Ratifica la SCJN validez de la controversia de El Chacho contra auditorías

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó ayer la validez de la controversia constitucional presentada por el municipio de Benito Juárez (Cancún) contra el Congreso y la Auditoría Superior de Quintana Roo por las auditorías que pretenden hacer a las finanzas del ayuntamiento; con esta decisión el máximo tribunal dejó la mesa puesta para en los próximos días ratificar las suspensiones concedidas al cabildo que preside Juan Ignacio García Zalvidea.

Al rechazar sendos recursos de reclamación interpuestos por el Congreso y la Auditoría Superior, los cuales impugnaban la admisión de la controversia presentada por el municipio, los ministros señalaron que la actuación de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien dio entrada a la demanda, ha sido apegada a derecho.

Al presentar ante el pleno su proyecto de dictamen sobre los recursos de reclamación contra la admisión de la controversia, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia precisó que debido al problema "jurídico y político" que vive el municipio, era "urgente" que la Corte conociera cuanto antes dichos recursos, "porque son el cimiento indispensable" para determinar si las suspensiones otorgadas se mantendrían o no.

Explicó que, en caso de que los ministros consideraran que la admisión de la demanda era incorrecta, la consecuencia hubiera sido el desechamiento de la controversia del municipio y por tanto, las suspensiones otorgadas desde julio pasado a los integrantes del ayuntamiento -como el reconocimiento de que el municipio que encabeza García Zalvidea está legalmente constituido y que es el único facultado para recibir aportaciones federales y estatales- habrían quedado sin efecto.

Fuentes judiciales de primer nivel confiaron que sería el próximo martes 24 de agosto, cuando el ministro Mayagoitia presente ante el pleno los proyectos de resolución sobre los recursos de queja en los que el municipio de Benito Juárez alega que fue violada la suspensión concedida en su favor -la más importante sobre que el concejo municipal, creado por el Congreso, sigue despachando sin tener atribuciones legales-.

En caso de que los ministros consideren que las suspensiones concedidas fueron violadas, la Corte ordenaría a las autoridades correspondientes la reinstalación del ayuntamiento que encabeza García Zalvidea en un plazo no mayor de uno o dos días, porque de lo contrario, el máximo tribunal iniciaría un proceso por desacato contra los funcionarios que no cumplan.

JESUS ARANDA