Laura Alicia Garza Galindo

Para rescatar la memoria y evitar el olvido

En verdad dudo que algún mexicano haya permanecido indiferente ante la inmensidad de la catástrofe sufrida por los habitantes de la ciudad de México, nuestra entrañable gran capital, el 19 y 20 de septiembre de 1985, cuando ocurrieron los más destructivos fenómenos sísmicos que en la etapa contemporánea ha sufrido el país y que devastaran amplias zonas del Distrito Federal. Rendimos siempre memoria a los muertos y, hoy como entonces, nos solidarizamos con quienes perdieron a familiares, patrimonio y lugares de trabajo. Coincido con la mayor parte del respetable editorial publicado por La Jornada en este el vigésimo aniversario de la tragedia. Quienes se sumaron al rescate de víctimas y sobrevivientes, seguro lo hicieron sin interponer su militancia partidista. Muchos de quienes vivimos en provincia seguimos la tragedia mediante las sensibles narraciones que en La Jornada publicó doña Elena Poniatowska. Y el destino a algunos nos distinguió y, a los siete meses, fui invitada a participar en la reconstrucción de la ciudad.

La reconstrucción se inició de inmediato: se identificaron los inmuebles de rentas congeladas, destruidos o dañados y se levantaron los censos de sus inquilinos. Se expropiaron por causa de utilidad pública cerca de 5 mil 500 predios, concentrados principalmente en tres delegaciones: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Sin embargo, 2 mil 500 dueños de esos predios se ampararon y, por problemas del decreto expropiatorio, los ganaron. Obvio, en esos predios perdidos fue imposible reconstruir o rehabilitar las viviendas dañadas.

Menos de un mes después de la tragedia, el 14 de octubre, se constituyó el organismo descentralizado Renovación Habitacional Popular, mismo que desapareció al concluir la reconstrucción y se normó bajo la conducción del Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que conducían Ramón Aguirre Velázquez y Manuel Camacho Solís. La encomienda era construir, en los 3 mil predios expropiados, cerca de 50 mil viviendas. El equipo originalmente designado para ejecutar el programa fue sustituido por uno nuevo el 1Ɔ de abril de 1986. Fue determinante para el éxito del programa la incorporación de dos profesionales de excepción: el director general del organismo, el maestro Manuel Aguilera Gómez, y el director de construcción, ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, ambos con la visión de largo alcance y la creatividad que requería un proyecto de tal envergadura. El resto, fuimos un ejército de mexicanos que, en la etapa de mayor intensidad del proyecto, alcanzamos la cifra de 175 mil personas. Se trabajó noche y día. Y en la medida que se concluían las etapas establecidas, se liquidaba al personal. En 23 meses se concluyó el proceso. Quienes tuvimos la fortuna de participar en aquel esfuerzo quedamos marcados para siempre, con lo mejor de nuestras historias profesionales.

El primer paso fue ganar la confianza de los afectados, para que salieran de sus casas y así poder reconstruir o rehabilitar sus viviendas. En efecto, los grupos políticos emergentes del proceso social y los partidos políticos que enarbolaran los intereses de los damnificados se concentraron en la zona. Fue preciso firmar un Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción entre todas las fuerzas, que ascendieron a 93 organizaciones, para establecer las reglas del juego y lograr que todos sin excepción nos sujetáramos a ellas. Y funcionó. Se formaron 13 zonas de construcción y otras tantas de negociación social. En el momento más arduo del trabajo, hubo casi 105 mil personas viviendo en campamentos, cerca de sus predios en reconstrucción, y otras 95 mil personas se alojaron con familiares, recibiendo un apoyo para renta, innovación diseñada por Noemí Stolarsky.

Lo más importante fue la gente. Las mujeres sobre todo -los maridos se iban a trabajar-; ellas decidieron desde el prototipo de su vivienda -de los que se diseñaron ocho, con viviendas de 42 metros cuadrados- hasta el color de sus casas. En cada predio se formó un consejo de renovación vecinal, responsable de validar las decisiones sobre la construcción respectiva. Y fueron ellas, quienes vigilaron la construcción de sus casas, desde la cimentación hasta la entrega de los predios. De ahí nace el concepto de contraloría social, mecanismo hoy generalizado en el país, en la atención de desastres.

El programa costó 424 millones de pesos, de los que 53 por ciento -227 millones- provinieron de un préstamo del Banco Mundial. Los créditos de las nuevas casas ascendían desde 2.8 millones de pesos, hasta 1.1 millones en rehabilitación; y en ocho años se recobró el 100 por ciento de cada crédito. Junto al INAH, se rehabilitaron cerca de 350 edificios históricos con los procedimientos de origen. Redensifícamos los predios: es decir, que se redistribuyó la población de manera tal que en cada predio no existieran más de 30 viviendas, evitando así el hacinamiento en el que muchos vivían.

Lo usual es que las viviendas se saquen de las manchas urbanas. Lo inusual fue que la reconstrucción se desarrolló en la misma zona devastada. Nos otorgaron más de ocho premios internacionales. Quienes participamos en ese inmenso programa pertenecemos al PRI y estamos seguros de continuar presentes en la vida y memoria de nuestros amigos, sus beneficiarios.