LA POLITICA ESTORBA
Quienes diseñan y ejecutan la política económica, tanto como quienes la analizan en el mundo académico y en los medios de opinión e información, tienden a concebirla cada vez más como asunto meramente técnico. Más aún y para decirlo con las palabras del profesor Avinash Dixit, de la Universidad de Princeton la consideran un problema de control semejante al que enfrentan los ingenieros al diseñar y ejecutar un proyecto.
Detrás de tal concepción cuya expresión vernácula se manifiesta a plenitud en esta temporada legislativa existe un desdén apenas disimulado hacia la política por los economistas y los tecnócratas (y desde luego sus publicistas). Para ellos la política distorsiona y hasta pervierte los objetivos económicos más nobles, porque perturba y atrofia el buen funcionamiento de los mecanismos que fomentan la inversión, el crecimiento, el empleo y la justa distribución del ingreso.
Su mensaje es simple y podría resumirse en la siguiente frase: la política es el origen de nuestros problemas económicos, pero no forma parte de las soluciones. El corolario de este razonamiento está plasmado en la recomendación básica de una vasta masa de informes y documentos producidos por inteligentes y elegantes consultores nacionales y extranjeros: reconstruir la arquitectura de las instituciones estatales de manera que queden, hasta donde sea posible, "vacunadas" del virus de la política.
Cualquier observador sensato de la vida nacional aun si es menos elegante e inteligente que aquellos consultores estará de acuerdo en que la política es parte del problema de parálisis y estancamiento que padece la economía nacional. Pero inevitablemente la política debe ser parte de la solución. La política es inherente a las instituciones del Estado; está unida a ellas, no se les puede separar (apenas debe aclararse que la política no es lo mismo que la "politiquería").
El sueño de los tecnócratas es que la economía discurra en un universo ajeno a la política y en el que los mercados estén sujetos a regulación propia. En este mundo ideal, la última palabra la tendrían los técnicos encargados de la gestión de las instituciones, cuyo saber los habilitaría como auténticos árbitros neutrales de un proceso objetivo que genera sus propios equilibrios económicos y sociales. Intelectual e ideológicamente es una pretensión similar a la de los científicos del porfirismo, a la de la burocracia de los partidos comunistas en Europa del Este o a la de los economistas que desbancaron del poder a los viejos políticos priístas en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Es una concepción autocomplaciente, autoritaria y excluyente, portadora de altas dosis de desprecio y descalificación para quien no la acepte o comparta.
La economía siempre es política: es economía política y es política económica. Detrás de cada decisión económica se alteran equilibrios y se afectan intereses. En unos casos el mecanismo del mercado soluciona por sí mismo los conflictos resultantes de este hecho. Pero cuando estos conflictos adquieren dimensión social y afectan la vida colectiva, las instituciones es decir, la política deben prever mecanismos compensatorios y de requilibrio. Para que esto ocurra, y sea aceptado por los agentes económicos y sociales, se requiere de un orden institucional democrático, edificado sobre los principios de la participación y la representación. En un orden institucional de ese tipo todo cabe de manera legítima. La misma acción de los tecnócratas se vuelve más productiva, porque se sujeta a una normatividad estricta y precisa y, sobre todo, se lleva a cabo a la luz pública, es decir, deviene transparente. Y lo mejor: es objeto del escrutinio social, debido a la operación efectiva de mecanismos institucionales de rendición de cuentas. En un orden así, no son imaginables espectáculos tan improductivos, inútiles y aburridos como las comparecencias de los secretarios de Estado ante el Poder Legislativo. Se acaban los monólogos paralelos de secretario y legisladores §