Activistas vascos reconstruyen su detención y expulsión

''Atestiguamos los aspectos antidemocráticos de México''

BLANCHE PETRICH

Con el paso de los días, los brigadistas vascos Israel Alonso Sáez y Ainhoa Subinas ya pueden ver con cierto humor los hechos que rodearon su arresto y expulsión ilegal de México, el 21 de agosto. ''Fueron momentos surrealistas'', dicen en entrevista telefónica desde Bilbao. Pero mantienen en pie la denuncia y la protesta: ''Entendemos nuestra deportación como parte de la represión que ejerce el Estado mexicano contra los movimientos sociales y populares, no sólo nacionales, sino de todo el mundo. Somos incómodos porque somos testigos de los aspectos antidemocráticos de México''. Si a ello se suma que son originarios del País Vasco, ''pues se completa el cuadro; ser vasco, hoy en día, conlleva ser objeto de sospecha para algunos gobiernos''.

La pareja llegó a Latinoamérica desde julio. En El Salvador participó en el Foro Mesoamericano por la Autonomía de los Pueblos. En Guatemala hizo un recorrido por comunidades de El Petén para evaluar la afectación por la construcción de represas. En Chiapas, donde su organización -Comités Internacionales- tiene años de trabajar en diversos proyectos con comunidades, investigaron sobre la resistencia de los pueblos al proceso de imposición neoliberal, en particular con los movimientos contra las altas tarifas eléctricas, y estudiaron la implantación de intercambios solidarios. Naturalmente, visitaron algunas Juntas de Buen Gobierno zapatistas.

Pasaron por Oaxaca, simple turismo, a asolearse en alguna playa y, finalmente, enfilaron hacia Tlaxcala, donde los esperaban viejos amigos de la Central Nacional Urbana y Campesina (CNUC).

Recuerdan que ya en su escala en Puerto Escondido sufrieron un percance que puede estar relacionado con el espionaje y la persecución de que fueron objeto. Mientras esperaban un autobús, en un descuido les fue robada una maleta con una videocámara y numerosas cintas ya grabadas sobre las entrevistas en comunidades. La mayor parte del material versa sobre los temores y las objeciones de la gente del campo al Plan Puebla-Panamá.

De Oaxaca llegaron a las siete de la mañana a la capital tlaxcalteca y tomaron un cafecito mañanero con la dirigente de Eureka, Rosario Ibarra, quien asistiría más tarde a una protesta de braceros. Los vascos tenían una cita, más tarde, con los integrantes de la CNUC.

Mientras esperaban, un hombre, presunto periodista, los abordó. Tres veces trataron de evadirlo hasta que éste les espetó la pregunta: ''ƑSaben que lo que ustedes están haciendo es ilegal y que pueden ser deportados por ello?''. En cuestión de segundos se vieron rodeados por fotógrafos de prensa, más de uno impostor. Y tras los reporteros llegó la policía que, sin más, los detuvo. Más tarde, cuando ya estaban arrestados en la estación migratoria de Tlaxcala, vieron que el primer periodista se desenvolvía en la dependencia como Juan por su casa. Era policía. Y luego a otros más. De los seis supuestos reporteros que los abordaron, cuatro resultaron ser agentes.

''Todo el tiempo pensamos que era un simple error, que alguien aclararía la situación y asunto concluido. Pero pasaban las horas sin que nadie nos tomara siquiera una declaración, sin que nos permitieran llamar a la embajada de España.

''Sobre las tres de la tarde nos informaron que nos iban a llevar a otro sitio a tomarnos las declaración. Nos subieron a un vehículo y cuando nos percatamos ya estábamos en la carretera, rumbo a México. Al llegar, todavía difirieron, unas dos horas, nuestro derecho a llamar a la embajada. Nos mostraron cuatro fotografías rodeados de periodistas como prueba de nuestras actividades ilegales y antes de que terminara el trámite un funcionario nos informó que la decisión estaba tomada y que teníamos dos opciones: firmar nuestra salida voluntaria o ser deportados. Claro, cuando nos dieron acceso a un teléfono en la misión española ya no contestó nadie. Optamos por la expulsión, como mínima protesta".

Subinas y Sáez refieren que el interrogatorio fue ''surrealista'', porque los agentes no sabían qué preguntarles. Aunque reconocen que no hubo violencia física, sí fueron presionados "por nuestro origen vasco", con comentarios que pretendían vincularlos con el grupo armado ETA. "Entre ellos comentaban que sería bueno hablar a la embajada para verificar si no habían pillado algún pez gordo".

Sin pruebas en su contra, sin haberles respetado el derecho de comunicarse a su embajada o con la abogada Bárbara Zamora, que desde el primer momento se movilizó para defenderlos, a las nueve de la noche eran escoltados a un avión de Iberia. Firmaron el acta de expulsión el delegado del Instituto Nacional de Migración de Tlaxcala, Miguel Angel Barrera Márquez, y como testigos, dos policías locales, Hugo Flores Torres y Renato Bello Montero.