.
Primera y Contraportada
Editorial
Opinión
El Correo Ilustrado
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Fotografía
Cartones
CineGuía
Suplementos
Perfiles
La Jornada en tu PALM
La Jornada sin Fronteras
La Jornada de Oriente
La Jornada Morelos
La Jornada Michoacán
Librería
Correo electrónico
Búsquedas
Suscripciones
Obituario
C A P I T A L
..

México D.F. Miércoles 1 de septiembre de 2004

Descarta el Ejecutivo local revanchismos; no es ético, afirma

Exigen PRD y PRI enjuiciar a Creel

Fox está obligado a aplicar la ley contra el funcionario como lo hace con López Obrador: legisladores Está inhabilitado moralmente, dicen

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, rechazó cualquier ánimo revanchista en contra del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, una vez que el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal confirmó que el funcionario incurrió en delito electoral, al rebasar el tope de campaña en la elección de 2000 por 2 millones 100 mil pesos.

La dirigencia nacional del PRD, por su parte, exigió que tanto Creel como el PAN respondan ante los tribunales y el delito no quede impune.

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandaron la renuncia del funcionario federal por "ser un delincuente electoral" al rebasar el tope de campaña cuando fue candidato a la jefatura de Gobierno.

"Si quieren desaforar a López Obrador que enjuicien también a Santiago Creel, toda vez que un órgano electoral determinó ya que sobrepasó los topes de campaña", precisó el senador Manuel Bartlett, mientras que su homólogo priísta, Humberto Roque Villanueva, consideró que el titular de Gobernación quedó inhabilitado política y moralmente y no puede continuar en el gabinete.

La resolución del IEDF también provocó fuertes críticas en la Cámara de Diputados al considerar a Creel "el mejor ejemplo de la ultraderecha en México: es mustio, presume de hipocresía y debe asumir su responsabilidad como hombrecito", según lo definió el diputado perredista Gerardo Ulloa.

También en esa cámara, priístas y perredistas advirtieron que el presidente Vicente Fox está obligado a aplicar la ley contra el titular de Gobernación como lo está haciendo con López Obrador por el caso de El Encino.

No se va a retorcer la ley

Por la mañana, el jefe del Ejecutivo local, en su conferencia de prensa puso distancia entre la forma como actúa el gobierno federal en su contra en el caso de El Encino, al señalar que no se va a retorcer la ley ni se va a utilizar "la política de la venganza para hacer a un lado a un adversario a la mala.

lopezobradorno3Es una cuestión de ética, apuntó, cuando se trata de proyectos políticos distintos y se está en organizaciones políticas diferentes, en una democracia quien debe decidir es el pueblo. "No hay que tenerle miedo al pueblo", aseveró.

Mientras, Bernardo Bátiz, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde recaería la denuncia contra Creel y el PAN en caso de que los medios de impugnación a los que recurra el PAN no modifiquen el fallo, señaló que "no se hará nada que no esté apegado a la ley".

Explicó que la dependencia a su cargo deberá aguardar a que el IEDF presente la denuncia penal correspondiente para que el Ministerio Público proceda a analizar el expediente.

Es posible, dijo, que lleguen a la procuraduría los documentos; "ahí lo recibiremos y haremos, como en todos los demás casos, el estudio que corresponda para determinar lo que procede con legalidad, independientemente de la persona de que se trate".

Bátiz precisó que no habrá ninguna situación de la procuraduría que no esté apegada a la ley, "nosotros estaremos exclusivamente listos por si hay una denuncia".

Recordó que la dependencia ya resolvió un caso similar -en contra del jefe delegacional de Miguel Hidalgo-, el cual, después de una investigación cuidadosa, de recibir pruebas de ambas partes, de analizarlas, determinamos que no había ejercicio de la acción penal porque no había ninguna intención dolosa del jefe delgacional en su campaña y porque los gastos que fueron en exceso no fueron hechos por él ni por su equipo cercano".

En el caso de Creel, precisó, "no vamos a decir nada hasta que tengamos los documentos".

