Pide el gobierno de Colima explicación a EU por la muerte de un inmigrante detenido

El uso de balas de goma no deja de ser agresión: funcionario michoacano

VERONICA GONZALEZ, ERNESTI MARTINEZ Y JORGE CORNEJO CORRESPONSALES

El director jurídico de la Coordinación de Atención a Migrantes de Michoacán, Carlos Ernesto García, informó que esperan la respuesta del canciller Luis Ernesto Derbez sobre su aceptación del uso de balas de gomas para que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos repelan a quienes intentan cruzar la frontera y que, sin duda, implica una forma de agresión a los connacionales.

"El secretario de Relaciones Exteriores debe explicar ese presunto acuerdo para agredir a los migrantes. Necesitamos saber qué ocurrió con el gobierno federal para tomar tal determinación; al parecer se trataba de eliminar el uso de armas convencionales, pero no se trata de aprobar el uso de otro tipo de armas", apuntó el funcionario del gobierno michoacano.

Luego explicó que en lo que va del año 12 michoacanos han perecido ahogados o deshidratados en su intento por llegar a Estados Unidos.

En Colima, en tanto, el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Evaristo Valdovinos, informó que el consulado mexicano solicitó al gobierno de Estados Unidos una explicación de las causas que provocaron la muerte de un indocumentado colimense en una cárcel de Tucson, Arizona, el pasado 2 de agosto.

El diplomático comentó que el 31 de julio, Francisco Javier Sánchez Aguilar, de 32 años, intentó llegar a Estados Unidos por el desierto de Arizona, donde fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza de ese país, junto con otros 31 indocumentados, quienes fueron trasladados a una cárcel de Tucson.

Testigos revelaron al consulado mexicano que Sánchez Aguilar empezó a quejarse de dolores estomacales y no recibió atención médica, hasta que el 2 de agosto murió en su celda, razón por la cual el gobierno mexicano ha solicitado una explicación a su homólogo estadunidense, pues para los diplomáticos mexicanos las condiciones en que falleció "son extrañas".

Othón Mancera López, coordinador de la Oficina de Atención a Migrantes Colimenses, explicó que "testigos declararon que personal de la Patrulla Fronteriza los trasladó a una estación migratoria en Tucson, Arizona, que mide 30 metros cuadrados. Ahí estaban los 32 indocumentados y fue en ese lugar que falleció Francisco Javier Sánchez Aguilar".

Responsabilizó al gobierno estadunidense de la muerte del colimense, porque "tiene la responsabilidad de velar por la salud de los indocumentados que detiene y no debe acorralarlos como si fueran reses. Son seres humanos que tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto, aunque no sean gringos", enfatizó.

Agregó que el informe del forense reveló que Sánchez Aguilar murió de neumonía, pero versiones periodísticas sugieren que el hoy occiso se habría drogado.

Se espera que el cuerpo de Sánchez Aguilar llegue el viernes al aeropuerto de Guadalajara, para después ser trasladado por carretera a Boca de Apiza, Michoacán, donde será sepultado por sus hermanos, pues sus padres viven en Estados Unidos.

En los pasados 11 años, el presupuesto de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aumentó más de 332 por ciento al pasar de 361 millones de dólares en 1993, a mil 200 de millones de dólares este año.

Gran parte de este incremento ha sido destinado al salario de los agentes, quienes pasaron de 3 mil 960 personas en 1993 a más de 11 mil; hasta hace poco, más de una quinta parte de esa fuerza estaba basada en San Diego, California, pero ahora reforzarán zonas como Tucson. Este crecimiento de recursos inició con el operativo Guardián para disuadir el cruce de inmigrantes.

Conforme se hizo más difícil cruzar por San Diego, el tráfico de inmigrantes se desplazó hacia el desierto y las montañas del condado de Imperial y al sur de Arizona.

Con este desplazamiento sobrevinieron más muertes, lesiones y costos. Casi 3 mil personas han fallecido al intentar cruzar la frontera desde enero de 1995, la mayoría en zonas desérticas de Arizona y el sureste de California, denunciaron activistas como Claudia Smith en San Diego, quien calificó al operativo Guardián como criminal.