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EL MARTES, LA SENTENCIA EN EL PROCESO A CARLOS IMAZ

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó al juez 11 penal del Reclusorio Norte, Carlos Morales, que el ex delegado de Tlalpan, Carlos Imaz, sea sancionado con una pena de uno a seis años de prisión y multa hasta de 500 salarios mínimos, al entregar ayer sus conclusiones en la última audiencia del proceso penal que inició el 20 de abril pasado contra el perredista por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita para fines electorales, a raíz de que recibió dinero del empresario Carlos Ahumada. La sentencia será dada a conocer el martes próximo, y aunque Imaz sea declarado culpable, no pisaría la cárcel, porque el delito que se le imputa no es grave, si bien podría ser inhabilitado para desempeñar cargos públicos. El ex delegado aseguró que ni los legisladores panistas ni la dirigencia del PRI, que lo acusaron, pudieron demostrar que cometió un delito, porque "no presentaron ni una sola evidencia y lo único que demostraron es que no sabían ni qué firmaron en la denuncia". Reiteró que el dinero que recibió de Ahumada lo entregó a Rosario Robles para la campaña de ésta a la dirigencia del PRD.

REBATE EBRARD CRITICAS DEL CENTRO PRO A LA LEY CIVICA

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que las críticas realizadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez a la Ley de Cultura Cívica son producto del desconocimiento y por "no haber estudiado con detenimiento" el nuevo reglamento. Entrevistado al término de una ceremonia de entrega de vales para útiles escolares, realizada en una escuela de la colonia Morelos, el funcionario argumentó que las recomendaciones hechas por el organismo no gubernamental no están fundamentadas. "Yo creo que no la han estudiado con cuidado, porque lo que critican ya estaba vigente. Yo creo que hay un problema de información y de falta de conocimiento de lo que critican". El estudio elaborado por el organismo establece que dicha ley contraviene artículos constitucionales, tipifica conductas ya previstas en el Código Penal y propicia la corrupción, entre otros puntos.

SE PREVE QUE LA CDHDF EMITA HOY RECOMENDACION A LA SSP

Con una recomendación que será dada a conocer este jueves, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) concluyó una investigación de casi cuatro meses sobre los abusos, arbitrariedades y detenciones ilegales cometidas por integrantes de los desaparecidos grupos especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), conocidos como Tigres y Gopes. A finales de abril de este año, el ombudsman local, Emilio Alvarez Icaza, anunció que ante el aumento de quejas recibidas contra los policías preventivos integrados a dichos grupos, que operaban bajo el mando directo del subsecretario Gabriel Regino, la CDHDF abrió un expediente especial para investigar las acciones fuera de la ley, e incluso "lesiones, tratos crueles, inhumanos y degradantes". La investigación quedó radicada en la segunda visitaduría, a cargo de Alejandro Delint, quien en su momento declaró a este diario que los Tigres y Gopes actuaban de manera paramilitar al encapucharse o pintarse la cara para no ser reconocidos, utilizaban uniformes con características distintas a los usados por la policía, viajaban en automóviles sin rótulo y portaban armas de alto poder. En su propósito de cumplir con un objetivo o una orden, señaló el visitador de la CDHDF, dichos grupos "pasan por quien tengan que pasar, y esto evidentemente genera problemas de transgresión de la ley".