Rechaza que con el espionaje telefónico se pueda destituir a López Obrador

Buscan distraer la atención sobre la reforma al artículo 122, alerta Corral

Critica a los medios electrónicos por privilegiar el escándalo; propone evitar excesos

ANDREA BECERRIL

Quienes grabaron y filtraron a los medios electrónicos las conversaciones telefónicas entre el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres, y legisladoras del PRD, lo que buscan es distraer la atención de algo tan relevante como es la discusión en el Senado de la reforma al artículo 122 constitucional, sostuvo el senador panista Javier Corral Jurado.

En entrevista, consideró que "es un despropósito" plantear que se destituya al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, a partir de esas grabaciones, obtenidas de manera ilegal y que representan una intromisión en la vida privada de las personas.

Presidente de la subcomisión encargada de dictaminar la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, el panista advirtió, asimismo, que se debe acabar con esa "zona de impunidad" en la que los medios electrónicos suplantan la investigación periodística por la difusión de conversaciones telefónicas o videos que son fruto del espionaje político.

El legislador aclaró que desde la Ley Federal de Radio y Televisión -que se dictamina en el Senado- no se pueden imponer criterios éticos, ya que éstos son del ámbito exclusivo de los comunicadores, pero sí "debe haber un mecanismo para dirimir las controversias que se susciten, los excesos y los abusos de los medios electrónicos".

Uno de ellos, precisó, es la posibilidad de réplica como derecho básico de la libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos, ante la determinación de las televisoras de "privilegiar el escándalo".

"Poner en la picota a los políticos, al grabar y filtrar sus conversaciones, y la constante magnificación de los hechos, atenta contra todos y termina en una erosión social impresionante", consideró Corral Jurado.

Preguntó qué prueban las conversaciones telefónicas de Martí Batres y la diputada Alejandra Barrales. "Que había una sintonía de miembros de un mismo partido, en una movilización y un acto en la Cámara de Diputados. ¡Por favor! ¿Cuántas veces los partidos políticos han tomado esa tribuna? Muchas, pero las cosas se han magnificado".

Insistió en que no encontró una sola expresión de Batres con una afirmación que comprometa al Gobierno del Distrito Federal en la concertación de algún acto ilícito. "Si somos objetivos, no la hay, obviamente estaban al tanto de lo que iba a suceder, pero mucho más grave que eso es el asalto a la intimidad de los políticos, de los legisladores. Eso es inadmisible".

A su juicio, además de lesionar a un partido político, el objetivo central de grabar esas conversaciones y luego filtrarlas fue "distraer la atención de algo tan relevante como la discusión del artículo 122 constitucional".

Es, detalló, "una estrategia absolutamente clara, contundente", en momentos en que esa minuta que tiene que ver con la descentralización educativa y la posibilidad de quitar más de 5 mil millones de pesos de su presupuesto al Gobierno del Distrito Federal se discute en el Senado.

Especialista en el estudio de los medios de comunicación, el senador Corral Jurado advirtió que nadie debería avalar ese tipo de estrategias. "Soy absolutamente contrario a la utilización del espionaje político como método de investigación periodística, porque de proseguir, a ver quién cierra después la puerta e impide que salgan a la luz pública informaciones poco claras de otros políticos".

La grabación de las conversaciones de Batres con Barrales y de la diputada Dolores Padierna con René Bejarano es un hecho condenable, como lo fue también, dijo, cuando Televisa dio a conocer la conversación en la cárcel de Raúl Salinas de Gortari con su hermana Adriana, luego que el entonces presidente Ernesto Zedillo decidió parar mediante esa grabación a su antecesor Carlos Salinas de Gortari.

"En aquel entonces, y tratándose de un pillo como Raúl Salinas condené el hecho y no podría dejar ahora de hacerlo. El periodismo tiene que reflexionar sobre el sentido ético que le quiera imprimir a su papel de contrapeso, de crítica, al basar informaciones en la comisión de delitos".

Porque en ese plan, "se puede hasta robar documentos a alguien que se pretenda lesionar y darlos después a conocer filtrándolos a alguna televisora."

-¿Qué hay de la responsabilidad de los medios que difunden esas grabaciones o videos, encaminados claramente a lesionar la imagen o la reputación de alguien, no hay sanciones, verdad?

-No. Lo que han argumentado es que las grabaciones llegaron en forma anónima. No conozco la discusión que se debió dar en Canal 40 antes de difundir las conversaciones de los perredistas, pero la supongo difícil, compleja, profunda, con razonamientos de diversa índole, ya que al final de cuentas no procedía de una fuente clara.

Invadir la vida privada de los ciudadanos, insistió, es "uno de los mayores asaltos al orden social, pero como lo hacen los poderosos medios electrónicos, no pasa nada, por ello hay que insistir en que se acabe con esta zona de impunidad".

Deploró que pese a ello, algunos políticos del PRD y del PRI "vayan a ponerse a los pies de los concesionarios de los medios electrónicos, como lo hicieron algunos durante la Semana de la Radio y la Televisión, al ir a ofrecer que no los tocarían ni con el pétalo de una rosa en la reforma legislativa que se analiza en el Senado".

A los políticos, insistió, los concesionarios "los tienen bien medidos y por eso les va como les va".

Respecto de las pretensiones de algunos senadores del PAN y del PRI de iniciar un proceso para destituir a López Obrador a partir de las grabaciones telefónicas aludidas, dijo que lo considera "un despropósito". Es algo que ni siquiera se ha discutido en su bancada, y que sería muy difícil que lograra consenso.