La aplicación de la norma genera inconformidades; hay que perfeccionarla, dicen

Asambleístas del PRD buscan eliminar abusos de la Ley de Cultura Cívica

Eliminar interpretaciones erróneas que hace la policía en detenciones, la finalidad

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Diputados de la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa anunciaron ayer su intención de reformar la polémica Ley de Cultura Cívica, con el objetivo de terminar con los "abusos" y "discrecionalidad" en su aplicación.

En conferencia de prensa, el coordinador de ese grupo mayoritario, Carlos Reyes Gámiz, precisó que la aplicación de esa normatividad ha generado numerosas inconformidades y quejas por parte de diversos sectores de la sociedad, por lo que es necesario "perfeccionarla".

Detalló que en especial se buscará eliminar de la conocida Ley Marcelo las interpretaciones erróneas que han hecho algunos policías, sobre todo en la detención de gente dedicada al comercio en la vía pública, o bien la actitud que debe mostrar el gobierno capitalino ante las marchas y manifestaciones públicas.

"Estamos preocupados con la aplicación de esa ley -que entró en vigor el primero de agosto-, pues si bien hay aspectos que son aceptables, también es cierto que incluye apartados que se pueden perfeccionar", expresó Gámiz, quien estuvo acompañado por los legisladores María Elena Torres, Rafael Hernández, Julio Escamilla, Héctor Guijosa y Eduardo Malpica.

Héctor Guijosa mencionó que "dados los acontecimientos ocurridos con relación a esa ley, consideramos pertinente llevar a cabo una revisión del contenido de la misma, de su aplicación y su marco de sanciones, para tener elementos que nos permitan determinar respecto de sus alcances, limitaciones y beneficios o perjuicios para la ciudadanía".

Rafael Hernández agregó que para determinar las reformas que requerirá la Ley de Cultura Cívica habrán de realizarse foros con representantes de distintos sectores de la sociedad, y evitar problemas posteriores a su implementación.

Al referirse al tema, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, expresó que se advierte una tendencia a la alza en cuanto al número de denuncias recibidas por abusos cometidos por servidores públicos, derivados de la referida ley.

De ahí que consideró fundamental que los diputados refuercen las acciones para difundir la Ley de Cultura Cívica, es decir que se pueda crear una "versión popular" de ese ordenamiento, a la par de que la Secretaría de Seguridad Pública continúe con su capacitación de los policías, y las organizaciones no gubernamentales se adentren más en su conocimiento.

Reconoció que las autoridades han moderado su actuación en cuanto a operativos o detenciones, tal como ocurrió al iniciar la vigencia de esa disposición legal, no obstante precisó que siguen aumentando paulatinamente las quejas en la capital.