Las incluirá en la agenda legislativa para el periodo ordinario

Analizará el PRI iniciativas que buscan privatizar Pemex

Propone el grupo elbista apertura en gas no asociado

ENRIQUE MENDEZ ENVIADO

Guadalajara, Jal., 10 de agosto. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados incluyó en su agenda legislativa -para su discusión en el periodo ordinario de sesiones- dos iniciativas que presentó el grupo elbista para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de reformas a la ley orgánica de la empresa y sus organismos subsidiarios, y abrir totalmente al capital privado la explotación y venta de gas no asociado.

Para reforzar la participación de la iniciativa privada se plantea incluir en el consejo de administración de Pemex la figura de ''consejeros independientes'', impuesta al inicio del sexenio por el presidente Vicente Fox para instalar en una empresa pública a los principales representantes de la iniciativa privada, y que después fueron removidos de esas posiciones.

Ambos proyectos, elaborados por los diputados Oscar Pimentel y Jesús Vizcarra, plantean que el sector energético del país requiere de inversiones que el Estado mexicano no puede asumir y por lo tanto -arguyen- es necesaria la participación de accionistas e inversionistas que le den viabilidad al sector, y también sugieren un nuevo régimen fiscal para Pemex.

Los legisladores plantearon que la inversión privada requeriría de reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de las Entidades Paraestatales y Orgánica de Petróleos Mexicanos.

La intención de ambos diputados es ''dividir en la ley orgánica de Pemex el capital social'' de la empresa ''en dos series: la A, representante de un porcentaje del capital, y la B, representante del resto. Los derechos patrimoniales de los títulos representativos de la serie B podrían ser afectados por el gobierno federal en favor de mexicanos, con exclusión de los extranjeros. Se emitirán constancias para cada una de las acciones afectadas y nadie podría acceder a constancias por más de 0.05 por ciento del capital, con excepción del Sindicato'' de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), al que se entregaría 2 por ciento de los títulos.

A pesar de que la declaración de principios y el programa de acción del PRI -que sólo pueden ser modificados en una asamblea nacional- comprometen al partido a mantener ''el petróleo y la energía eléctrica como industrias estratégicas (que) deben seguir siendo propiedad de la nación'', la bancada priísta dio entrada al proyecto como parte de la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones.

El supuesto fundamento de la reforma a esas tres leyes es que con ello se le daría ''mayor autonomía a la empresa, que junto con el nuevo tratamiento fiscal le permita consolidarse con mecanismos de financiamiento, capitalización y administración eficientes para ampliar su capacidad productiva de manera sana y con ello preservar y mejorar su capacidad de generación de recursos en beneficio de la nación''.

Hasta el momento, indicaron, la producción y suministro de cualquiera de los productos de Pemex, excepto el crudo, provoca pérdidas en las finanzas consolidadas de la empresa, mientras que ''la limitada capacidad de inversión de Pemex Exploración y Producción es canalizada preferentemente a la explotación de yacimientos existentes, y sólo en forma limitada en exploración y explotación de nuevos yacimientos''.

Asimismo, consideran necesario modificar en la ley orgánica de la paraestatal la composición del consejo de administración, ''contemplando la inclusión de consejeros gubernamentales y de consejeros independientes'', así como establecer reglas propias para que la empresa pueda ''dictar normas en materia de adquisiciones y obra pública, excepciones a la licitación pública y la no aplicabilidad de las leyes de Obras Públicas y Adquisiciones para Pemex y sus organismos subsidiarios''. En ese ánimo de sacudirse el control sobre contratos, también se pretende que los consejos de administración de Pemex y sus organismos subsidiarios tengan la facultad de nombrar a los titulares de los órganos de control interno.

Pimentel y Vizcarra también partieron del argumento que en el mediano plazo se requieren inversiones superiores a 200 mil millones de pesos anuales para cubrir la demanda de consumo de gas en México, para proponer la apertura en la explotación y venta de ese energético, lo que daría paso a la legalización de los denominados contratos de servicios múltiples.

''De no alcanzarse las inversiones deseadas se mantendrá un escenario de oferta deficitaria que obligará a importar volúmenes crecientes de gas natural. Para la economía nacional resulta prioritario definir mecanismos jurídicos apropiados para impulsar particularmente la industria del gas, particularmente el no asociado, y con ello contribuir a incrementar la oferta energética propia en los próximos años.

''La sobrecarga fiscal no permite realizar proyectos de gas no asociado, ni proyectos marginales de crudo (recuperación secundaria). Lo anterior ha repercutido en la baja de las reservas de petróleo y gas natural.''