Abogado agrede a reportera gráfica de La Jornada

Reconstruyen ejecución de campesino en Oaxaca

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Oaxaca, Oax., 31 de agosto. El proceso penal contra un reconocido pistolero de la región Loxicha en la Sierra Sur de Oaxaca, Lucio Vásquez, preso desde hace dos años por el asesinato de un joven líder de la comunidad, Celerino Jiménez Almaraz, entró ayer en la recta final con claras señales de preocupación por parte de las autoridades estatales, ya que este caso fue admitido el año pasado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este lunes 30 de agosto se realizó la última reconstrucción de hechos en la remota ranchería donde se produjo el asesinato en abril de 1997, en el municipio de Río Hondo, aledaño a San Agustín Loxicha.

Acudieron abogados del presunto homicida, la defensa de la viuda Estela García Ramírez, parte acusadora en el juicio y una docena de activistas de ONG humanitarias del estado, solidarias con la causa de Estela.

Prueba de la inquietud que ha provocado la visibilidad del caso Estela García contra Luicio Vásquez, debido a la intervención de la CIDH, fue la concurrencia, totalmente inusual, de altos funcionarios.

Subieron hasta el lugar de los hechos, durante una empinada caminata nocturna de una hora en ascenso, la subprocuradora de Control de Procesos, Bertha Luz Arreola; el director de Control de Procesos, Tito Ramírez, y el fiscal especial Tonatiuh Guerrero.

También decidió acudir la juez María Eugenia Paz Morales, en lugar de enviar a alguno de los alcaldes del juzgado, como suelen hacerlo en estos casos. Además fue una oficina itinerante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la coordinadora general de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo estatal, Gloria Camacho y dos visitadores.

La reconstrucción de hechos se llevó a cabo en la ranchería Los Limares, distante a más de una hora de camino del último tramo transitable de la carretera federal, municipio de Miahuatlán.

Por las ONG acudieron SOS por Loxicha, con Ofelia Medina y Begonia Lecumberri; Ojo de Agua Comunicación; la oficina de derechos humanos de la diócesis de Oaxaca, y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH) de México.

En esta diligencia, la defensa del acusado intentó confirmar su versión de los hechos, esto es, que el 24 de abril de 1997 una avanzada de policías judiciales recorrían cerca de la medianoche el camino vecinal que va de Santa María Jalatengo hasta Juquilla, y que al pasar frente a la ranchería de la familia García fueron emboscados por presuntos guerrilleros del EPR.

Judiciales que actúan como testigos aseguran que Vásquez, quien entonces además de ser presidente municipal era comandante de la Judicial estatal y conocido jefe paramilitar -que en esta zona son denominados como entregadores- disparó en defensa propia contra una silueta a la que no logró identificar . Y aseguran que pocos minutos después encontraron a un herido en el fondo de una barranca y que en el traslado al hospital de Pochutla murió en el camino.

En contraparte, la familia de Jiménez Almaraz -que niega rotundamente la participación de Celerino en organización guerrillera alguna- sostiene que cerca de la una de la madrugada el ranchito de Los Limares fue asaltado por aproximadamente 50 judiciales, que entraron violentamente a la casa donde Celerino y su esposa se encontraban visitando a sus padres, y que sacaron a la víctima de la cama, vestido sólo con un pantalón.

Ante la orden expresa de Vázquez, uno de los judiciales le disparó en el quicio de la puerta, fue arrastrado vereda abajo, todavía vivo y fue torturado hasta provocarle la muerte. Estela García, su madre, Severa, y su hermana Sofía confirmaron esta versión.

De regreso de la diligencia ministerial, la abogada de la víctima, Adriana Carmona, de la CMPDDH, explicó en conferencia de prensa que la finalidad de la reconstrucción era demostrar que Lucio Vázquez no actuó en defensa propia sino que los cargos por los que está acusado deben ampliarse y abarcar, además de homicidio calificado, tortura y represión generalizada. Vásquez, conocido pistolero y cacique de la zona Loxicha y punta de lanza del ex gobernador Diódoro Carrasco durante los años de la llamada guerra sucia en esa microrregión por la presunta presencia del EPR en la Sierra Sur, es señalado como responsable de al menos 40 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas mientras duró su mandato en la alcaldía.

Después de este último trámite, el juzgado encargado del caso debe dictar sentencia en un plazo aproximado de seis meses.

Durante la diligencia, que duró de las 4 de la tarde hasta las 7 de la madrugada, en plena serranía, Varela, el abogado de Vásquez, intentó evitar el trabajo de la fotógrafa de este periódico, María Meléndrez, y empujó su cámara, golpeándola en el rostro. El hecho mereció la inmediata amonestación de la juez y una protesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.