Trabajadores en vía pública advierten que paralizarán la ciudad si no hay respuesta

Piden cambiar la Ley de Cultura Cívica o habrá movilizaciones

"Sólo pedimos una tregua y sensibilidad a las autoridades", señalan Balance tras 16 días

SUSANA GONZALEZ G.

Por cada franelero o vendedor ambulante detenido por la policía capitalina por impedir o estorbar el uso de la vía pública, dos personas fueron remitidas ante los juzgados cívicos por consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o enervantes en lugares públicos no autorizados.

La Ley de Cultura Cívica cumplió los primeros 16 días de haber entrado en vigencia con un promedio diario de 692 detenidos, por lo que en total hubo 11 mil 85 infractores, la mitad (5 mil 190 personas) por violar la fracción quinta del artículo 25, referida a la ingesta de alcohol y drogas, indica un reporte de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica del gobierno capitalino.

En cambio, el segundo lugar de infracciones, con mil 899 casos, que representan 17 por ciento del total, fue de personas que impidieron o estorbaron de algún modo el uso normal de la vía pública y la libertad de tránsito (artículo 25, fracción segunda), que se aplica a franeleros, huacaleros o viene viene, pero también a vendedores en vía pública o cualquier persona que incurra en dicha falta, como fue el caso de los valet parking.

Además, en 15 días el gobierno capitalino obtuvo 858 mil 242 pesos por concepto de multas, pagados por apenas 3 mil 130 infractores porque la mayoría (casi 6 mil) cumplió con el arresto correspondiente, en tanto que hubo seis infractores que realizaron actividades en apoyo a la comunidad, 316 amonestados y 40 con arresto inconmutable.

Los otros infractores

Mientras, quienes orinaron o defecaron en lugares públicos ocuparon el tercer lugar en la lista, con mil 263 personas, 11 por ciento del total, según el reporte mencionado, que abarca desde las cero horas del sábado 31 de julio, cuando entró en vigencia la ley, hasta el domingo 15 de agosto.

A los franeleros y comerciantes ambulantes también se les pueden aplicar la fracción quinta del artículo 24, por obstruir entradas y salidas de inmuebles, y la tercera del artículo 25, por usar áreas y vías públicas sin autorización, por lo que hubo 87 y 139 detenidos por cada caso, respectivamente. También se contabilizaron 137 infractores a la fracción primera del artículo 24, referida a coaccionar por el pago de un servicio no solicitado, que puede ser aplicada a limpiaparabrisas y franeleros.

Sobre los grafiteros o gente que pintó o maltrató fachadas de inmuebles públicos y particulares, así como monumentos, hubo 248 casos; en tanto, fueron detenidas 228 personas relacionadas con actividades relacionadas con prostitución. En contraste, la policía sólo presentó ante los juzgados cívicos a 13 coyotes, 12 revendedores y 18 personas que participaron en arrancones.

Amagan con movilizaciones

En tanto, el denominado Frente de Organizaciones Ciudadanas, que agrupa a franeleros, limpiaparabrisas y comerciantes ambulantes, entre otros grupos de trabajadores informales, advirtió que si las autoridadaes capitalinas no dan una respuesta satisfactoria en la reunión que tendrán el jueves próximo con el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, "paralizarán" la ciudad con movilizaciones de sus agremiados.

Exigen que la Ley de Cultura Cívica sea modificada, con la consulta y consenso de diversos sectores, específicamente las fracciones de los artículos 24, 25 y 26, que atentan contra la gente que trabaja en la vía pública.

También aseguraron que asesoran a sus compañeros para que presenten quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y denuncias penales ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la procuraduría, por los abusos de que sean objeto por policías, jueces cívicos o funcionarios delegacionales en la aplicación de dicha ley.

"La ley debe aplicarse, pero pedimos una tregua y sensibilidad a las autoridades", dijo José Granada Martínez en una conferencia de prensa organizada en un restaurante del centro de la ciudad, a la que también asistió el ex boxeador Rubén El Púas Olivares, como muestra de apoyo a dicho frente.

"Con esa ley se pretende vejar y humillar a nuestros hijos, porque puede ser aplicada a menores de 11 años. Ficharlos con su foto y huella digital, pero no nos vamos a dejar", dijo Carmen Hernández al considerar que el gobierno trata de "chingar a quien menos tiene".

Alejandro Casabal, otro de los representantes del frente, alertó que la ley viola tratados internacionales sobre los derechos de los niños e hizo un llamado a la Unicef porque, aseguró, los menores de edad son encerrados en galeras.