A su vez, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el DF, Agustín Guerrero, reiteró que interpondrán una denuncia penal contra el secretario de Gobernación, Santiago Creel. "Es necesario investigar de dónde provino ese dinero, pues el Instituto Federal Electoral determinó en su momento que los recursos de Amigos de Fox fueron de procedencia ilícita, y Creel participó de los mismos".

El perredista aclaró que no se trata de una revancha, sino de aplicar la ley. "Tanto Vicente Fox como Santiago Creel han sostenido un falso discurso de transparencia que se les ha caído".

Debe responder como hombrecito

En este marco, los señalamientos contra el secretario de Gobernación fueron desde "delincuente electoral", que utilizó su correligionario panista, el diputado federal Juan Molinar Horcasitas, para referirse al ex delegado de Tlalpan, Carlos Imaz, por los videoescándalos; de "que asuma su responsabilidad como hombrecito", que el propio Creel le recetó al jefe de Gobierno capitalino por el juicio de desafuero, hasta la exigencia de que renuncie para enfrentar los cargos que se formulen en su contra.

El diputado local perredista Gerardo Villanueva pidió no adelantar tiempos y esperar a que las instancias judiciales determinen el exceso registrado en los topes de campaña del candidato de Acción Nacional a la jefatura de Gobierno en 2000.

Aseguró que la procuraduría capitalina actuará de manera imparcial y sin ánimo persecutorio en este caso, con el fin de esclarecer los ilícitos acreditados por el IEDF, al tiempo que la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Lorena Villavicencio, aseguró que en el PRD "no tenemos ningún ánimo de revanchismo, creemos que se debe aplicar la ley. En este país necesitamos sancionar a quien rebase los topes de campaña, porque si no se vuelven letra muerta".

Para la dirigencia del PRD, Creel está acorralado por violar las leyes electorales y pide que responda ante los tribunales del país por un delito electoral que cometió y frente al cual no puede quedar impune, como tampoco el Ejecutivo federal en el caso de Amigos de Fox o el Pemexgate.

El CEN perredista señaló que el sistema de justicia estará a prueba porque se trata del principal personaje del foxismo que aspira al 2006. El hecho de que el Consejo General del IEDF haya comprobado esta irregularidad de Creel, puntualizó, confirma que tanto él como Fox cometieron delitos electorales que ponen en duda la legitimidad de una gestión del "gobierno del cambio". Con gran "despliegue discursivo" los foxistas hablan del cumplimiento de la ley y han sido los primeros en violentarla.

En una gira por Veracruz para apoyar a Dante Delgado, candidato al gobierno de ese estado, el dirigente nacional del sol azteca, Leonel Godoy, afirmó que Creel Miranda y el PAN tendrán que responder ante la ley y ante los tribunales porque el PRD, puntualizó, ha sido respetuoso de ella, ha apostado por la estabilidad y la gobernabilidad en este país y sólo espera justicia en el caso de López Obrador.

ANGEL BOLAÑOS, JOSEFINA QUINTERO, GABRIELA ROMERO, RAUL LLANOS, SUSANA GONZALEZ, ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MENDEZ, RENATO DAVALOS Y ALONSO URRUTIA

Números Anteriores (Disponibles desde el 29 de marzo de 1996)
Día Mes Año
La Jornada
en tu palm

Av. Cuauhtémoc 1236 Col. Santa Cruz Atoyac
delegación Benito Juárez México D.F. C.P. 03310
Teléfonos (55) 91 83 03 00 y 91 83 04 00
Coordinación de Publicidad
Tels: (55) 91 83 03 00 y 91 83 04 00 Exts: 4900 y 4104

Email
Coordinación de Sistemas
Teléfonos (55) 91 83 03 11 y 91 83 03 77

Email

  © Derechos Reservados 2003 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados. Derechos de Autor 04-2003-08131804000-203.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido sin autorización expresa del titular.
El título y contenido se encuentran protegidos por la legislación de la materia en la República Mexicana.