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México D.F. Miércoles 11 de agosto de 2004 |
Endeudamiento autoritario
 De
acuerdo con el Informe sobre la Evolución
de las Finanzas Públicas del primer semestre de 2004, entregado
en días pasados a la Cámara de Diputados por el gobierno
federal, la deuda pública del país, es decir, lo que debemos
entre todos los mexicanos, está compuesta casi en 50 por ciento
por los rescates bancario y carretero, por la apertura furtiva del sector
energético a la inversión privada (Pidiregas) y por los resultados
de la ineptitud y la corrupción en el manejo de la banca de desarrollo.
Si se desmenuza esa deuda en cifras per cápita, resulta que de los
29 mil 332 pesos que debe cada mexicano, 6 mil 334 pesos son del rescate
bancario, 3 mil 447 de Pidiregas, 2 mil 69 del quebranto de la banca de
desarrollo, mil 350 del rescate carretero y 466 del programa de pago a
deudores: 13 mil 666 pesos. Seríamos muy afortunados si el resto,
poco más de 15 mil pesos, estuviera invertido en obras públicas
y en servicios médicos, educativos, culturales y deportivos a la
población, pero sabemos que una porción incuantificable de
ese remanente está, en cambio, por obra de la corrupción,
en bolsillos de funcionarios, contratistas y coyotes.
Parte importante de esta deuda fue generada por el neoliberalismo
salvaje con que mal administraron al país los gobiernos de Carlos
Salinas y Ernesto Zedillo; el primero transfirió a manos privadas
la mayor parte de las propiedades nacionales, y el segundo endosó
al conjunto de la sociedad las deudas privadas de banqueros y demás
empresarios ineptos y corruptos beneficiados con las "desincorporaciones"
practicadas por su antecesor. Los sexenios antepasado y pasado fueron un
negocio redondo para unos cuantos y un desastre financiero sin precedente
para el país y la enorme mayoría de sus habitantes. La supuesta
práctica de la "disciplina fiscal" -uno de los mandamientos del
neoliberalismo ortodoxo- resultó un engaño más por
cuanto al final de cada uno de esos gobiernos la deuda nacional había
crecido en forma desmesurada, en parte mediante el recurso a trampas como
los referidos Pidiregas, que técnicamente no eran incluidos en la
contabilidad de la deuda pública, aunque lo fueran.
Si Vicente Fox generó en 2000 expectativas de cambio
con respecto al catastrófico, desaseado y perverso manejo de las
cuentas públicas por parte de sus antecesores, los tres años
y medio del gobierno en curso han disipado cualquier ilusión o espejismo
en este sentido: el foxismo ha resultado un defensor acérrimo de
la privatización de activos y la socialización de pasivos
y un administrador discrecional, autoritario, muy poco transparente y sumamente
ineficaz. Un ejemplo de las tendencias discrecionales es el recorte de
plazas acompañado del incremento de gastos por "servicios personales":
mientras las primeras obligan a respetar una normatividad, los segundos
se realizan de manera arbitraria y sin ningún control. El gobierno
actual, sin consultar a nadie y sin recabar el sentir de la sociedad, ha
hipotecado territorio y recursos naturales por medio de los anticonstitucionales
e ilegales contratos de servicios múltiples en los ramos petrolero
y eléctrico. La administración foxista no ha informado sobre
el destino de más de 11 mil millones de pesos producto de los excedentes
de los ingresos petroleros. El grupo en el poder ofrece obras y proyectos,
pero cumple mal y tarde: el Instituto Mexicano del Seguro Social sólo
ha concluido 14 de 62; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
uno de 39; Pemex, ninguno de 25.
Desde hace por lo menos 16 años, en suma, los mexicanos
seguimos siendo víctimas de políticos y administradores ineficaces,
mentirosos, autoritarios y arbitrarios, y hace cuatro años se llevó
a cabo un cambio de siglas y de nombres, pero no de actitudes, prácticas
y capacidades.
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