Servimet: la compañía ha hecho mal uso de recursos jurídicos para colocar parabuses

El gobierno capitalino ha respetado los amparos obtenidos por Eumex

La justicia no cuestiona argumentos del GDF para retirarle permisos, explica Tufiño

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El amparo que obtuvo la empresa Equipamientos Urbanos de México (Eumex, a la que ahora defiende el diputado pevemista Jorge Kahwagi) en el juzgado 10 del Distrito Federal no es contra ninguna de las razones que expuso el Gobierno capitalino para revocarle el permiso administrativo que le concedió para la explotación de cobertizos, sino única y exclusivamente por haberse vulnerado su derecho de audiencia, por lo que ya se inició un nuevo procedimiento de revocación en el que se concede a la compañía dicha garantía, explicó el director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), Uriel Tufiño Sandoval.

Otro amparo que le concedió el juzgado ocho es solamente para la operación de los llamados mupis de piedra (mobiliario urbano con publicidad integrada), pero indebidamente lo han utilizado para pretender colocar nuevos parabuses. Además continúa pendiente de resolución, al no estar definido el número de muebles que habrán de reconocerse a la empresa.

Asimismo, se presentó una querella contra Eumex por el delito de fraude, derivado del incumplimiento del pago de derechos por la explotación de espacios publicitarios, el cual, calculó, sería actualmente de aproximadamente 30 millones de pesos y es independiente de los pagos por servicio de energía eléctrica que la empresa se niega a cubrir.

Sobre este último punto, el funcionario capitalino explicó que en la sentencia del juzgado ocho, en la que se pide aceptar el derecho de audiencia, la autoridad jurisdiccional admite, a partir de la misma información que ofreció Eumex en su defensa, que ésta "se subrogó en la totalidad de los derechos y obligaciones contraídos por Servimet, y por tanto queda plenamente demostrado que la nueva persona moral obligada debió ser oída y vencida en el procedimiento previo a la determinación de revocar el permiso administrativo examinado".

Ello significa, abundó, que son falsos los señalamientos de que el Gobierno capitalino, por conducto de Servimet, es quien debe pagar los derechos por consumo de luz, teléfono y cargas fiscales que se generen por el uso de los inmuebles.

Irregularidades de origen

Dentro de la investigación realizada por Servimet en el contexto del litigio con Eumex se detectaron diversas irregularidades, entre ellas el hecho ya conocido de que el entonces Departamento del Distrito Federal, el 3 de diciembre de 1997, un par de días antes de que se entregara la administración al gobierno electo de Cuauhtémoc Cárdenas, amplió la vigencia del contrato hasta 2012, prorrogable a dos plazos más de dos años cada uno, hasta 2016.

Además, el presidente del consejo de administración de la empresa, Antonio Jesús Torres, de origen español, "engañó a las autoridades migratorias sobre el verdadero propósito de su estancia en México, porque ingresó en calidad de turista y bajo esta misma compareció ante un notario público para constituir la empresa", señaló Tufiño.

Pero aún más grave es la sospecha de que los directivos de Eumex habrían sobornado a funcionarios del Gobierno de la ciudad para obtener información sobre las acciones legales de las autoridades en su contra. Es el caso de "Eduardo Macías, quien se desempeñaba hasta finales de 2002 como coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno. Curiosamente, durante el periodo en que ocupó dicho cargo de confianza, Eumex siempre tuvo oportuno conocimiento de las acciones que el GDF tenía contempladas. Unos días más tarde, luego de haber dejado su puesto, apareció como abogado externo de la empresa y posteriormente se incorporó a la planta laboral de ésta".

Otro de los abogados de Eumex es Adrián Cadena, quien también forma parte de la defensa de los propietarios de la empresa Publi XIII, "curiosamente otra empresa de publicidad". Y por si fuera poco, el senador panista Fauzi Hamdan Amad defiende a Equipamientos Urbanos.

Tufiño recordó que inicialmente quien tenía el contrato de los entonces cobertizos de los paraderos, en 1992, era la empresa Cemusa, pero al quebrar se estableció un juicio que derivó en un convenio judicial para que Eumex asumiera en octubre de 1995 la titularidad del contrato, empresa que, a decir del funcionario, "aparece como por arte de magia", pues se había constituido apenas seis meses atrás con un capital de 50 mil pesos y adquirió una deuda por 16 millones de pesos.