Pedro Rivas Monroy

Carencias y omisiones

La Secretaría de Gobierno de la administración local ha presentado ante la Asamblea Legislativa del DF una propuesta de reformas al código electoral capitalino y lo preocupante es que, en su corta vida, esta normatividad local ha sufrido cinco modificaciones, lo cual evidencia la falta de claridad de los legisladores en cuanto al diseño institucional que requiere el ámbito electoral de la ciudad de México.

Cada iniciativa que se ha intentado distorsiona la vida interna de los órganos electorales, generando incertidumbre en su interior. Por ejemplo, en estos momentos el instituto electoral local se está ajustando a la reforma más reciente que le planteó una restructura significativa, con un proceso vecinal encima, cuando además tenemos a la vista otra que, de ser aprobada, modificaría nuevamente la vida del IEDF.

Para tratar el tema electoral, la ALDF en esta legislatura creó una Comisión de Asuntos Político-Electorales, dirigida por el panista Alberto Lara Rivera. Al iniciar sus trabajos todo parecía encaminado a buscar una propuesta consensuada de reformas a la normatividad electoral, para lo cual se invitó a las instituciones autónomas involucradas a colaborar con los legisladores, sobre todo para aprovechar su experiencia adquirida en el terreno de los hechos. La intención quedó trunca al no volver a convocar al Tribunal Electoral del DF a los trabajos, como en una primera sesión se comprometió el diputado Lara.

El ejercicio legislativo de Lara, respecto del tema electoral, ha sido cuestionable y hoy parece sumarse a esa falta de vocación la Secretaría de Gobierno del DF. La propuesta de modificación presentada nuevamente adolece de profundidad, ya que los temas que refiere en cuanto a la justicia electoral se consideran importantes en la medida en que se pueden reflejar en las resoluciones. Cuando uno revisa la iniciativa, lo primero que salta es una especie de contrarreforma, pues se suponía que los órganos electorales tendrían una sustancia ciudadana. Con el nuevo artículo 239 que se propone, el Tribunal Electoral del DF será parte de la negociación política, porque no se pensó en darle un porcentaje del Presupuesto de Egresos para despolitizarlo totalmente.

Otro asunto es cómo está planteada la nueva estructura. Todo indica que la paridad de ese órgano jurisdiccional desaparece. Una figura es el presidente y otra distinta los magistrados electorales, situación que nos regresa a los viejos esquemas de los órganos verticales. Es cierto que no tenemos una cultura de la colegiación, pero la solución no es volver a esquemas agotados, ya que los actuales miembros de los órganos electorales hemos tenido que aprender en el camino la práctica del diálogo. Pienso que lo más recomendable es aprovechar esa experiencia y ajustar, en consecuencia, la vida interna de los organismos.

A eso se refiere el tema de las denominaciones de magistrados; en el proyecto cuando menos hay tres: presidente, magistrado electoral y magistrado suplente. La nomenclatura más desafortunada es esta última, pues los tribunales no son ámbitos parlamentarios para que haya suplentes. La actual normatividad ahí tiene uno de sus principales problemas: el legislador secundario pasando por encima del Estatuto de Gobierno del DF inventó la denominación de magistrado supernumerario, con lo que prácticamente fracturó al TEDF. Lo responsable, si hoy se quiere hacer una reforma que beneficie al ambiente electoral de la ciudad, es desaparecer la antiestatutaria denominación de magistrado supernumerario, dejando únicamente la de magistrado electoral para los nueve integrantes de este órgano jurisdiccional, haciendo coherente así el marco normativo en la materia.

Otro ejemplo ilustrativo de la falta de cuidado con que fue elaborada la propuesta del gobierno local se relaciona con el tiempo de duración en el cargo del magistrado electoral, al establecer que durará siete años improrrogables, lo cual se contrapone con lo establecido en el artículo 133 del Estatuto de Gobierno del DF, que señala que el tiempo de duración será de ocho años improrrogables, por lo cual, de materializarse esa propuesta, no soportaría una acción de inconstitucionalidad.

Hay otros temas que no se ven en el proyecto y que son de suma importancia para el ámbito electoral, especialmente los que tienen que ver con el derecho electoral sancionador. El rebase de los topes de gastos de campaña es una práctica reiterativa de los actores políticos, por lo que es urgente establecer reglas claras para la aplicación de sanciones, tema nada fácil, pues cabe recordar que ya hubo un fallo que anuló una elección, mismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó dejando sin sanción al infractor; lo absurdo sería aumentar los delitos electorales como se pretende en el ámbito federal.

El derecho laboral electoral es otro caso ausente en el proyecto de la Secretaría de Gobierno. Por una inercia producto de la ley del menor esfuerzo, se sigue la deformada práctica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde es juez y parte tratándose de asuntos laborales de sus empleados, alegando un contradictorio concepto de la división de poderes. En el caso del tribunal electoral local, se esgrime un discutible concepto de autonomía, pues el sentido común nos indica que es en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el que se puede ventilar esta materia, sin lesionar el equilibrio procesal.

Por último, quiero reiterar una idea que ya he comentado en otras oportunidades, la de convertir en un verdadero juicio el desahogo de los actuales recursos. Esto haría mucho más ágil la actividad de los dos órganos electorales. Si bien se trata de un aspecto muy técnica, el planteamiento se podría elaborar en un tiempo breve. Estas son algunas cuestiones, entre muchas otras, que el diputado Lara, en combinación con el secretario Alejandro Encinas, deberían meditar en aras de una mejor convivencia para los habitantes de la metrópoli, que creo es su principal responsabilidad.