Sergio Raúl Arroyo, director del INAH, habla del conflicto en Teotihuacán

Al autorizar el Wal-Mart, se soslayó una vertiente ''simbólico-política''

Convergen aspectos extrarqueológicos y extralegales que se deben considerar, explica

Prepara el instituto un proyecto académico para reforzar la protección del patrimonio

ARTURO GARCIA HERNANDEZ

Aunque insiste en que recurrió a todas sus atribuciones legales en el caso del Wal-Mart en Teotihuacán, Sergio Raúl Arroyo, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), admite que hay una vertiente ''simbólico-política" que se soslayó al autorizar la construcción de la tienda en las inmediaciones de la zona arqueológica.

Se trata de una vertiente en la que confluyen aspectos extrarqueológicos y extralegales que deben considerarse dado que impactan el trabajo de protección del patrimonio arqueológico.

Al respecto, el INAH está elaborando para Teotihuacán un proyecto de investigación académica que valore las cuestiones sociales y políticas del conflicto.

De acuerdo con el funcionario -quien se manifiesta en favor de la reubicación del Wal-Mart- se trata de un proyecto que en el corto plazo se dará a conocer y en el que ''tendrán cabida la sociedad civil, las comunidades y las distintas instancias de gobierno relacionadas con la regulación de estas áreas".

Se busca de esa manera ''una cobertura integral a los problemas que se nos presentan en una zona tan importante como Teotihuacán, pero que no es privativo de ese sitio".

Problema antropológico

-¿Por qué esperar a que estallara el problema para echar a andar un proyecto así?

-No. Tiene que ver con que el INAH se ha abocado a lo que es estrictamente el núcleo arqueológico y el programa de protección del patrimonio. Queremos ampliar este trabajo de investigación. No puede ser un trabajo de extensión de cobertura técnica, sino que nos demos cuenta que la convivencia misma con las comunidades nos plantea un problema antropológico.

-Usted ha dicho que el instituto actuó con total apego a la ley, ¿entonces faltó esta visión, considerar estos aspectos extrarqueológicos, estrajurídicos, ser sensible a ellos?

-Creo que sí. Ese es un trabajo que necesita ser cada vez más claro dentro de los procesos normales de la antropología. Independientemente de los problemas que se han suscitado en la zona, tenemos la obligación de responder de algún modo a estos intereses o preocupaciones de la comunidad.

''Es un proceso que no pasa necesariamente por el aspecto técnico y legal, sino que tiene que ver más bien con una vertiente política de los problemas.''

-¿Y simbólica no?

-Y simbólica, por supuesto. Una vertiente simbólico-política de estos procesos que están vinculados con cuestiones políticas, tienen que estar respaldados en un trabajo de investigación pleno. No es el trabajo estrictamente de la zona arqueológica o de la administración de la arqueología, pero la influencia de estos problemas dentro del ámbito de nuestra institución, es constante y es fuerte.''

-Cuando tuvo conocimiento del proyecto de Wal-Mart, ¿no tomó en cuenta todas esas consideraciones?

-Consideramos muchos de estos factores y así lo hicimos saber, no es algo que nos fuera ajeno, pero nos vimos restringidos en las posibilidades legales. Tenemos muy claro que esas opciones se cubrían de manera concreta, pero nos parece que vistas desde esa perspectiva siempre habrá una visión fragmentaria.

-Al respecto, ¿la ley ha sido rebasada, no está a la altura de la complejidad del problema?

-Creo que no tiene que ver esto con la ley federal. Me parece que la ley cumple plenamente su cometido, tiene una visión integral de los problemas relacionados con el patrimonio cultural.

''Donde veo el problema es en las regulaciones, en las normas, que muchas no son directamente emitidas por el instituto, que no son parte de nuestro trabajo.

''Por ejemplo, el plan parcial de desarrollo que es aprobado por el Congreso local no tiene que ver con el INAH de manera directa. El terreno se categoriza para uso de servicios y abasto, entre otras cosas. Desde que se hizo el primer levantamiento de la zona en los años 60, se encontró que ahí no había vestigios importantes, carecía de potencial arqueológico directo. Entonces el plan parcial está regulado por la poligonal que se aprobó y trazó en 1988, pero aquí no están incluidos todos los impactos en el orden social y político de una comunidad.''

Episodio vistoso

-En otras instancias de gobierno relacionadas con el conflicto, ¿no hay la sensibilidad, el conocimiento?, ¿qué está ocurriendo?

-No quiero de ninguna manera afirmar eso. El INAH va a tomar la responsabilidad de hacer una propuesta institucional para algo fundamental: proteger el patrimonio.

-Se tienen que admitir los imperativos económicos de un mundo globalizado, al que representa WalMart. ¿No le preocupa que a raíz de eso surjan conflictos que son más bien de orden simbólico?

-Muchísimo y pienso que por las tendencias del mercado internacional estos episodios se pueden repetir. Debemos aprovisionarnos de mejores elementos para atenderlos, pero la ley no faculta al instituto a cancelar una obra por el sello de una empresa. Esto nos rebasa. Nos es facultad del INAH regular los mercados.

-En cierto sector de la sociedad queda la idea de que el INAH, en este caso como en el del Casino de la Selva, falló. ¿Qué dice al respecto?

-No creo que ésta sea una visión. Tiene que ver con el grado de información de quien piense así. La gente advierte que el INAH ha defendido el patrimonio cultural. Un episodio como éste es muy vistoso y no quisiéramos que se repita. Pero hay otros en los que cancelamos estacionamientos subterráneos, o defensas de orden político como el caso de las piezas que querían sacar del Arzobispado. Son ejemplos en los que el INAH ha defendido el patrimonio cultural. En muchos sentidos ha sido una labor ejemplar.