Remisiones en nombre de la ley

Dieciocho sexoservidoras que trabajan en el perímetro de La Merced, en la delegación Venustiano Carranza, fueron remitidas la tarde de ayer al juzgado cívico de la demarcación "en cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica". Sin embargo, de acuerdo con las trabajadoras, fue en represalia por no querer proporcionar información para el censo que lleva a cabo la delegación.

Las sexoservidoras narraron que una funcionaria de la delegación, quien se negó a identificarse frente a ellas, les exigió proporcionar información personal. Al negarse, la funcionaria les advirtió que remitiría a la dirigente de su organización (Humanos del mundo unidos contra el sida). La amenaza se cumplió y unas seis patrullas arribaron a la calle Zavala, esquina con Anillo de Circunvalación, y remitieron a las mujeres de esta zona.

Las primeras versiones de las autoridades de la delegación Venustiano Carranza negaron que se tratara de un operativo, así como que el motivo de la remisión fuera por ejercer el sexoservicio. En cambio, dijeron, "el incidente" se debía a escándalos en vía pública.

Al visitar el juzgado, José Luis Guerrero Mendoza, director territorial de la zona Morelos, sostuvo que la detención se realizó con base en la fracción VII del artículo 24 de la nueva Ley de Cultura Cívica, que refiere como causal de detención "invitar a la prostitución".

Dijo que el argumento de las sexoservidoras de que fueron detenidas por negarse a proporcionar sus datos es una estrategia para su defensa. "La prostitución siempre ha sido una conducta antisocial y prohibida. No estamos haciendo más que cumplir nuestro deber" ya que, añadió, en ese caso se recibió una denuncia vecinal.

La pena que tendrán que pagar por este delito va de los 11 a los 20 días de salario mínimo o arresto de hasta 13 horas, opción que habitualmente eligen por carecer de recursos para pagar la multa.

MIRNA SERVIN VEGA