Rechazan devolver a empresario predio invadido en 94 para construir el bulevar Zaragoza

En caso similar al de El Encino gobiernos panistas juarenses desacatan fallo de la SCJN

RUBEN VILLALPANDO CORRESPONSAL

Ciudad Juarez, Chih., 14 de agosto. En un caso similar al del predio El Encino -por el cual legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) pretenden desaforar a Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuatro gobiernos municipales panistas se han negado a acatar un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que hace 10 años ordenó restituir al empresario Gilberto Marmolejo Ortega un terreno de 10 mil 400 metros cuadrados que las autoridades municipales invadieron para construir el bulevar Zaragoza, en Ciudad Juárez.

Este predio es parte de un terreno de 212 hectáreas que las autoridades municipales utilizaron para distribuir lotes a colonos, dijo el empresario, quien explica que la SCJN nunca ha tomado la decisión de destituir de su cargo a los cuatro ediles del PAN que han eludido esta responsabilidad: Francisco Villarreal Torres, quien ya falleció y fue el que expropió la propiedad; Ramón Galindo Noriega, actualmente diputado del PAN y quien está en favor de la destitución de López Obrador; el prófugo Gustavo Elizondo Aguilar, y el actual alcalde, Alfredo Delgado Muñoz.

Marmolejo informa que desde 1994 comenzó la lucha porque le restituyan su predio, y después de ganar un amparo, en febrero de 1995, el juzgado sexto de distrito ordenó a la Dirección de Obras Públicas municipales cumplir ese mandato.

En su momento, el ministro Juan Díaz Romero presentó un documento que ordenaba al entonces edil Ramón Galindo Noriega la restitución del predio, misma que fue avalada por sus colegas Mariano Azuela Güitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Galindo Noriega tenía de plazo hasta el 30 de enero de 1998 para entregar el predio, pero sólo cumplió con papeles, porque cuando el propietario original intentó levantar la carpeta asfáltica, más de una docena de policías se lo impidieron, y amenazaron con detenerlo a él y a las personas que manejaban la maquinaria pesada con la que efectuaba esa labor.

Después intentó cercar su terreno, pero agentes de la Policía Municipal amenazaron con detenerlo y entregarlo a las autoridades por intentar dañar una vía pública.

En 1996, el entonces gobernador, el también panista Francisco Barrio Terrazas, ordenó expropiarlo de nuevo, hecho que no prosperó por las violaciones a la ley antes de este acto.

En el decreto de expropiación publicado en el Diario Oficial del estado se ordenaba pagar 85 mil pesos por las 212 hectáreas, lo que el propietario rechazó debido a que el avalúo se hizo con base en un precio de 40 centavos el metro, cuando el valor catastral estaba tasado en mil pesos y el comercial entre mil 500 y 2 mil pesos.

Durante 2000 el gobierno municipal presentó ante el juzgado federal algunas pruebas para demostrar la imposibilidad jurídica y material para el cumplimiento del amparo, que consistía en regresar el predio. Desde el 15 de agosto de 2001, el también propietario de la constructora Gilmar aceptó ante el juzgado sexto de distrito una indemnización a cambio del predio que le afectó el gobierno municipal al construir el bulevar Zaragoza.

En ese tiempo mencionó que pediría el valor que él pagó cuando adquirió el terreno y que obra en su escritura, así como los gastos inherentes y 9 por ciento de interés anual desde que el municipio se posesionó de esa superficie.

Marmolejo Ortega asegura que el gobierno municipal no ha acatado las resoluciones de la SCJN respecto a la expropiación de 10 mil metros para la construcción del bulevar Zaragoza, y dice que lo anterior viola sus garantías constitucionales.

Insiste que se aplique lo previsto en el artículo 107 constitucional, fracción 16, consistente en la destitución del cargo y consignación ante el juez de distrito que corresponda, de las autoridades municipales responsables por la omisión de cumplimiento. "Lo único que pido es justicia", concluye.