El país padece perversión parlamentaria: especialista

"Falso debate", el proceso contra López Obrador

JESUS ARANDA Y MATILDE PEREZ U.

El juicio de procedencia en contra del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, que tiene lugar en la Cámara de Diputados, constituye "un falso debate", ya que los legisladores no están capacitados para analizar los elementos jurídicos para resolver sobre el desafuero del funcionario, además de que puede sentar un precedente en el país para "eliminar de la contienda" con este tipo de procedimientos a adversarios políticos del régimen.

Afirmó lo anterior Ramiro Oquita Padilla, candidato a doctor en derecho constitucional, con especialidad en derecho parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid, quien agregó que en México tiene lugar la llamada "perversión del parlamento", que ocurre cuando las fracciones de los partidos políticos "ya no deliberan" sobre los temas de la agenda legislativa, sino que aprueban propuestas con la certeza de que el único beneficiado debe ser su propio partido e intereses que representa.

Comentó en entrevista que el "debate" que tendrá lugar en la Cámara de Diputados -cuando la sección instructora presente su dictamen ante el pleno para aprobar o rechazar el desafuero- no pasa de ser un "falso debate", en el que al menos las bancadas del Partido de Trabajo (PT) y del Partido Acción Nacional (PAN), ya definieron su postura (el primero por el no desafuero y el segundo en favor de éste).

Lo menos que puede decirse, subrayó, es que esta actitud es "sospechosa" y nos habla del carácter irreflexivo de los legisladores, quienes aún sin haber conocido del caso y sin haber deliberado al respecto, fijaron su posición.

Añadió que se ha dejado de lado la visión constitucionalista sobre lo que es y representa un juicio de procedencia. Precisamente, debido a su importancia, el juicio de procedencia debe valorarse políticamente, pero no con perspectiva de partido, sino de Estado, en la que los diputados deben analizar las consecuencias políticas que tendría un eventual desafuero.

En otras palabras, enfatizó, "la Constitución otorga supremacía a la valoración política, sobre la jurídica".

Los legisladores deben preguntarse respecto a las consecuencias políticas, sociales y económicas que tendrá para la sociedad mexicana el que uno de los principales contendientes a la Presidencia no sea registrado como candidato por una eventual falta a una suspensión jurídica.

Además de las consideraciones señaladas, subrayó Oquita, el llamado que Fox formuló a los diputados de Acción Nacional, para que voten por el desafuero, revela que: "tan no depende del rigor jurídico el juicio de procedencia, que no es un imperativo que el funcionario juzgado haya cometido un ilícito para que el gran jurado de la Cámara de Diputados pueda pronunciarse por un 'sí procede'".

Además, se sentaría el precedente para eliminar de la contienda adversarios políticos con el uso de instrumentos presuntamente legales y jurídicos.

La actuación del Presidente contra el gobernante capitalino pone en riesgo la democracia y la estabilidad social del país, advirtieron el senador Jesús Ortega Martínez y el diputado René Arce en la octava asamblea delegacional para integrar la red ciudadana en defensa de López Obrador. Para frenar ese atentado contra la democracia incluso se podría acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de Naciones Unidas y a otros organismos multilaterales, porque no sólo se violentarían los derechos humanos de una persona, sino que se trastocaría la vida democrática de los mexicanos, abundó Ortega, y apuntó que los diputados tienen que atender las pruebas que presenten "la parte acusadora y el acusado. Tienen que actuar apegados a la justicia y al derecho, de lo contrario lo harían por consigna".

Ante habitantes de 26 colonias de la delegación Coyoacán, Ortega hizo un llamado a la ciudadanía para que "impida un crimen contra la democracia, como el que pretende llevar a cabo el presidente Fox, al decidir quién puede ser candidato a la Presidencia. Hay que preservar el derecho al voto en las urnas", destacó.

Aclaró que el PRD no pretende la ingobernabilidad ni causar inestabilidad en el país, sino defender la legalidad, la democracia y los derechos de López Obrador. Hay que evitar que Fox pervierta el ejercicio del poder público, porque lo está poniendo al servicio de su grupo político para perjudicar a López Obrador."

René Arce Islas dijo que no sólo se pretende eliminar como contrincante político a López Obrador, sino "acabar con la cultura de los capitalinos. Quitarle 9 mil millones de pesos al gobierno del DF fue para tratar de frenar sus acciones de obra pública y servicios. Ahora amenazan con evitar que llegue agua de otras cuencas, de impedir que se deposite la basura en terrenos del estado de México. La idea es dar una lección a la ciudadanía para que ya no vote por candidatos de izquierda ni por gobernantes que, como López Obrador, muestren a los más desprotegidos que pueden defender sus derechos".