"Emplazamos a la SCJN a cumplir su obligación histórica y ordenar la captura del ex presidente"

Cárcel para Echeverría y demás responsables del 68, exigen miles

México corre el riesgo de convertirse en paraíso de genocidas, advertencia de manifestantes

GUSTAVO CASTILLO Y GEORGINA SALDIERNA

La marcha que anualmente se realiza el 2 de octubre para conmemorar la matanza de 1968 en Tlatelolco y exigir justicia y castigo contra los responsables, derivó ayer en la demanda concreta de que se encarcele ya al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, considerado el principal responsable de los hechos.

"Emplazamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que cumpla con su obligación histórica emitiendo las órdenes de aprehensión contra Luis Echeverría y demás criminales", fue la demanda que realizó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas y que se escuchó en el Zócalo capitalino, tras una movilización que reunió a miles de jóvenes, trabajadores e integrantes de organizaciones sociales.

Esa manifestación provocó uno de las mayores operativos de seguridad que se hayan visto en la ciudad de México. Más de 8 mil elementos policiacos, incluso vestidos de civil, resguardaron edificios públicos y comercios, para impedir que se repitieran los hechos violentos del año pasado.

La marcha inició en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y recorrió las calles del centro capitalino sin que se presentaran mayores incidentes. Sólo al final, cuando los contingentes ya habían llegado a la plancha del Zócalo se registraron dos hechos de violencia y varias denuncias de jóvenes detenidos por su aspecto o por ser sospechosos de portar explosivos.

Al frente de la marcha caminaron Raúl Alvarez Garín, Raúl Jardón, Jesús Martín del Campo, Enrique Avila, Fausto Trejo y Eduardo Cervantes, entre otros ex integrantes del movimiento estudiantil del 68. Tras ellos, miles de jóvenes que portaban enormes mantas pidiendo alto a la impunidad, coreando que el 2 de octubre "no se olvida" y que México no debe ser refugio de genocidas.

"Los crímenes de lesa humanidad no se olvidan. Tlatelolco", rezaba una gran cartulina, mientras otras pedían cárcel para Echeverría. Unas cuantas más hacían referencia a problemas concretos de los contingentes en marcha. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo rechazaron diversas reformas al sistema de enseñanza agrícola.

Tras guardar un minuto de silencio en memoria de los jóvenes asesinados en Tlatelolco hace 36 años, David Roura, del Comité 68, dio a conocer el pronunciamiento oficial de los ex integrantes del movimiento estudiantil.

En el documento demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplir con su obligación histórica emitiendo las ordenes de aprehensión contra Luis Echeverría y demás criminales, para que México no sea "refugio de genocidas".

La Suprema Corte actual tiene la obligación histórica de diferenciarse de aquellas cortes cómplices de la impunidad en la historia reciente del país. De no ser así, la credibilidad y la gobernabilidad se verán amenazadas, ya que la sociedad en su conjunto exige el castigo de los culpables del genocidio del 2 de octubre del 68, del 10 de junio del 71 y de los cientos de desaparecidos durante la guerra sucia.

Si México, advirtieron, no asume sus responsabilidades y considera que el delito de genocidio ha prescrito, aparecerá en el ámbito internacional como un refugio seguro para genocidas como Pinochet, Videla, Kissinger, Fujimori y otros.

Estamos en un punto en la historia del país en el que no se puede seguir ignorando el reclamo puntual de las madres del Comité Eureka. No se puede admitir jurídica y moralmente que los casos de El Charco, El Bosque, Acteal o Aguas Blancas queden impunes o en castigos a funcionarios menores, destacaron.

En la respuesta que den los órganos de justicia a todos estos casos de impunidad estará la suerte de la democracia de este país, puntualizaron.

Previamente consideraron que "la vida política nacional se desenvuelve en un extraño ambiente de procesos judiciales oscuros e inconclusos, que están marcados por una política vacilante y parcial, que pone en entredicho la vigencia de la legalidad y el estado de derecho. Perspectiva que es extremadamente grave".

Dijeron que es ampliamente reconocido que el presidencialismo y la figura de Vicente Fox están en crisis y severamente cuestionados. Lo mismo sucede con los legisladores en lo personal y las cámaras como colectivos. Si a esto se añade una crisis en el sistema de justicia del país, simplemente no quedaría ninguna referencia política a la que se le pudiera conceder un mínimo de legitimidad. Por tal razón, el Comité del 68 considera que es su obligación hacer todo lo posible por evitar una perspectiva caótica que daría pie a soluciones de violencia.

