Visto en perspectiva, la expropiación de ingenios en 2001 fue un parche para salvar a un puñado de industriales. Tres años después se desconoce, oficialmente, el costo del rescate, aunque al menos seis mil 500 millones de pesos de recursos públicos han sido canalizados a este fin. Es apenas el más reciente capítulo de una larga historia de intervención en una actividad que pierde terreno ante nuevos endulzantes, como los jarabes de fructosa.

José González Méndez

La historia de la industria azucarera cabe en una secuencia: rescate  - privatización - rescate - privatización - rescate y, próximamente, privatización. Pero en esa sucesión, repetida en los pasados 30 años, "el remedio ha salido más caro que la enfermedad", resume Gisela Espinosa, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana

Durante este periodo, el gobierno fue omnipotente: otorgó créditos y subsidios; controló producción, distribución y comercialización del dulce, y no vaciló en ejecutar rescates, expropiaciones y restructuraciones cuando fue necesario, como en 1974, 1988, 1995, 1999 y 2001.

El monto histórico de esas operaciones conjuntas se desconoce, incluida la expropiación de 27 de ingenios, decretada por el presidente Vicente Fox en septiembre de 2001.

A tres años de esta medida, la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, dependiente de la Cámara de Diputados y creada para vigilar el proceso, ignora el costo del rescate.

Aunque el Presidente aseguró que no se afectaría al erario, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha registrado partidas presupuestarias por 6 mil 500 millones de pesos para el saneamiento de los ingenios en los últimos tres años. Sin embargo, el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) sigue sin informar sobre los ingresos durante las zafras desde 2000.

Extraoficialmente, en la Cámara de Diputados calculan que el costo del rescate y saneamiento de las fábricas ha costado al erario más de 13 mil millones de pesos en este periodo ­casi la mitad del presupuesto anual federal destinado a becas para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato­, mientras que aceptan que el valor de las zafras es en promedio de 15 mil millones de pesos anuales.

El hermetismo del FEESA, organismo administrador de los ingenios, orilló a la ASF a promover ante la Secretaría de Función Pública un recurso administrativo para fincar responsabilidades a Mario Laborín, director de Nafinsa (fiduciario de FEESA) por su "reiterada negativa" a informar sobre el monto de la expropiación.

Lo más grave, expresa Espinosa, es que, aunque el Estado convierta en deuda pública los pasivos de los ingenios, "su salud financiera no estará garantizada; el sector sigue sin contar con un plan integral y los cañeros se debaten periódicamente entre la privatización y las expropiaciones". Añade: "La expropiación fue un parche para salvar a un puñado de industriales" y no ha tenido consecuencias penales, salvo la queja contra Laborín.

El hoyo negro

La historia de este "hoyo negro financiero", según palabras de Francisco Gil Díaz, titular de Hacienda, inició en 1974 cuando Luis Echeverría expropió 67 ingenios. Durante los siguientes 15 años, el Estado controló el funcionamiento de la industria desde los aspectos financieros hasta los productivos y de comercialización.

En 1991, luego de un proceso de saneamiento, Carlos Salinas vendió los 52 ingenios que estaban en manos del gobierno. En 1996, en plena crisis después del error de diciembre de 1994, se restructuraron sus pasivos, pero fue insuficiente: el intercambio de la deuda a unidades de inversión elevó el débito 58 por ciento y lo colocó en 17 mil 400 millones de pesos, por lo que en 1999 comenzó otro proceso de saneamiento que culminó con expropiación de 2001. La deuda de los ingenios expropiados equivalía entonces a 2 mil 500 millones de dólares. "Esta ha sido la historia de la expropiación de la bancarrota", sentencia Espinosa.

La situación actual no es menos cómoda. De acuerdo con la investigadora, el sector enfrenta la peor crisis del periodo posrevolucionario: cartera vencida, escasez de crédito, deficiente comercialización, exceso de inventarios, restricciones a las exportaciones a Estados Unidos, desorden en el mercado interno, bajos precios, rezago tecnológico, demandas gremiales y desconcierto en el sector público.

A esto se agregan prácticas de contrabando de azúcar, amparos contra el decreto expropiatorio ­el gobierno ha devuelto cuatro ingenios a sus anteriores dueños­, y por si fuera poco, enfrenta una controversia impulsada por Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio para que se elimine el impuesto de 20 por ciento autorizado por el Congreso a los productos elaborados con edulcorantes distintos del azúcar, medida que rige desde 2002.

Importancia del sector

La industria del azúcar genera 350 mil empleos directos y 2.6 millones indirectos; aporta 0.2 por ciento del producto interno bruto y representa junto con el maíz, frijol y arroz uno de los cuatro nutrientes básicos de la dieta del mexicano. Como productor mundial, México se ubica en el séptimo sitio con 5 millones de toneladas anuales, aunque la mayoría de la producción es para consumo interno.

Entre 1980 y 1984 se importaron 2.78 millones de toneladas, aunque en los tres años siguientes se recuperó la autosuficiencia. En 1989-1991, con los ingenios privatizados y una importación descontrolada, se acumuló un excedente de 3 millones de toneladas. Fue hasta 1995 cuando oferta y demanda se regularon, y a partir de ese año se registraron excedentes anuales de 650 mil toneladas en promedio.

Pero Estados Unidos vetó esa posibilidad con un instrumento negociado en secreto, las cartas paralelas, que permitían exportaciones totales de 250 mil toneladas y obligaban a México a recibir maíz amarillo libre de arancel. El maíz es la base de la fructosa, sustituto del azúcar, y 40 por ciento más barato.

El Congreso desconoció el instrumento e impuso en 2002 un impuesto de 20 por ciento a los productos endulzados con sustancias distintas al azúcar. La medida se ha prolongado por tres años y ha permitido que la industria refresquera retome el consumo del azúcar. En este periodo, el uso de fructosa ha disminuido de 350 mil a 10 mil toneladas (en 2000 llegó a ser de 900 mil toneladas), lo que ha permitido a México equilibrar nuevamente las condiciones de su mercado.

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) generó expectativas entre los productores para colocar la sobreproducción. Antes del acuerdo, México exportaba 25 mil toneladas anuales al mercado estadunidense. A partir de 1994, el volumen se incrementaría a 150 mil o el promedio de la producción lograda en los dos años anteriores (650 mil toneladas).

Futuro gris

La expropiación de los ingenios en 2001 se dio "sin que ningún sector lo exigiera", afirma Espinosa. En ese año la deuda superaba a los activos, lo que convirtió al rescate automáticamente en un fobazúcar, define.

De las 59 fábricas activas (públicas y privadas), 32 están "altamente endeudadas", 17 poseen débitos considerados de nivel medio y 12 gozan de salud financiera. La investigadora sostiene que un tercio de los ingenios incautados podría cerrar definitivamente luego del proceso de saneamiento. "Se avecina un nuevo orden" para el sector, anticipa

"Parece que los tiempos en que el azúcar era el rey de los edulcorantes llegó a su fin. Así como las fibras sintéticas desplazaron un día al mercado henquenero, los jarabes de fructosa arrancarán para siempre una buena tajada del mercado azucarero."

Con la mitad de industria en manos de Estado y comprobada la incapacidad de la iniciativa privada para administrarla, el nuevo orden parece reservarse para los inversionistas extranjeros. "Se avizoran nuevos capitales y grupos hegemónicos: las multinacionales"  §