica y legal, parece una medida
para distraer la atención pública y alejarla de conductas
delictivas de políticos y servidores públicos que resultan,
cuantitativa y cualitativamente, mucho más graves y agraviantes
que el trasiego de efectivo entre el ex perredista y el empresario de origen
argentino.
Por principio de cuentas, llama la atención que
la Cámara de Diputados haya decidido resolver el desafuero de Bejarano
antes que otros procesos similares que se encuentran pendientes desde antes,
como los de los senadores priístas Carlos Romero Deschamps y Ricardo
Aldana Prieto, figuras clave en el desvío multimillonario de recursos
de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa,
y del líder charro Fernando Espino Arévalo. En contraste
con la discreta protección y el encubrimiento que las bancadas del
PRI y del PAN han venido otorgando a esos presuntos delincuentes con fuero,
en el caso de Bejarano no sólo se actuó con celeridad inusitada
sino que se buscó convertir en espectáculo público
su linchamiento moral. Cabe esperar, ahora, que el Poder Judicial juzgue
y no prejuzgue sobre los delitos atribuidos a Bejarano y que se le otorgue
un juicio justo, apegado a derecho y ajeno a las consignas políticas
de quienes, más que anhelar la impartición de justicia y
la reparación de los daños que hubieran podido causarse,
desean fervientemente el golpe de efecto que, suponen, representaría
la colocación tras las rejas de un ex colaborador de Andrés
Manuel López Obrador.
Y es que no cabe llamarse a engaño: el jurado de
procedencia armado ayer en San Lázaro es, a su manera, la continuación
de la campaña contra el gobierno de la ciudad de México y
su titular, a quien se pretende dejar fuera, a como dé lugar, de
los escenarios electorales de 2006. Porque si el celo inquisitorial contra
Bejarano fuera expresión de una auténtica voluntad de combatir
y erradicar la corrupción, habría debido llevarse ante un
juez, antes que al ex perredista, al heredero del Partido Verde Ecologista
de México, Jorge González Martínez, exhibido antes
que Bejarano en un video que lo mostraba pidiendo dos millones de dólares
a un inversionista extranjero a cambio de permisos para construir un negocio
en la zona turística del Caribe. Si hubiese una real convicción
de luchar contra los donativos electorales ilegales, Lino Korrodi, el ex
amigo del presidente Vicente Fox, tendría que estar sujeto a proceso.
Si la clase política en su conjunto tuviera un verdadero afán
de depurarse tendría que empezar por admitir que la diferencia entre
Bejarano y la mayoría de quienes votaron su desafuero reside en
que el primero fue videograbado en el momento de recibir donativos en efectivo
para campañas políticas -no necesariamente electorales-,
en tanto que los segundos "supieron cómo hacerlo" o, al menos, hallaron
la manera de perdonarse unos a otros -Pemexgate a cambio de Amigos
de Fox, por ejemplo- sus corruptelas.
Sin ánimo de criticar el desafuero y el proceso
legal contra Bejarano, cabe preguntarse si no resulta un despropósito
presentar a este político como el gran villano en turno, mientras
el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, a quien se señalan
vínculos con el narcotráfico y participación en un
homicidio, recibe frecuentes espaldarazos presidenciales.
En lo inmediato, y si queda algún pudor entre los
gobernantes en turno, el desarrollo del caso Bejarano-Ahumada tendría
que derivar en la apertura de una investigación judicial contra
Carlos Salinas de Gortari -documentadamente mencionado por el ex asambleísta
como cerebro detrás de Ahumada-, Rosario Robles y otros personajes
políticos que participaron en la conjura contra el Gobierno del
Distrito Federal. Por último, ¿no sería pertinente
también promover el desafuero del senador Diego Fernández
de Cevallos, para que éste pueda esclarecer los señalamientos
que lo involucran en esa conspiración? ¿No sería pertinente
que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, repitiera ante
un juez los alegatos de inocencia que pronuncia un día tras otro
ante los medios informativos? ¿No sería decente y ético
que el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos explicara los
criterios para conceder o denegar el servicio en hoteles a denunciantes
como Carlos Ahumada? ¿Existe otra manera de despejar las sospechas
sobre la participación del actual gobierno en el complot mediático,
político y jurídico contra López Obrador?
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