Asimismo, refirieron que es preocupante registrar rasgos que apuntan a la impunidad en casos judiciales como Amigos de Fox, Pemexgate, Fobaproa y a la injusticia en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, además de aquellos que tienen un carácter histórico, como las matanzas del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, y las desapariciones y asesinatos cometidos durante la llamada guerra sucia.

De acuerdo con los integrantes del Comité 68, todos estos procesos judiciales no se han llevado a cabo con pulcritud y transparencia. Las soluciones oscuras e incomprensibles que se han dado no satisfacen a nadie. Aunque no lo fueran, parecen marrullerías y chicanadas.

Frente a esta situación advirtieron que existe "el riesgo de caer en un descrédito absoluto y de verdadero colapso en el sistema de justicia del país, porque desde muy diversos espacios de poder se actúa con parcialidad, ilegalmente, con prepotencia y arrogancia, para obstruir e impedir la acción de la justicia".

Refirieron que en los casos que han sido canalizados a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, "el problema no es que los acusados y sus defensores recurran a marrullerías y falsedades, el problema es que desde el Poder Ejecutivo, por medio de la PGR y también desde el Poder Judicial, se brindan a los acusados espacios y facilidades para evadir la acción de la justicia".

Ante los manifestantes negaron que los archivos oficiales de la matanza de Tlatelolco, 10 de junio y la guerra sucia se hayan abierto totalmente, en particular los de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sumado a ello, subrayaron que no se han proporcionado los datos que puntualmente se han requerido a la Secretaría de Gobernación.

Sobre la matanza del jueves de Corpus, advirtieron que si la SCJN no atrae la acusación penal y determina que los ilícitos cometidos no prescribieron, dejará la decisión en manos "de un tribunal de menor jerarquía que puede prestarse a encubrir una acción ilegal bajo diversos detalles propios del proceso judicial, y entonces podríamos considerar que su proceder es una muestra de que está cediendo ante presiones, resistencias y demás medidas políticas oficiales de obstrucción a los juicios".

Por ello, "la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación, primero, de atraer el caso y asumir con toda responsabilidad la decisión que corresponda. Exigimos una resolución que sea consecuente con las leyes y tratados internacionales firmados por México", concluyeron.

La SSP desplegó 8 mil agentes de seguridad; muchos vestían de civil

Sólo incidentes menores durante la marcha; 11 detenidos y 4 lesionados

Grupos de estudiantes también realizaron acciones de seguridad y resguardaron edificios y negocios que fueron agredidos durante las manifestaciones del año pasado

GUSTAVO CASTILLO, GEORGINA SALDIERNA Y AGUSTIN SALGADO

Once detenidos y cuatro lesionados fue el saldo de los incidentes que ocurrieron en torno a la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968, a pesar de los 8 mil elementos que desplazó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP). Muchos agentes cumplieron sus funciones vestidos de civil.

Pese a estos reportes, durante el desarrollo de la marcha, desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo, no hubo incidentes graves, enfrentamientos entre supuestos estudiantes ni destrucción de algún objeto o comercio.

Los contingentes no sólo fueron vigilados por los miles de elementos policiacos, sino también por grupos de estudiantes que se encargaron de realizar vallas en los sitios donde el año pasado hubo incidentes, como fue el caso de la Torre del Caballito.

El subsecretario de la SSP, Gabriel Regino, negó que hubiera enviado a policías vestidos de civil, y aseguró que sólo comisionó a 110 "empleados administrativos" para realizar funciones de "indicadores" (personas que se encargan de comunicar al centro de mando cualquier incidente) sin embargo, centenares de elementos vistieron camisetas de color blanco y vigilaron la movilización desde la misma Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hasta la Plaza de la Constitución.

Según el subsecretario, el accionar del personal de la SSP fue legal, aunque realizaron detenciones sin portar uniforme, como ocurrió en pleno Zócalo con el fotógrafo del diario La Prensa, Jaime Llera.

Los elementos de la SSP se apostaron a lo largo de las aceras de Manuel González, Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Madero.

