Nora patricia Jara

Cosas de todos los días

Digna Ochoa se mató igual que Julio César: planeando su asesinato con una finalidad específica. La primera, por tener un perfil sicológico inestable, y el segundo, para crear un imperio. O tal vez la activista lo hizo para demostrar que el sistema no funciona, lo que sería una causa política, o para denostar a sus correligionarios de luchas en favor de los derechos humanos. Por lo que sea, pero no fue asesinada, afirma la autoridad, la misma que primero, al conocer su muerte, habló de un crimen de la ultraderecha.

La abogada de los pobres ha creado a su alrededor un mito que alimenta una supuesta gran industria: la del martirio, como le denominan los detractores de la posibilidad de que su muerte fuera a causa de un crimen. En este caso se ha llegado al extremo de no investigar todas las líneas que pudieran dar una respuesta apegada a derecho y verídica de su trágico destino. Para algunos, la sola idea de que la ex monja defensora de campesinos pobres no se suicidó genera jugosos dividendos a quienes lucran con su memoria, hipótesis poco probable, ya que muchos ciudadanos, con o sin ganancia, la preservarán como ejemplo del activismo pro derechos humanos en el país.

Nadie sabe hasta ahora cuál es la verdad de su fallecimiento, pero las más de 50 inconsistencias que dio a conocer la CDHDF sobre las indagatorias respaldan la versión de la coadyuvancia de que la investigación estará en entredicho hasta que se corrijan las anomalías, algunas ya informadas a las autoridades judiciales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y es que no queda claro si fue asesinato o suicidio, ya que a los familiares no se les permitió ofrecer pruebas de descargo y el escenario donde se efectuaron la mayor parte de las pruebas periciales y conclusiones fue construido artificialmente en instalaciones de la PGJDF con un costo millonario, mismas que sirvieron para argumentar, sin acudir al lugar de los hechos; sin constatar el levantamiento del cadáver o establecer el tiempo de su muerte; bueno, ni la temperatura del cuerpo, ni se informó si estaba vestido o desnudo. Todo se hizo con un modelo de la oficina y un cráneo humano -no de la occisa- para demostrar a quienes quieran creer una sola hipótesis: que "esta mujer neurótica se quitó la existencia".

Las versiones de que se desestimaron posibles hechos y pruebas por consigna advierten de que no se respetaron los derechos de las víctimas. Los peritos se erigieron en Ministerio Público para calificar como falsas las premisas para indagar un homicidio, una actuación con criterio parcial que sustituyó a la autoridad ministerial en decisiones importantes, sin requisitos metodológicos y de forma, señala el informe jurídico técnico del ombudsman del DF.

Por estas razones, la procuraduría capitalina y su fiscalía no pueden ser convincentes. Y es que la supuesta justicia mexicana a veces investiga, juzga y sentencia como Kaifás: a la media noche, sin testigos y en día de Pascua. El veredicto de la CDHDF es contundente: es necesario realizar nuevas investigaciones para desechar ambigüedades de una conclusión sin pruebas técnicas y periciales que la sustenten. La historia, ad hoc a las justificaciones actuales y muy bíblicas, ya cuestionaba desde entonces la calidad moral de los tribunales del mundo antiguo, de los que emanan las estructuras jurídicas contemporáneas.

Historiadores como Flavio Josefo, gobernador de Galilea de origen judío, cuyas obras como La guerra de los judíos, entre otras, hablan de cómo los modestos ciudadanos enfrentaban el poder de un estado religioso y otro militar que en ocasiones torcía la legalidad ante lo que consideraba un desafío. Desde entonces la desconfianza hacia los que imparten la justicia se ha documentado, como parte de un equilibrio que pone en orden a un sistema que tiene que funcionar para los ciudadanos.

Nuestros tribunales son puestos a prueba por inéditas circunstancias que involucran garantías civiles, que son también derechos políticos -el 2 de octubre del 68, la guerra sucia de los 70, el Fobaproa, la delincuencia electoral y asuntos jurídicos, como la muerte de Digna- y deberían buscar resolver una verdad legal que fue violentada por abusos severos de autoridad con conocimiento de causa. La lección puede ser que mientras la autoridad, la justicia y sus impartidores continúen privilegiando elementos de escándalo, acusatorios e inquisitivos para hacer su tarea, la impunidad, la corrupción, la injusticia y la discriminación seguirán siendo cosa de todos los días