Según datos recientemente publicados por las secretarías de Hacienda y Economía, en lo que va del sexenio de Vicente Fox el país ha gastado 76 mil millones de dólares en importaciones, en su mayoría bienes de gran lujo (cuatro de cada cinco dólares que salen de México). Esa cifra equivale a 78 por ciento de los ingresos del país durante el mismo periodo por las exportaciones de petróleo y las remesas de los migrantes en Estados Unidos, unos 98 mil millones de dólares en total.

Es importante considerar que parte de los bienes y servicios adquiridos en el extranjero pueden ser catalogados en cuatro categorías: insumos fundamentales para el desarrollo del país o para el bienestar de sus habitantes, así como productos cuya tecnología de fabricación está fuera del alcance de empresas nacionales; componentes para la industria maquiladora; objetos de consumo que son mera frivolidad y chabacanería -automóviles de gran lujo, agua potable embotellada en Europa, baratijas chinas- y productos que son competitivos en nuestro país porque así lo han hecho posible las políticas de apertura comercial y de abandono de las tareas del Estado como promotor del agro y de la industria: planta productiva, maíz y frijol, piñas asiáticas, textiles y muchísimas otras. De esas tres categorías de importaciones sólo la primera tiene una racionalidad y una justificación; el resto forma parte del modelo depredador de las economías nacionales prescrito por el llamado Consenso de Washington y aplicado de manera servil por las autoridades del país.

Estos datos indican que el país gasta la mayor parte de sus ingresos en pagar importaciones que no son, en rigor, necesarias, o que no debieran serlo, en vez de destinar ese dinero a inversiones que generen puestos de trabajo y riqueza o a programas sociales que alivien las condiciones de pobreza en las que viven millones de mexicanos.

Este desequilibrio comercial tuvo su origen en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor hace una década. Como parte de ese tratado, México abrió su mercado a las exportaciones, eliminando al mismo tiempo muchas de las barreras arancelarias. En contraste, los socios comerciales del país, Estados Unidos y Canadá, mantienen subsidios que otorgan a muchos sectores, en especial al agrícola. El gobierno de Miguel de la Madrid unció a México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés, organismo predecesor de la Organización Mundial de Comercio); el de Carlos Salinas abrió el mercado nacional a los productores estadunidenses sin obtener a cambio condiciones equitativas de acceso de los productos mexicanos al país del norte; los de Ernesto Zedillo y Vicente Fox han porfiado en seguir por ese camino y hoy, a consecuencia de esas decisiones catastróficas, México se ha consolidado como nación de contrastes sociales y miseria extendida, como exportador de mano de obra y como importador de baratijas, de artículos suntuarios y hasta de granos básicos originarios del país, como maíz y frijol.

Las divisas que nuestros connacionales ganan arriesgando su vida y poniendo en riesgo su integridad, su dignidad y sus derechos, son enviadas de vuelta al exterior para pagar el fracaso de este modelo económico, que no por haber sido legalizado deja de ser un saqueo y un crimen.

Por otra parte, el estado actual de la balanza comercial impide el desarrollo de la industria nacional: los recursos han dejado de emplearse para fortalecer la planta productiva y la inundación del mercado nacional por productos baratos y en muchos casos subsidiados provoca que la industria mexicana tenga que competir en condiciones desfavorables. De hecho, los productores nacionales han perdido terreno en el mercado ante las importaciones y muchos han tenido que cerrar sus fábricas, adelgazando la planta productiva y aumentando el desempleo.

Esta situación podría agravarse dramáticamente si las autoridades logran hacer aprobar las polémicas reformas estructurales. Hay que recordar que una de esas reformas es la energética: la intención es abrir el sector a la inversión privada y extranjera, lo que prácticamente implica vender o enajenar buena parte de nuestros recursos naturales. En ese sentido, si el gobierno foxista logra su cometido, estará hipotecando el futuro de la nación, ya que México dejará de percibir millonarias sumas por las exportaciones de crudo. Si estos ingresos disminuyen, ¿con qué recursos se pagarán estas importaciones por 76 mil millones de dólares?

Un componente de las importaciones totales no previsto en las estadísticas oficiales es el contrabando. Si los bienes que entran al país en forma legal han arrasado buena parte de nuestra planta productiva, los que ingresan en forma clandestina están acabando con el resto. Y la presencia masiva, evidente y permanente de artículos de contrabando en el mercado nacional pone en evidencia la no menos vasta corrupción que impera en el sistema aduanal del país, así como la falta de voluntad política para combatirla.

Queda claro, en suma, que el actual modelo económico, establecido por De la Madrid, apuntalado por sus sucesores, Salinas y Zedillo, y continuado por Fox, ya no es viable: se ha constituido en un lastre que impide el desarrollo del país. Si el gobierno de México no comienza a revertir el modelo económico y a invertir en su planta productiva y en la calidad de vida de sus habitantes, y si no le pone un freno a la corrupción imperante, el desarrollo seguirá siendo un sueño inalcanzable.