Castigo a la Inmobiliaria Vista del Lago, piden al Consejo de la Judicatura

Resolver controversia jurídica, exigen ejidatarios de San Juan Atezcapan

Detrás de la disputa por cinco predios está el "multimillonario" Jusidman Gorin, acusan

MATILDE PEREZ

Cerca de un centenar de ejidatarios de San Juan Atezcapan, municipio de Valle de Bra-vo, pidieron a los magistrados del Consejo de la Judicatura resolver lo antes posible la controversia jurídica que desde 1997 sostienen con la Inmobiliaria Vista del Lago, la cual, según los campesinos, se posesionó ilegalmente de 52.5 hectáreas de cinco predios colindantes con el vaso de Valle de Bravo y con terrenos de la inmobiliaria Izar.

Tras permanecer tres horas en las instalaciones del consejo, los ejidatarios se trasladaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exigir la intervención inmediata de su presidente y que "se haga justicia".

Agregaron que desde el inicio de la discusión con la Inmobiliaria Vista del Lago -a la que en cuatro ocasiones tanto tribunales agrarios como administrativos le han negado el amparo- no se han tomado en cuenta los argumentos de los campesinos, a quienes por resolución presidencial del 22 de enero de 1982 se les otorgó la superficie en disputa.

Al Consejo de la Judicatura llegaron des-de temprano los ejidatarios a bordo de cuatro autobuses y vehículos particulares, extendiendo mantas y gritando "šqueremos justicia! Exigimos que este tribunal colegiado actúe con imparcialidad y no se venda al mejor postor". Disgustados los campesinos, se introdujeron por la fuerza al Consejo de la Judicatura, y a su paso rompieron algunas macetas y exigieron entrevistarse con el magistrado ponente, José Alejandro Luna Ramos, quien debe decidir el destino de esas tierras localizadas en una de las regiones de mayor atractivo turístico de la región, y las cuales, extraoficialmente, se cotizan entre 300 y 400 dólares el metro cuadrado.

La disputa entre la Inmobiliaria Vista del Lago y los ejidatarios tuvo su primer choque en julio de 1999, luego que aquella interpuso un amparo (719/99) contra la resolución presidencial; por no avalar debidamente la propiedad, Vista del Lago perdió el am-paro. Sin embargo, recurrió a la revisión del mismo en 2000 (42/2000) ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en el estado de México, y nuevamente en 2001 le fue negado.

No conforme con la respuesta, la inmobiliaria acudió al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, en el estado de México, en donde interpuso juicio (568/2000) contra el ejido San Juan Atezcapan y la Secretaría de la Reforma Agraria; al primero lo demandó por límites, y a la segunda la restitución de diversas superficies y la nulidad del plano proyecto y el plano definitivo (documentos que avalan la propiedad de la tierra a los ejidos).

El Tribunal Unitario Agrario declaró im-procedente la acción promovida por la inmobiliaria, por lo cual ésta acudió de nuevo al Tribunal Superior Agrario (TSA), para inconformarse por la sentencia.

En dicha instancia interpuso el juicio de amparo 480/2002 y, por primera vez después de años de disputa jurídica, obtuvo la protección de la autoridad agraria. El TSA resolvió revocar la sentencia del Tribunal Unitario Agrario y pidió a éste designar un perito tercero en discordia en materia de topografía para que realizara un dictamen pericial.

El 7 de noviembre de 2003 el TSA declaró improcedente el juicio interpuesto por la inmobiliaria, ya que no acreditó ser propietaria de los predios Cerro de San Juan, La Vuelta, El Arenal, Plan del Moral y El Carrizal, los cuales suman 52.5 hectáreas.

Una vez más, este año la inmobiliaria interpuso en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la ciudad de Mé-xico el recurso 204/2004, cuya resolución está pendiente, y es por lo que exigen los campesinos una acción justa y apegada a la legalidad de los magistrados.

Acompañados por el asesor jurídico Juan Manuel Ortiz Ang, los campesinos expusieron que detrás de esta larga discusión por los terrenos está el "multimillonario" Daniel Ju-sidman Gorin, representante legal de la in-mobiliaria. Sin embargo, los enredos por di-cha tierras comenzaron desde la década de los años 50, poco antes de que se llenara el vaso de la presa de Valle de Bravo.

Según narraron los ejidatarios, grandes superficies de esa región eran propiedad de Nacional Financiera, que era socia mayoritaria de Propulsora de Valle de Bravo, que en febrero de 1959 obtuvo un crédito por 600 mil pesos para iniciar actividades. La propulsora vendió 1068 hectáreas en noviembre de 1960, pero perdió varios de los predios de la superficie original por el llenado de la pre-sa, por los cuales cobró indemnización a la Comisión Federal de Electricidad.

Pero no conforme con ello la propulsora simuló una aportación de tierras, por ello hoy la Inmobiliaria Vista del Lago exige co-mo propias 31 hectáreas del predio El Carrizal, 15.5 de La Vuelta, 18.8 de Plan del Moral y 77 de Cerro de San Juan.

Posteriormente, en la resolución presidencial de 1982 se establece que Nacional Financiera obtuvo dicho predios pero que en el caso el denominado Rincón o Rancho de Calderones se dividió en tres acciones, afectadas por la resolución presidencial.

La superficie de los predios, consta en los documentos entregados a las autoridades judiciales por los campesinos, fueron adquiridas por la Inmobiliaria Valle Grande y ésta cedió los derechos a Inmobiliaria Vista del Lago, pero la venta se realizó 28 años después de su constitución como sociedad, y no existía co-mo empresa cuando se emitió la resolución.