México D.F. Miércoles 3 de noviembre de 2004
Negociación senatorial
Sigue a debate el anteproyecto en torno a radio y tv
ANDREA BECERRIL
El anteproyecto de Ley Federal de Radio y Televisión está a discusión de las bancadas del Senado y se espera que en breve sea dictaminado en comisiones, comentó el panista Felipe Vicencio Alvarez.
Integrante de la subcomisión dictaminadora en la materia, reconoció que es un tema polémico, que requiere del consenso de las fuerzas políticas, ya que la propuesta consiste en renovar casi en su totalidad una legislación obsoleta, de 1960, para dar paso a una ley que establezca una nueva relación entre los medios de comunicación electrónica y el Estado.
En el anteproyecto se establece la prohibición de contratar directamente publicidad electoral y se fija un límite de 35 por ciento de espacios y estaciones para dar en concesión. Asimismo, la vigencia de las concesiones disminuye de 20 a 12 años.
Parte fundamental de ese proyecto de ley, que incluye 199 artículos agrupados en siete títulos y 14 transitorios, es fortalecer los tiempos de Estado. Se propone incrementar de 30 a 60 minutos el antes llamado tiempo oficial, toda vez que el decretazo de octubre de 2002 originó la pérdida de 162 minutos en televisión y 145 en radio.
Se definen los criterios para la distribución de ese tiempo para dar acceso a los tres poderes de la Unión, a los órganos autónomos, a los partidos, estados y municipios. Se trata de un cambio significativo, toda vez que hasta ahora el tiempo del Estado es de uso exclusivo del presidente de la República.
Asimismo, se establecen procedimientos para acotar la discrecionalidad en la entrega de las concesiones de radio y televisión, y se incorpora la participación en el proceso de la Comisión Federal de Competencia "como medida precautoria, para evitar la concentración que derive en prácticas monopólicas".
El proyecto condiciona la renovación de la concesión al análisis del expediente de cada operador en cuanto al cumplimiento de la ley. En cuanto a los permisionarios, se establecen mecanismos para que puedan ampliar sus fuentes de financiamiento y atiendan los fines sociales y educativos a los que están comprometidos.
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