Hicieron una segunda fila detrás de los policías que sí vestían uniforme y en algunos casos se dedicaron a fotografiar o filmar a los manifestantes a bordo de motocicletas sin placas.

El operativo no sólo abarcó las zonas cercanas a la Plaza de las Tres Culturas, también se instaló vigilancia en las inmediaciones del Casco de Santo Tomás y así fue como se logró detener, cerca de las tres y media de la tarde, a tres jóvenes que portaban petardos, latas de pintura y thínner en el cruce de Saturno y Flores Magón, en la colonia Guerrero.

En esta acción fue aprehendido Alejandro Caballero González, de 21 años, quien tenía en su poder 8 petardos y fue puesto a disposición de la quinta agencia bis del Ministerio Público; en tanto que Daniel Trejo Hernández, de 18 años, fue remitido al juez cívico de la séptima agencia. El tercer sujeto no fue identificado.

Los incidentes en los que hubo el mayor número de detenidos y lesionados ocurrieron después de las seis de la tarde, cuando la mayor parte de los contingentes ya habían ingresado a la plaza y comenzaba el mitin político.

La gresca se debió a que la SSP no puso policías a vigilar las zonas aledañas al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Supuestamente el agrupamiento Corredor Alameda, bajo las órdenes del primer superintendente José Barrón, fue destinado a vigilar la calle de Seminario, pero sin explicación abandonaron el punto y se concentraron en la calle de 5 de Febrero.

Esa situación fue aprovechada por un grupo de jóvenes -en su mayoría vestidos de negro y con el cabello pintado- para despojar de mercancía a cientos de comerciantes semifijos que a diario se colocan en la calle Seminario.

De inmediato los vendedores se defendieron y se armó la gresca, lo que obligó a que policías vestidos de civil y uniformados intervinieran para detener el enfrentamiento, situación en la cual fue detenido el fotógrafo Jaime Llera por dos elementos de la SSP que laboraban sin uniforme.

Llera fue obligado a subir a una ambulancia de la Cruz Roja porque supuestamente estaba lesionado. Minutos después fue liberado en la calle de Palma.

Tras la riña, el subsecretario Gabriel Regino dijo lamentar el incidente, que sucedió al finalizar la marcha.

Respecto a los policías vestidos de civil indicó que los "indicadores" son legales, porque "es personal administrativo y, según dijo, utilizó a "80 elementos del sexo masculino y del grupo femenil 30". Sin embargo, desde la calle de Iturbide y hasta la calle de López se colocó una larga valla de mujeres policías sin uniforme.

Exigieron justicia y defendieron la educación pública

Caminatas para recordar el 68 en varias entidades del país

JESUS SAAVEDRA, ELIO HENRIQUEZ, JAVIER CHAVEZ, DAVID SOSA Y MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSALES Y ENVIADO

Cerca de mil personas, entre estudiantes y miembros de organizaciones sociales de Guerrero, marcharon este sábado por las principales calles de Chilpancingo para recordar la matanza de Tlatelolco en 1968, donde perecieron cientos de jóvenes.

En Cancún, Quintana Roo, y San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al menos doscientos estudiantes recordaron los hechos del 2 de octubre. Mientras, unos 2 mil maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Pinotepa Nacional, Oaxaca, marcharon para exigir la derogación de las reformas a la ley de jubilaciones y pensiones, además de recordar los sucesos del 68.

El contingente de Guerrero, compuesto por cerca de mil personas, marchó de la carretera México-Chilpancingo hasta el zócalo Primer Congreso de Anáhuac; ahí, Genaro Robles Jaimes y Sergio Moctezuma Alonso, integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria de Guerrero (FEUG), manifestaron la solidaridad de la organización con los cientos de jóvenes y padres de familia que se encontraban en ese entonces en la Plaza de las Tres Culturas y que fueron atacados por militares y elementos policiacos.

Asimismo gritaron consignas en contra de la privatización de la educación y respaldaron el apoyo a los más de 700 normalistas que se oponen a presentar un examen de oposición para la obtención de una plaza de trabajo.

Medio centenar de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas y de las normales Rural Mactumactza e Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, durante su manifestación, gritaron consignas en contra de los gobierno federal y de Pablo Salazar Mendiguchía. Los jóvenes recorrieron varias calles y avenidas desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales hasta el centro de la ciudad, donde durante 15 minutos bloquearon dos de las principales arterias, provocando un caos vial. Asimismo demandaron educación pública y gratuita.

