Miguel Concha

Designación transparente

Sin pretender conforme a su mandato apoyar u oponerse a ninguna candidatura, y con la expectativa de que con ello se contribuya de manera sustantiva al fortalecimiento de la confianza pública y la eficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional (AI) pidió el pasado jueves tener en cuenta la opinión de más de 250 organizaciones mexicanas, "reconocidas por su experiencia y trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos", en la designación del próximo ombudsman nacional.

El pasado martes, en efecto, más de 271 organizaciones civiles y sociales, y alrededor de 100 militantes por los derechos humanos en todo el territorio nacional se pronunciaron abiertamente, igualmente con nombre y apellido, por la no relección, y mucho menos ratificación del actual presidente de la CNDH, con el propósito, entre otras cosas, de mejorar la calidad de sus trabajos, transparentar sus procedimientos, rendir cuentas a la sociedad e incrementar su incidencia en problemas urgentes de la realidad nacional. Recordando los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos, adoptados por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 1993, y conocidos como Principios de París -que como garantías de independencia y pluralismo exigen la representación de todas las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos en la composición y designación de sus funcionarios-, AI expresa también su reconocimiento a estas organizaciones que de manera conjunta, y respetando en lo particular la autonomía de decisión de cada una, manifestaron también ese día públicamente su apoyo a cuatro candidaturas alternas de personas idóneas para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"La trayectoria y la reputación nacional e internacional de estas organizaciones -afirma Amnistía Internacional- nos hace pensar que las mismas deben estar ampliamente representadas en el proceso de elección de quien presida la CNDH en el próximo periodo". Todo ello obliga a que el Senado de la República transparente sus procedimientos, justifique sus criterios y explique las razones por las cuales se pronuncia por las candidaturas, teniendo en cuenta los análisis y los argumentos de las organizaciones sociales, a pesar de que el corto periodo oficial de audiencias y presentación de opiniones y candidatos terminó ayer, pues en su comunicado AI también expresa su preocupación "por el bajo nivel de participación ofrecido a las organizaciones civiles de derechos humanos en la definición de los criterios y procedimientos para la selección del candidato a presidir la CNDH".

Considerando las mejores experiencias a escala mundial, y con el objetivo fundamental de garantizar la imparcialidad, credibilidad y fortalecimiento de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos ante la sociedad y la comunidad internacional, AI había hecho ya desde el primero de octubre de 2001 una serie de recomendaciones. A propósito de los procedimientos de selección y consulta recomienda que la sociedad civil participe lo más posible en el proceso de selección y nombramiento de sus miembros, y que el método sea justo y transparente, "para que ofrezca todas las garantías de independencia necesarias", ya que el principal activo de un organismo autónomo, aun más importante que su presupuesto, es sin duda su legitimidad social.

Uno de los momentos trascendentales en los que se define esta legitimidad es justamente el del nombramiento de su titular. Por cierto que refiriéndose a éstos, AI recomienda que sean hombres y mujeres reconocidos por toda la sociedad por su integridad e imparcialidad, "que tomen decisiones sobre las cuestiones que se sometan a su consideración basándose en hechos, de acuerdo con la ley y sin restricciones, influencias indebidas, instigaciones, presiones, amenazas ni intromisiones de ningún sector, o debidas a factores como afiliaciones políticas o fuertes vínculos con el Poder Ejecutivo del Estado".

Fue precisamente por todo esto que en la audiencia con la Comisión de Derechos Humanos del Senado el 6 de octubre pasado, varias de las organizaciones civiles argumentaron, con experiencia en los hechos, que "la vía más efectiva para asegurar la independencia del ombudsman en el momento de su elección es la garantía de que con su designación existirá una representación plural, capaz de cooperar en las tareas de protección y promoción de los derechos humanos"