No se han podido importar; cuestan $2.1 millones al erario

Ordenan al cabildo de Saltillo castigar a compradores de 20 patrullas en EU

DE LA CORRESPONSALIA

Saltillo, Coah., 31 de agosto. El Congreso del estado ordenó a la Contraloría del ayuntamiento de Saltillo investigar y sancionar a los responsables de adquirir 20 patrullas al gobierno de California, hace un año, sin que hasta ahora las unidades se hayan podido importar, lo cual representa un costo para el erario de 2 millones 161 mil 890 pesos.

La diputada panista Karla Samperio Flores, integrante de la Comisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, explicó que a principios de agosto de 2003, el ayuntamiento de Saltillo pagó un millón 42 mil 278 pesos al gobierno de California a cambio de una flotilla de 20 patrullas.

Añadió que el gobierno municipal a cargo del priísta Humberto Moreira Valdés, erogó 399 mil 832 pesos para la adquisición e instalación de equipo en las unidades, y denunció que al no seguir los trámites correspondientes para la importación legal, las patrullas permanecen en Estados Unidos, dentro de una bodega que por pensión diaria cobra al ayuntamiento 400 dólares.

"Estamos hablando de que hasta el 31 de julio el perjuicio para el erario era de 2 millones 161 mil 890 pesos y esto sencillamente no debió ocurrir, menos aún por negligencia de las autoridades al no prever antes el mecanismo que utilizarían para importar las unidades", señaló la diputada panista.

Ante esto, el Congreso estatal resolvió que la Contraloría municipal a cargo de Jorge Torres López deberá investigar el caso y sancionar a los responsables con base en la Ley Estatal de Responsabilidades para los Servidores Públicos.

Por otro lado, el Congreso del estado modificó el Código Penal para aplicar nuevas modalidades en el delito de secuestro al que se establece la modalidad exprés, que se castiga con 20 años de cárcel.

Ahora, cuando en un secuestro la víctima sea menor de edad, se le drogue o se le extraigan órganos, los responsables serán castigados con prisión de 30 a 50 años de cárcel. La misma penalidad se impondrá en caso de que los plagiarios sean familiares, empleados o amigos de la víctima, o cuando se desempeñen o lo hayan hecho, como servidores públicos, policías, e inclusive como agentes de seguridad privada.