Habría sido pactada el 6 de abril entre el Presidente, Creel, Macedo, Herrera y Azuela

Denuncia López Obrador acción concertada para su desafuero

Insiste en que la PGR retire la denuncia Se presentó una superficie falsa de El Encino, dice

BERTHA TERESA RAMIREZ Y LAURA GOMEZ

Tras señalar que el juicio de procedencia que se ha abierto en su contra está ''plagado de irregularidades'', el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo mejor sería que la Procuraduría General de la República (PGR) rectifique y retire la denuncia por el caso El Encino.

Durante su conferencia de prensa matutina señaló que sin duda en el proceso de desafuero que se le sigue hay consigna y por ello, con las prisas, la parte acusadora presentó una escritura amparando una superficie que no corresponde a la del terreno. ''Imagínense que el denunciante va y acredita la propiedad con una escritura de 86 mil metros cuadrados, cuando en realidad es de 83 mil'', indicó el mandatario capitalino, quien agregó que tras detectarse esta irregularidad -que se encuentra asentada en el expediente- el Ministerio Público debió realizar peritajes con ese propósito, pero no se hicieron.

ƑQuién pidió apoyo a quién?

Sobre la reunión que tuvo lugar el pasado 6 de abril entre el presidente Vicente Fox y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, dijo que no hay duda de que ese encuentro se llevó a cabo y consideró que en él pudo haberse decidido una acción concertada para que procediera el juicio de desafuero en su contra.

Insistió en que es necesario que quienes asistieron a esta reunión aclaren ''quién le pidió apoyo a quién'', porque cuando menos cuatro personas que participaron son abogados: el secretario de Gobernación, Santiago Creel; la consejera jurídica, María Teresa Herrera; el procurador general de la República, Rafael Macedo, y el presidente de la SCJN, Mariano Azuela. El único de los participantes en ese encuentro que no es abogado es el Presidente de la República, dijo López Obrador, quien apuntó que el argumento que se manejó ahí por una de las partes, ''de que no había de otra, no tiene fundamento jurídico''.

En ese sentido abundó que entre abogados, e incluso entre estudiantes y pasantes de derecho, se sabe que el Ministerio Público es el que tiene la última palabra y que puede solicitar el no ejercicio de la acción penal, como se ha hecho en casos similares, precisó.

El mandatario capitalino instó a los cuatro abogados que participaron en la citada reunión, el pasado 6 de abril, a que aclaren los temas que trataron, ''pues pareciera que el desplegado que la Corte emitió dos días después de la solicitud de desafuero es producto de una acción concertada''.

Dijo que eso se tiene que transparentar, porque tanto es cuestionable que el Poder Judicial dependa del Ejecutivo, como lo sería también que el Ejecutivo dependiera del Poder Judicial, lo cual ''sería ya un caso muy especial'', o que además actúen de manera coordinada en un asunto que compete al Ministerio Público.

Agregó que incluso cuando un juez solicita que intervenga la PGR es para que se investigue si hubo o no un delito en cuanto al cumplimiento de una orden judicial, mas no para enjuiciar al jefe de Gobierno, toda vez que en casos similares el MP siempre solicita el aval del titular de la procuraduría para el no ejercicio de la acción penal.

En su cuarto Informe de gobierno, en el capítulo dedicado al ejercicio de la legalidad, López Obrador señala que el proceder del Ministerio Público Federal resulta jurídicamente insostenible, pues el propietario de Promotora Internacional Santa Fe, SA de CV, Federico Escobedo Garduño, incumplió con el permiso de tres años otorgado por el entonces Departamento del Distrito Federal para el aprovechamiento de diferentes bancos de materiales, por lo cual el 20 de noviembre de 2000 se expropió la zona denominada Santa Fe-Contadero. Sin embargo, Escobedo Garduño llevó a cabo el acaparamiento de alrededor de 35 hectáreas que pertenecen a la ciudad, con valor de 3 mil 500 millones de pesos, y mediante un decreto, el 20 de febrero de 2003, logró la recuperación administrativa de los predios denominados La Mexicana, La Rosita, Aurelia-Viadas y G2, donde el gobierno intentó abrir las vialidades Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández.

Recuerda que en su demanda de amparo contra la expropiación la empresa manifestó falsamente que la superficie del terreno es de 86 mil 968 metros cuadrados, cuando en realidad es de 83 mil 763. En la escritura número 23395, del 10 de diciembre de 1998, se formalizó una compra-venta entre Promotora -supuesta propietaria del predio- y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 3 mil 205 metros cuadrados, sobre la que el gobierno federal construyó un tramo de la autopista México-Toluca.

A ello se agrega que el tramo expropiado para la vialidad Vasco de Quiroga no es parte de El Encino, como se consigna en los linderos de la escritura, los antecedentes registrales y la topografía, pues el trazo de la avenida Carlos Graef Fernández se proyectó sobre el eje y el derecho de vía del tranvía Tacubaya-La Venta, el entubamiento del ramal sur del río Tacubaya y la zona federal donde se ubicó el lecho del río.