Los agraviados, de la Montaña, Guerrero, perdonan a pilotos de la dependencia

Indemniza la PGR a afectados por fumigación equivocada

ROSA ROJAS

En un hecho insólito en la región de la Montaña de Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) indemnizó con 26 mil pesos a nueve indígenas me'phaa (tlapanecos), por haber sido fumigadas erróneamente sus siembras de frijol y maíz en la comunidad de Caxitepec, municipio de Atlixtac, el pasado febrero.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolla se encargó del caso. La amenaza de proceder penalmente contra los pilotos que fumigaron con herbicida plantíos en nueve hectáreas del territorio comunal de Caxitepec logró que finalmente la delegación de la PGR en Chilpancingo aceptara pagar la indemnización, si bien cubrió apenas 50 por ciento de los daños que sufrieron los indígenas.

En rueda de prensa, Abel Barrera, presidente del Centro Tlachinolla; Efrén Rodríguez Margarito y Pascual Mateo Cruz señalaron que por desgracia en la mayoría de los casos la justicia no es accesible, pronta e inmediata para los indígenas. Tuvieron que hacerse numerosos viajes desde la comunidad hasta Chilpancingo para el seguimiento del caso.

Barrera explicó en Zacatipa, municipio de Xalpatlahuac, ocurrió esta fumigación con herbicidas hace seis años y la PGR no reconoció el daño. En otra ocasión en Ayotlaxtla, municipio de Zapotitán Tablas, hubo daños similares, pero ahí fueron los propios agricultores los que "por temor decidieron no continuar con la denuncia".

El presidente del Centro Tlachinolla manifestó que "la respuesta de la PGR por momentos no fue lo inmediata que se esperaba para la integración de la averiguación previa". Precisó que la Sagarpa en su dictamen "minimizó la cuantía de los daños". Sin embargo, subrayó que la PGR "sí garantizó la independencia e imparcialidad que requieren este tipo de casos al estar involucrados elementos de la corporación".

Con base en lo anterior, los agraviados otorgaron el perdón a los pilotos responsables, solicitando como condición para ello que la PGR revise sus procedimientos de erradicación, ya que sólo así se podrán establecer medidas que tiendan a inhibir este tipo de errores para evitar daños a comunidades.

Barrera indicó que este caso ejemplifica cómo en ocasiones la actuación de las autoridades, "lejos de mejorar el entorno comunitario, lo daña gravemente".