Cerca de 100 personas recordaron los sucesos del 2 de octubre con un recorrido por las calles de Cancún, Quintana Roo. Con una enorme manta con la efigie del Che Guevara y una paloma atravesada por una espada, como símbolo de la ruptura de la paz, la caravana concluyó en la Plaza de la Reforma, a un costado de la estatua de Benito Juárez, donde los jóvenes criticaron a los gobiernos represores de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría y compararon a Vicente Fox con los priístas por su autoritarismo.

Unos 2 mil maestros de la sección 22 del SNTE de la región de la costa, en Oaxaca, marcharon en Pinotepa Nacional para exigir la derogación de las reformas a la ley de jubilaciones y pensiones, también recordaron los sucesos del 2 de octubre.

La manifestación concluyó con un mitin en el zócalo de esa ciudad, los oradores rechazaron las reformas neoliberales del gobierno de Vicente Fox y la propuesta del régimen de pensiones y recordaron la matanza de estudiantes.

Díaz Ordaz y él contaron con el apoyo estadunidense, confirman documentos

El velo sobre el 2 de octubre allanó a Echeverría la ruta a Los Pinos

BLANCHE PETRICH /II

Gustavo Díaz Ordaz murió en 1979, a los 68 años, sin que la justicia lo llamara a responder por la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Toda la clase política y la prensa de la época -con escasas excepciones- contribuyeron a ocultar información, desviar toda pretensión de esclarecer los hechos y distorsionar la realidad. Además el régimen implantó la impunidad mediante la represión sostenida que marcó los sexenios posteriores: arrestos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, amenazas...

Para asegurar el silencio, el presidente y su sucesor ya asignado, Luis Echeverría, contaron con un poderoso aliado: Estados Unidos. Curiosamente todas las agencias gubernamentales que Washington desplegó en la ciudad de México para reportar sobre la crisis (CIA, Departamento de Inteligencia Militar, FBI, Oficina de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado) desde 1968 se plegaron en sus despachos posteriores al 2 de octubre a la versión oficial de la masacre, señalando a los estudiantes como los provocadores de la balacera.

A pesar de que en sus despachos se citan "fuentes confiables" e "informantes entrenados" en la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre, ninguno de los documentos desclasificados de los Archivos de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluye esas versiones. El apoyo de las oficinas de seguridad al gobierno mexicano fue unánime.

El ocultamiento de la verdad fue, a la larga, un importante capital político para Echeverría, quien no sólo gobernó los seis años siguientes sin ser señalado como responsable de la matanza de Tlatelolco y las que le siguieron, sino que transcurrieron 23 años más, desde 1976, cuando dejó la Presidencia, hasta que finalmente una demanda penal por la masacre llegó a un Ministerio Público.

Hoy Echeverría tiene 82 años. Fue denunciado por el Comité 68 ante la Procuraduría General de la República en 1998. El Ministerio Público resolvió su prescripción. Ante un amparo de los denunciantes, la Suprema Corte ordenó investigar. En 2002 el caso pasó a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que en julio de este año lo consignó ante un juez. Aun así, hasta esta fecha, Echeverría elude la acción de la justicia.

Matanza y sucesión presidencial

El ocultamiento de la verdad en los días posteriores al 2 de octubre sirvió, sobre todo, para eliminar de la carrera por la sucesión presidencial de 1970 a los rivales de Echeverría.

"Antes de Tlatelolco, Díaz Ordaz tenía tres cartas para la sucesión: Alfonso Corona del Rosal (entonces regente de la ciudad), Emilio Martínez Manautou (secretario de la Presidencia) y Echeverría. Después de la masacre sólo quedaba este último", afirma en entrevista la investigadora de El Colegio de México Soledad Loaeza, colaboradora de La Jornada y autora de un libro en preparación sobre el sexenio 1964-1970. "Aunque su secretario de Gobernación no le resolvió la crisis, sino que la agravó, se había generado en México una situación tan crispada que el presidente pensó que era indispensable la continuidad de una política de control".

Loaeza pone énfasis en la atmósfera "opresiva, de tensión extrema" que dominó al país tras el 2 de octubre. En ese contexto, Díaz Ordaz "ponderó la experiencia y el temple de Echeverría. Lo vio como el único garante de la estabilidad. Le faltó visión de futuro. Porque lo que vino después fue peor".

