Prohíbe también a los indocumentados la entrada a bibliotecas y parques

Aprueban en Arizona ley xenófoba que restringe servicios médicos a inmigrantes

Prevé sanciones para empleadores que no denuncien a trabajadores sin papeles legales

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 3 de noviembre. Residentes de Arizona, Estados Unidos, aprobaron hoy la proposición 200, conocida también como Protect Arizona now, que elimina los apoyos de asistencia social a la población inmigrante y castigará con cárcel a los funcionarios públicos que no denuncien a trabajadores indocumentados.

La iniciativa, aprobada por aproximadamente 450 mil votantes, más de 60 por ciento, prohíbe el ingreso a bibliotecas y parques recreativos a indocumentados y restringe los servicios de guardería y vacunas a su hijos.

La ley obliga a los empleados públicos locales y estatales a que "funcionen como agentes de inmigración", pues en caso de omitir reportar a un trabajador que no compruebe su legal estancia en el país, será castigado con cargos criminales (misdemeanor) de clase dos, que se penaliza con una multa de 750 dólares y hasta cuatro meses de prisión.

Además, exigiría pruebas de ciudadanía a las personas que se registren para votar, a fin de evitar que los indocumentados sufraguen en los próximos procesos electorales.

Organismos no gubernamentales de Arizona consideran que se trata de una propuesta motivada por sentimientos xenofóbicos, e impulsada por grupos extremistas y supremacistas blancos que buscan dividir a los diferentes segmentos de la población de esta entidad del sur de Estados Unidos.

La organización promigrante Concilio Interfe, del condado de Pima, Arizona, aseguró que de acuerdo con agencias estatales, la proposición 200 costará más de 27 millones de dólares durante el primer año de su entrada en vigor, y 20 millones más anualmente para mantenerla.

Protect Arizona now es la organización que inicialmente impulsó la propuesta antinmigrante y designó como líder de su junta asesora a Virginia Abernethy, integrante del movimiento supremacista blanco y quien presuntamente mantiene nexos con grupos racistas.

Alexis Mason, dirigente de la coalición contra la propuesta 200, dijo que a pesar de la derrota que tuvieron en las urnas este martes, "la lucha apenas empieza", pues habrá de recurrir a las cortes estatal y federal para cuestionar la legalidad de la iniciativa.

Consideró que la propuesta representa una clara violación a las garantías individuales de los inmigrantes, de ahí que recurrirán a la Corte para que sean las autoridades encargadas de impartir la justicia las que determinen la legalidad de la misma.

México condena la medida

En México, el gobierno lamentó la aprobación de la proposición 200. Por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la administración foxista expresó su rechazo a esta iniciativa, por constituir una medida que propicia acciones de discriminación con base en un perfil étnico y que limita el acceso a servicios fundamentales.

De acuerdo con el gobierno de Vicente Fox, la proposición 200 no contribuye de manera alguna a enfrentar integralmente los retos del fenómeno migratorio entre México y Arizona.

Por su lado, la cancillería mexicana dijo en un comunicado de prensa que desde que esta propuesta fue incluida en la boleta electoral del estado, se giraron instrucciones a los consulados de la zona para mantener debidamente informada a la comunidad mexicana, promover un mejor entendimiento sobre su aportación a la economía y a la sociedad de Arizona, y mantener contacto con las autoridades estatales y funcionarios opuestos a la medida, para dar seguimiento al proceso mediante el cual las instancias judiciales revisarán la iniciativa.