Afirman que no hay avances en la investigación de un indígena secuestrado

Exigen labriegos de Puebla a Gobernación liberar a una veintena de sus compañeros

Responsabilizan a Antorcha Campesina de los actos violentos ocurridos desde hace décadas

FABIOLA MARTINEZ

Pobladores de Huitzilán de Serdán, Puebla, integrantes de la Unión Campesina Independiente (UCI), exigieron al titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, promueva la liberación de una veintena de campesinos, recluidos por su presunta responsabilidad en diversos delitos de tipo penal, e inclusive algunos son acusados de tener vínculos con Ejército Popular Revolucionario.

Solicitaron también a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) emita un informe respecto al avance de la investigación de un indígena secuestrado en los años 80 -quien hasta ahora sigue en calidad de desaparecido- cuya denuncia fue interpuesta en esa fiscalía hace dos años y aún no se conoce resultado alguno al respecto.

Una vez más, los campesinos de la UCI, organización del Congreso Nacional Indígena, viajaron a la ciudad de México para recorrer dependencias federales con el propósito de exigir justicia pronta y expedita en favor de sus compañeros presos y obtener el deslinde de responsabilidad, en el homicidio de dos integrantes de Antorcha Campesina, central afiliada al PRI, a la cual acusan de provocar los hechos de violencia ocurridos desde hace un par de décadas en la zona de Huitzilán, cuyo saldo, según el balance de la UCI, es cinco desaparecidos, 427 familias desplazadas y 150 campesinos asesinados.

"Nunca ha habido respuesta. Las autoridades estatales de Puebla y las del gobierno federal miden con dos varas diferentes. Es necesario establecer una mesa de diálogo para encontrar justicia de una vez por todas en este asunto", señaló Bartolomé Melchi Santiago, delegado de la UCI en Puebla.

La petición de este grupo de nahuas llegó también a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a quien en una carta piden su intervención por la violación a los derechos humanos de indígenas de la Sierra Norte de Puebla, a causa de las acciones "del grupo paramilitar Antorcha Campesina, el cual -expresan al alto comisionado- ha sembrado terror".

Pese a las denuncias correspondientes, señalan, no hemos obtenido respuesta alguna. "Es por ello que nos dirigimos a usted para pedirle su intervención por la justicia, la libertad, y el castigo a los responsables de los hechos", señala la UCI, luego de entregar la lista con los nombres de los "perseguidos políticos", y de los "principales responsables" de los asesinatos, secuestros, amenazas y persecuciones.

En el amplio expediente de todas las diligencias hechas en meses recientes por los campesinos de Huitzilán -entregado a este diario-, aparecen cartas dirigidas al gobernador de Puebla, Melquiades Morales, en las cuales piden el esclarecimiento de los hechos referidos, registrados desde 1983 y, en especial, que cese "la persecución en contra de los integrantes de la UCI".

Para los demandantes es prioritario que las autoridades revisen "caso por caso" los expedientes de los campesinos presos, algunos bajo proceso y otros sentenciados, recluidos en el cereso de Puebla y en Tetela de Ocampo, cuyas confesiones fueron obtenidas "bajo tortura, e inclusive a los indígenas que no hablaban español nunca se les proporcionó un traductor".

La exigencia de una investigación eficaz se envió también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en este caso se solicita apoyo de este organismo para que se detengan las persecuciones y aprehensiones contra diversos campesinos y nahuas de Huitzilán que han emprendido "diversas autoridades de ese estado", puesto que en los casos señalados, las autoridades no presentaron órdenes de aprehensión en el momento de las detenciones y, al ser declarados, fueron obligados, bajo tortura, a firmar sus confensiones. Este asunto fue remitido por la CNDH a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla.

En una misiva entregada en diciembre pasado al titular de la Secretaría de Gobernación, se informa que hechos como el secuestro de su compañero Trinidad Mari Betancourt fueron denunciados desde febrero de 1988 (averiguación previa 960/19 febrero/88), misma que "ha quedado congelada"; piden la atención del funcionario a estos casos, en los que se encuentran involucrados integrantes de Antorcha "con el apoyo de la Policía Judicial del Estado y el Ejército Mexicano de la 25 zona militar".

Hasta la fecha, señalaron los integrantes de la UCI, la represión ha sido para nosotros, mientras los asesinos de Antorcha Campesina han sido protegidos y sus delitos siguen en la impunidad, ninguno ha pisado la cárcel.

"Toda la ciudadanía sabe que ellos son los asesinos, lo contamos en secreto por temor a ser asesinados, solamente algunos corremos el riesgo y lo decimos públicamente."