Textos clave, todavía bajo llave

Para la investigadora Kate Doyle, colaboradora del semanario Proceso y directora del proyecto México del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, resulta "impactante" conocer el operativo de encubrimiento que se disparó tan pronto se dispersó el humo de la balacera. "En las horas y días posteriores al derramamiento de sangre -escribe Doyle en su trabajo La masacre de Tlatelolco- las agencias que operaban en México aceptaron la línea dictada por el gobierno en el sentido de que estudiantes ubicados como francotiradores provocaron la matanza".

No fue sino hasta el 18 de octubre cuando un agregado militar de la embajada describe: "Hubo desorganización considerable entre los militares presentes (...) y se abrió fuego de manera indiscriminada contra los edificios de departamentos (que rodeaban la plaza). Los soldados dispararon salvajemente en lugar de intentar ubicar con exactitud el origen del fuego de los francotiradores". Este es uno de los pocos resquicios que contradijeron en esos momentos la versión oficial en un cúmulo de 89 telegramas y cables secretos que fluyeron de distintas fuentes a Washington.

Doyle insiste desde octubre del año pasado en que, a pesar de que se ha logrado la desclasificación de docenas de documentos sobre la masacre de los archivos secretos de la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, la FBI y la Casa Blanca, quedan reportes clave que todavía son inaccesibles para la opinión pública. Enumera materiales que considera de vital importancia:

* Un documento de la Casa Blanca fechado el 4 de octubre que contiene un análisis basado en información confidencial de inteligencia.

* Un reporte también del 4 de octubre de la FBI que es citado por el Departamento de Estado y en el cual funcionarios de la primera atribuyen el estallido de la balacera a una confusión entre militares y agentes de seguridad.

* Ningún documento del agregado legal de la embajada, que fungió como representante de la FBI en México, ha sido desclasificado hasta ahora.

* El 1º de noviembre el director de la Oficina de Asuntos Mexicanos del Departamento de Estado, Maxwell Chaplin, escribió una carta al consejero de la embajada, Henry Dearborn, en la cual le expresa "el intenso interés de la comunidad de inteligencia" en Washington por conocer un documento de la CIA que también sigue clasificado como ultrasecreto. Se trata de un memorándum de contenido "pesimista y controversial" sobre las implicaciones de los desórdenes estudiantiles en la estabilidad mexicana.

* Un informe especial secreto de la CIA, con fecha 17 de enero de 1969, que contiene pasajes sobre los hechos de Tlatelolco y los desafíos del sistema de partido único de México. La mayor parte del documento fue censurada antes de la desclasificación. El grueso del documento sigue bajo secreto.

* Ninguno de los documentos hasta ahora conocidos contiene de manera detallada los reportes de los agentes estadunidenses sobre los francotiradores que dispararon desde los edificios de Tlatelolco sobre los manifestantes. En particular deben existir informes y análisis de la agregaduría militar estadunidense sobre el tema. No se conocen.

Espías confusos

Además de sumarse a la conspiración del silencio, los agentes estadunidenses incurrieron en sus versiones sobre la crisis del 68 en contradicciones flagrantes. Unos, como la CIA, reportan escenarios alarmistas sobre el riesgo comunista. Otros, como los de la embajada, intentan calmar los ánimos y resultan criticados por sus jefes. Con todo, la lectura de estos expedientes ofrece una visión única sobre la forma en que los estadunidenses de la época percibían a los mexicanos.

En la víspera del 2 de octubre, la CIA adelanta que "cualquier cosa puede suceder" antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y que una ruptura del curso normal de los eventos debe ser atribuida a "radicales y extremistas". Al día siguiente, al informar sobre los sucesos de Tlatelolco, repite literalmente la versión oficial de que la balacera se desencadenó como respuesta a una "provocación premeditada de los estudiantes".

Copiosos reportes de la CIA aún tienen grandes pasajes censurados, pero en ellos, a diferencia de los informes de la embajada, se pone en duda la capacidad de control del gobierno mexicano. En alguno llaman "inepto" a Díaz Ordaz.

La Agencia de Inteligencia Militar, curiosamente, toma distancia de la versión del régimen. "Lo que sucedió quizá nunca lo sepamos", dice en su reporte del 18 de octubre.

