El sistema institucional de financiamiento se ha desmoronado. Hoy el sistema bancario está dominado por empresas extranjeras y, además de representar un fuerte costo fiscal, es inoperante en términos de las necesidades de crédito para la producción de las empresas.

Ana María Rosas Peña

En los últimos 20 años se ha producido un desmoronamiento del sistema institucional de financiamiento de la economía nacional y ha surgido otro orden que está a tono con el funcionamiento actual de la economía; es decir, un crecimiento promedio del producto más bajo, mayor desarticulación sectorial de la producción, decaimiento del mercado interno en la dinámica de expansión y una política fiscal y monetaria de carácter restrictivo, cuyo principal objetivo es mantener la estabilidad de los precios.

Mientras, ese mismo sistema institucional cambió radicalmente su configuración, especialmente en términos de la propiedad, pero también por su reducida participación en la concesión de créditos, por el número de bancos en operación y por su relajación con la banca de desarrollo que ha perdido significación en el mercado financiero.

"Están dadas las condiciones económicas y legales para la reactivación del crédito." Esta ha sido desde hace algunos años la frase con que banqueros y autoridades del sector financiero cierran sus discursos. No es para menos, pues el crédito bancario al sector privado se ha reducido de 40 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1994 ­cuando alcanzó sus niveles más altos­ a 17 por ciento en 2004, que es sumamente reducido en términos absolutos y en comparación con Estados Unidos, Japón o Gran Bretaña, con proporciones de 150, 200 y 100 por ciento, respectivamente.

Para Francisco Suárez Dávila ­ex subsecretario de Hacienda, ex banquero y hoy diputado del PRI y secretario de la Comisión de Hacienda­, la liberalización financiera, que culmina con la privatización de 1991, "ha sido el mayor desastre de la historia económica de México. Se trató de un proceso dogmático, mal concebido y peor ejecutado, que dio origen a un sistema bancario que, si bien está operando, es imperfecto y está altamente extranjerizado".

Dicha imperfección se expresa, dice el legislador, en el cobro de altas comisiones, un gran margen de intermediación e intereses casi usureros en algunos instrumentos, como las tarjetas de crédito, que ahora llegan hasta de 36 por ciento anual, cuando la inflación proyectada para 2004 es de 4 por ciento.

Analistas del sector y académicos consideran que el marco institucional del sistema financiero mexicano se desmoronó. Si bien, en sentido formal, aunque no en términos financieros y fiscales, ya se superó la crisis bancaria de 1995, en cuanto a que las instituciones operan en los mercados, tienen utilidades y están bien capitalizadas, también es cierto que incumplen con su función más importante, canalizar recursos suficientes en cantidad y a precios asequibles para la inversión productiva de las empresas.

La banca nacionalizada

La nacionalización de la banca (1982) se dio en un contexto de desequilibrios fiscales muy grandes, de la crisis de la deuda externa ­México acababa de anunciar una moratoria­ y de gran fragilidad financiera, por la caída de los precios internacionales del petróleo y la fuga de capitales.

En el momento de la nacionalización había 35 bancos múltiples, 14 bancos comerciales, 11 financieras y una hipotecaria. A partir de ahí se desarrolló una banca paralela basada en las actividades de las casas de bolsa y compañías de seguros.

A decir de Guillermo Ortiz ­gobernador del Banco de México, cuya carrera pública se desarrolló en la Secretaría de Hacienda y fue responsable de la privatización de los bancos durante el gobierno de Carlos Salinas­ en ese periodo el sistema bancario perdió la mayoría de sus recursos operativos y administrativos y se convirtió en un vehículo para financiar el déficit gubernamental. "En este contexto la regulación y la supervisión bancaria eran irrelevantes y, por tanto, prácticamente inexistentes", reconoció Ortiz en una conferencia ante banqueros centrales, en Malasia, en enero de 2000.

La liberalización

Al final de los años 80, México empezó una amplia liberalización financiera, aplicada en un periodo muy corto; después, entre junio de 1991 y julio de 1992 los 18 bancos que existían en ese momento se privatizaron y algunos se fusionaron.

Con la liberalización se eliminaron los controles sobre las tasas de interés y el sistema de cajones selectivos de crédito que servía para orientar los recursos en términos sectoriales; se descartaron los requerimientos de reserva ­lo que se conocía como encaje legal­ y las restricciones para que los extranjeros invirtieran en activos de las financieras.

"El sistema bancario se encontró repentinamente con abundantes recursos para prestar, generando la expansión de crédito en un ambiente caracterizado por una evaluación inadecuada del riesgo por los bancos, con administradores inexpertos y supervisión inadecuada", consideró Ortiz.

Pero la expansión no sólo fue en el crédito, también en el número de instituciones, pues se crearon 300 en dos años; además de los nuevos bancos, llegó a haber 63 arrendadoras, 62 dedicadas al factoraje y más de 350 uniones de crédito.

Al final, la fragilidad acumulada por el sistema financiero nacional, así como el sobrendeudamiento de las empresas y los hogares se hicieron evidentes durante la crisis que estalló en diciembre de 1994.

Las autoridades debieron aplicar mecanismos de salvamento rápido. Muchos bancos tuvieron que ser intervenidos mediante un fideicomiso privado que ya existía en Banco de México como parte del sistema de seguros de depósito, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que posteriormente se sustituyó con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Al final, el rescate bancario tuvo un costo estimado en 18 por ciento del PIB.

Según Suárez Dávila, "todo el proceso de saneamiento amerita una evaluación serena y bien informada; para hacer un balance histórico de uno de los mayores desastres económicos de nuestra historia, hay que derivar lecciones y evitar repetir errores".

La extranjerización

La participación de extranjeros en el sistema financiero ha crecido de forma significativa. En casi todos los sectores representa al menos la mitad; 90 por ciento en los bancos, 77 por ciento en las Siefores y 53 por ciento en las afianzadoras. Esto significa tener un sistema de créditos y de pagos en el cual el Estado prácticamente no puede incidir mediante las acciones de política económica.

Suárez Dávila advierte que "ninguna de las 15 economías más grandes del mundo tiene un sistema financiero altamente extranjerizado. Ahí perdimos un instrumento de desarrollo, pues todos los demás países, de distintas orientaciones políticas, tienen un sistema bancario en manos de sus nacionales o tienen sistemas mixtos".

La reconfiguración del sistema bancario se presentó como la posibilidad de operar en un mercado con mayor oferta de créditos y menores tasas de interés, pero eso no ha ocurrido. Por el contrario, hoy las ganancias que estos grandes grupos financieros obtienen en México son incluso más importantes que en sus matrices.

Las necesidades de inversión para acelerar la formación de capital y sustentar el crecimiento económico de largo plazo requieren mayor captación fiscal y una renovada capacidad del Estado para movilizar recursos financieros para proyectos de infraestructura y desarrollo social. Esto exige una política de fomento mediante la banca de desarrollo que ahora está muy disminuida en su capacidad de financiamiento.

Pero la recuperación del coeficiente de inversión, que es muy reducido, involucra de manera decisiva al sector privado que no ha suplido la carencia de recursos públicos. El espacio dejado por el Estado no ha sido llenado por la inversión privada. El actual sistema financiero no parece ser una base sólida para que ello ocurra. Ahí se plasma la debilidad del actual sistema institucional de financiamiento  §