Gustavo Gordillo

Lealtad y pactos políticos

Un prolongado periodo de limitada competencia electoral o, en el otro extremo, un proceso de excesiva fragmentación política hacen difícil la cooperación del gobierno con la oposición porque evitan el surgimiento de elites alternativas con experiencia gubernativa. Los conflictos de personalidad adquieren mayor relevancia cuando se está en presencia de una institucionalidad republicana débil. Tiende a privar, como señala Linz, una política de ressentiment. Es importante tener en mente lo anterior en una coyuntura como la que vive actualmente América Latina con algunos puntos definitorios, como por ejemplo, en el referéndum de ayer domingo en Venezuela.

El éxito de una consolidación democrática depende mucho de pactos políticos entre las principales fuerzas. Esos pactos requieren además de aceptación social. A veces algunos sectores de la sociedad lo visualizan como pactos oligárquicos. Los sectores duros de las distintas formaciones políticas tienden a identificar negociaciones con traiciones. Rotos los mecanismos básicos de lealtad en una formación política, la misma desconfianza alimenta la interacción entre sus miembros. Ambientes preñados de incertidumbres favorecen transversalismos y acuerdos de corto plazo. Los anteriores son factores que desincentivan la realización de pactos o el compromiso con el contenido y la implantación de éstos.

Dos conductas pueden emerger en estas circunstancias. Por un lado, una política en dos carriles que busca comprometer a medias a determinada formación política, al tiempo que le brinda un espacio de maniobra para denunciar las negociaciones si los resultados no son los esperados. Por el otro, la búsqueda de acuerdos por fuera de la institucionalidad vigente en el afán de evitar suspicacias políticas.

Por esto es indispensable definir el campo de eficacia de estos pactos políticos en la perspectiva de una consolidación democrática.

En primer lugar están los compromisos irreductibles de las fuerzas políticas con la construcción de un régimen democrático. Sin ser exhaustivos, podrían enunciarse de la siguiente manera: un compromiso público inequívoco de llegar al poder o entregarlo sólo por medios electorales y un rechazo incondicional al uso de medios violentos para alcanzarlo o conservarlo; rechazo a toda apelación no constitucional a las fuerzas armadas y rechazo a la retórica de la violencia como medio para movilizar apoyo para acceder al poder o para saldar cuentas entre las elites políticas.

En segundo lugar, es indispensable que estos pactos se realicen entre los partidos políticos y el gobierno, dado que lo que se busca es transformar la institucionalidad desde la propia institucionalidad.

Lo anterior no significa que se subestime la incorporación en los compromisos derivados de los pactos a otros actores sociales. La participación de organizaciones ciudadanas, de gremios y de centros de reflexión académica es importante para garantizar capilaridad social a los pactos. De ahí que, en una perspectiva de mayor alcance, un compromiso preciso para asegurar que las principales fuerzas políticas trabajen conjuntamente en la dirección de ampliar la participación de actores políticos y sociales es sumamente relevante.

Si a lo anterior se añade un candado en contra de vendettas o ajustes de cuentas, se estaría atajando una posible fuente generadora de deslealtades hacia el régimen político. Para los partidos que se encuentran en la oposición, lo anterior puede contribuir a desdramatizar sus perspectivas futuras. Para el partido en el gobierno es un gesto de reconocimiento, que sus triunfos electorales o políticos no implican un cheque en blanco.

Esto es muy importante porque, como bien señala Linz, "en una democracia no puede aplicarse retroactivamente la lealtad a un nuevo régimen, excepto en casos extremos cuando el consenso general de la sociedad rechaza el régimen anterior casi unánimemente por motivos morales". En todo caso acuerdos con este propósito ayudan a la normalización democrática.

Un régimen mandatado para avanzar en la normalización democrática enfrenta retos tanto en el terreno de la construcción institucional como en los relativos a la reforma social y a la consolidación económica. Para garantizar esa normalización democrática su propia legitimidad depende de un proceso intermitente de pactos políticos, requiere más que nunca gobernar con las fuerzas organizadas de una sociedad. Esa consolidación impulsará la fundación o refundación de partidos políticos, la construcción de nuevas coaliciones y la emergencia o ampliación de las elites políticas, de organizaciones gremiales y ciudadanas.

En una situación de esta naturaleza es necesario recordar que la consolidación democrática sólo permite definir reglas consensuadas por medio de las cuales se puedan canalizar los diversos conflictos que surgen en una sociedad determinada. No es una fórmula mágica que resuelva todos los problemas. Por ello es importante no sobrecargar la suscripción de cada pacto político con expectativas o compromisos difíciles de cumplir.