El Departamento de Estado expresa que los sucesos representan "un duro golpe a Díaz Ordaz y su gobierno, tanto por el uso excesivo de fuerza como porque subraya el fracaso del gobierno mexicano de eliminar la violencia", según señala Corey Oliver, subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado. "Sin embargo consideramos que es importante evitar demostrar falta de confianza en la capacidad del gobierno mexicano de manejar la situación."

Encabeza ceremonia en recuerdo de las víctimas de la matanza de Tlatelolco

Advierte López Obrador: faltan condiciones para castigar a los responsables del 68

El Ejército no puede suplir incapacidades de políticos, ni debe ser usado contra la sociedad, dice

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Al margen de quién sea responsable por la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en lo que no hay duda es de que se trató de un crimen de Estado ordenado por las más altas autoridades, señaló el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó ayer una ceremonia de duelo por las víctimas del movimiento estudiantil en la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

"Ojalá y se castigue a los responsables", expresó el mandatario capitalino en su conferencia de prensa matutina, pero advirtió que no hay condiciones para que esto pueda ocurrir.

Consideró que los hechos ocurridos hace 36 años no deben caer en el olvido, porque abrieron la puerta al proceso de democratización del país.

"No fue en vano el sacrificio de muchos jóvenes estudiantes que estaban exigiendo una apertura, un cambio, por eso no debemos olvidar esa fecha. México -apuntó- comenzó a cambiar a partir del 68."

Más tarde, poco antes de las 8 de la mañana, el mandatario capitalino y algunos de sus colaboradores subieron a la azotea del Antiguo Palacio del Ayuntamiento donde izó la bandera a media asta en señal de duelo por los desaparecidos del movimiento estudiantil, mientras la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública interpretaba el toque de bandera, acto que tuvo como fondo el asta monumental del Zócalo con el lábaro tricolor desplegado en todo lo alto.

Después de entonar el Himno Nacional, la banda de la Secretaría de Seguridad Pública tocó la marcha del silencio y el jefe de Gobierno regresó a su oficina.

Antes, en el marco de su conferencia matutina, López Obrador señaló que nunca más el Ejército debe ser utilizado para reprimir la inconformidad social.

Las fuerzas armadas, dijo, surgieron del pueblo y tienen como función la defensa de la soberanía y la protección de los mexicanos.

"No puede el Ejército ocuparse de asuntos que competen al gobierno civil y mucho menos suplir las incapacidades de los políticos".

Reclaman resultados

Incumple el gobierno promesa de hacer justicia, afirma ONG

ALMA E. MUÑOZ

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, descartó que el actual gobierno cumpla con su promesa de castigar a los culpables de la masacre del 68.

"El presidente Vicente Fox piensa que con haber creado la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) cumplió, cuando en realidad ni el Estado ni el Poder Judicial están comprometidos con las investigaciones al respecto", aseguró Cortez.

A tres años de haber sido creada, la fiscalía -consideró el sacerdote jesuita y directivo del organismo- "tendría que mostrarnos resultados tangibles y concretos, pero creo que sus propias limitaciones demuestran la falta de compromiso del gobierno para lograr justicia, a través del esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño y la determinación de castigo para los culpables".

Las agrupaciones de derechos humanos, declaró el sacerdote jesuita, esperamos del presidente Vicente Fox Quesada, en sus dos años restantes como titular del Ejecutivo, "un nuevo esfuerzo", aunque "así como van las cosas" seguramente este caso trascenderá al si-guiente sexenio.

Por ello, agregó el activista de los derechos humanos, la responsabilidad de familiares y defensores será mantener la exigencia de justicia. "Guardando las debidas proporciones, debemos ver que los movimientos chileno y argentino han perseverado durante décadas. Siguen peleando. Esto nos muestra que nos queda un largo camino pero no hay que desistir".

UNIDAD Y DESENCUENTROS EN LA MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE

El contingente en Paseo de la Reforma FOTO JOSE CARLO GONZALEZ

Enfrentamientos con comerciantes FOTO JOSE CARLO GONZALEZ

Protesta en el Zócalo FOTO MARIA LUISA SEVERIANO

Luchadoras incansables FOTO MARIA LUISA SEVERIANO

Estragos de la violencia FOTO YAZMIN ORTEGA