México D.F. Miércoles 11 de agosto de 2004
El embate, "por miedo e irresponsabilidad de
Fox": Linares Zapata y Garrido
Alertan expertos sobre la gravedad del desafuero
BERTHA TERESA RAMIREZ
Luis Linares Zapata, articulista de esta casa editorial,
consideró que los verdaderos enemigos del jefe del Gobierno del
Distrito Federal (GDF) todavía no aparecen pero "ahí están
y son poderosísimos, tanto que mueven las instituciones nacionales
y las supranacionales para inducir y consolidar sus intereses".
Al
participar en un foro convocado por La Jornada y Casa Lamm, dijo
que aun cuando el desafuero del jefe de Gobierno sería una conducta
reprobable, la posibilidad de que esto suceda es real, pues obedecería
a un impulso de la derecha para actuar de manera directa ante uno de los
obstáculos que se le están presentando para mantenerse en
el poder, sin importar que tenga que pasar sobre el derecho. "Esta ha sido
la lógica descarnada del poder; a eso nos vamos a enfrentar."
Señaló que otro de los motivos por los cuales
el gobierno va a actuar de esa manera es la defensa de sus intereses, "porque
quizá ellos en lo personal van a ser enjuiciados". El Presidente
tiene miedo de parar en los tribunales una vez que haya dejado de ejercer
el poder, dijo.
Por su parte, Luis Javier Garrido, académico de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opinó
que el juicio contra López Obrador no procede porque no hubo delito
y tampoco responsabilidad del jefe de Gobierno. Lo más grave es
que nadie cree que "esta acusación tan burda" tenga un origen jurídico,
sino político, es decir, "el miedo de Fox, Marta Sahagún
y Santiago Creel al 2006".
El Presidente ha involucrado mediante Rafael Macedo y
la PGR a los poderes Judicial y Legislativo. "Los tres están en
entredicho por una acusación fraguada por un irresponsable jefe
de Estado. Lo mejor que podría pasar a Fox y al régimen es
que no prosperara esa acusación."
Agregó que el juicio de procedencia en México,
como en todo el mundo, tiene su origen en la necesidad de proteger la función
constitucional que desempeñan los funcionarios públicos de
alta jerarquía respecto de obstrucciones o agresiones con fines
políticos por parte de otros funcionarios, así como de protegerlos
de represalias y acusaciones temerarias.
Sin embargo, constituye una paradoja que el juicio de
procedencia sirva actualmente para que el jefe de Gobierno sea objeto de
agresiones con fines políticos.
A su vez, Miguel Cobián, profesor de la Facultad
de Derecho de la UNAM, señaló que la Constitución
establece que para que haya un procedimiento de declaración de procedencia,
cualquiera que sea la decisión de la sección instructora
camaral, es indispensable que se haya iniciado un proceso penal, de lo
contrario no tiene sentido discutir si se retira el fuero.
"Lo que tendría que hacer la Cámara sería
resolver con toda objetividad, diciendo: 'yo no puedo pronunciarme por
algo que formalmente no ha sido iniciado, no hay ningún juez que
tenga en este momento la acusación formal de la procuraduría
en el caso de López Obrador'. Consecuentemente no hay materia."
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