El número de emplazamientos y de huelgas estalladas ha disminuido de manera sostenida en los últimos años. La cifra, lejos de revelar satisfacción de las demandas laborales o mejoría en las condiciones de trabajo, muestra la debilidad de la organización sindical. Este es el campo en que se fragua la reforma laboral.
Rebeca Sánchez Fernández
Las viejas prácticas del corporativismo sindical se resisten a desaparecer de la vida laboral de México, pese a los vientos renovadores que supuestamente habría de traer el milenio. Por el contrario, encuentran nuevas formas para mantener sometida a la clase trabajadora, comenta Enrique de la Garza Toledo, director del Instituto de Estudios del Trabajo.
Mientras, sigue estancada la reforma laboral que, según el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Enrique Burgos García, podría posponerse, pues "los siguientes periodos de sesiones en el Congreso tienen el riesgo de ser dominados por la escena político-electoral asociada con la sucesión presidencial".
De la Garza Toledo, quien ha desarrollado trabajos sobre las relaciones laborales en el país, explica que la discusión de alguna de las dos iniciativas existentes para la reforma laboral una de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los partidos PRI-PAN-PVEM, y otra del PRD y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT),depende de que se alcancen los acuerdos políticos necesarios entre partidos y organizaciones sociales.
Advierte que la situación de los trabajadores no cambiará sustancialmente aun con la reforma, debido a que sus intereses quedaron como pieza en disputa en la negociación entre los empresarios, que se ocupan de garantizar la flexibilidad en el manejo de las relaciones laborales en sus empresas y, los líderes sindicales, que buscan mayores formas de protección para seguir con el monopolio del poder en sus organizaciones.
Asegura
que en la elaboración de la iniciativa de la STPS se
concedió a los
empresarios más flexibilidad a cambio de restricciones a los
derechos
de huelga, de contratación colectiva, y de la libertad sindical,
que
fue exigida por los líderes sindicales; "curiosamente ellos
deberían
luchar por lo contrario, pero eso les puede ser peligroso", afirma.
Por su parte, la iniciativa de PRD-UNT corre el riesgo de ser ignorada cuando se tomen las decisiones y empiece el trámite legislativo, comenta.
Precisamente en materia de huelga los informes de las juntas de conciliación y arbitraje recogidos por INEGI, revelan que la clase trabajadora recurre cada vez menos a este instrumento para defenderse.
La STPS indica que mientras que en el año 2000 se registraron 8 mil 282 emplazamientos a huelga, en 2003, esa cifra bajó a 5 mil 909 y hasta agosto de 2004 la cifra es de 2 mil 762. En el año 2000 se concretaron 26 estallamientos de huelga, en 2003 la cifra aumentó a 44 y hasta agosto de 2004 se han registrado 23. Los especialistas aseguran que estas cifras lejos de reflejar la satisfacción de las demandas laborales, revelan que los líderes sindicales están cada vez más comprometidos con los empresarios, ya que antes de llegar a la suspensión de labores suelen acordar a espaldas de sus representados.
De la Garza insiste en que la clase trabajadora sigue siendo sometida a intereses ajenos, paradójicamente mediante sus sindicatos, que se constituyen en parte fundamental del control de los asalariados.
Reflexiona: "algunos pensaban que se iba a modificar esa relación al llegar al gobierno federal un partido diferente al PRI, porque estos sindicatos forman parte de ese partido, pero no sucedió".
La esperanza venía de dos fuentes: una de que el PAN siempre tuvo un discurso anticorporativo explícito, contrario a que los sindicatos pertenecieran a un partido y a que los problemas laborales se trataran como asuntos políticos o a cambio de concesiones particulares, y la otra, que los sindicatos del PRI encontrarían menos ventajas de su pertenencia partidista, señaló.
Pero "la postura panista anticorporativa se adaptó y quedó en un discurso frente a lo que alguien llamaría el principio de realidad, que consiste en lograr la paz laboral recurriendo a los sindicatos corporativos y entrando en acuerdos con ellos en beneficio de las políticas impulsadas por el gobierno", mientras que los sindicatos corporativistas siguen siendo capital político del PRI.
El gobierno de Vicente Fox no tiene interés por desmantelar el aparato corporativo, sostuvo, sino más bien por reutilizarlo, dando concesiones a los líderes sindicales, que deciden entrar en esas relaciones esperando a cambio protecciones, como las que tenían de los gobiernos priístas.
Ultima llamada
Burgos admite que la perspectiva de reforma apunta a no tocar la Constitución, por ahora, y abocarse a la Ley Federal del Trabajo.
Considera que los cambios deben estar dirigidos en tres sentidos: dar certidumbre jurídica al empresario, en aras del aumento de la productividad y la competitividad; mantener los derechos fundamentales del trabajo, y la creación de bases reglamentarias.que establezcan las condiciones de la capacitación laboral como obligación del empresario.
La discusión y aprobación de una reforma laboral de la magnitud que requiere esta sociedad se hace casi impensable si se tiene en cuenta que se pretende modificar al menos 500 de los mil 110 artículos de la Ley Federal del Trabajo y que en la comisión que encabeza Burgos no se tiene siquiera el dictamen correspondiente.
De la Garza considera que tres aspectos no están incluidos las dos propuestas conocidas y en las que valdría la pena reflexionar: 1) revisar el concepto de trabajo; 2) dar espacio de intervención a los consumidores y 3) revisar noción y alcances del término empresa.
Indicó que el concepto de trabajo está restringido por la ley al trabajo asalariado, mientras existe otro tipo de relaciones laborales, como las de los comisionistas, que resultan ambiguas o simuladas, lo que facilita evadir el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Igual ocurre con el concepto de empresa, que permite la subcontratación o terciarización y deja en indefinición los alcances y obligaciones de los patrones con los trabajadores.
Igual ocurre con el concepto de empresa, que permite la subcontratación o terciarización y deja en indefinición los alcances y obligaciones de los patrones con los trabajadores.
En
conclusión, De la Garza considera que el monopolio del
sindicalismo
corporativo en general está más vivo que nunca y, aunque
se creó la UNT
y grupos importantes de trabajadores se desprendieron del
priísta
Congreso del Trabajo, no fue suficiente para alterar las relaciones
laborales a escala nacional y éstas siguen siendo determinadas
esencialmente por los sindicatos corporativos §