La rectificación de la juez

El juzgado tercero de distrito en materia administrativa emitió un acuerdo sobre el amparo que concedió a los comuneros de Xalatlaco el 6 de julio pasado, en el que especifica el alcance de la resolución, en el sentido de "mantener las cosas en el estado que actualmente guardan", es decir, de ninguna manera los autorizaba a la edificación de viviendas ni al parcelamiento y aprovechamiento de los recursos naturales en la zona de conflicto.

El amparo de la juez María Alejandra de León González, dirigido a las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública capitalinas, el cual establece que "a la comunidad indígena de Xalatlaco no se le prive de la propiedad y posesión de los bienes agrarios", además de confusión y una equivocada interpretación de los comuneros mexiquenses provocó profundo malestar no sólo de las autoridades del Distrito Federal, sino de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia del gobierno federal, que tiene destacamentada para el resguardo de la zona a personal de la PFP.

Esto lo expresaron los integrantes de la mesa de negociación que se desarrollaba en la SG, por la "insensibilidad" que mostró la juez en el caso, lo que originó la tentativa de los comuneros de Xalatlaco de tomar el paraje de Agua Grande el lunes pasado.

Ayer, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, informó que el acuerdo sobre el amparo que el juzgado tercero hizo llegar a la Dirección General de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, entre otras dependencias locales y federales, aclara también que tampoco se ordenó a la Policía Federal Preventiva salir del área de conflicto.

El documento es derivado de un incidente de violación a la suspensión en el juicio de amparo que promovieron los comuneros de San Miguel Ajusco, en el que hacen responsable al juzgado de las consecuencias "materiales y sociales de la resolución del 6 de julio", en el que solicitan a la misma autoridad jurisdiccional dar vista al Ministerio Público de la Federación "para que investigue las conductas cometidas por la parte quejosa (Xalatlaco) y que constituyen probablemente ilícitos del orden federal".

Encinas señaló que sigue confuso lo relacionado con la participación de la SSP-DF, por lo que, conjuntamente con su similar del gobierno federal, solicitaron al juzgado mayor precisión de la resolución en este punto, pero dejó en claro que "la facultad de mantener la tranquilidad pública es irrenunciable a la autoridad y nosotros vamos a garantizar esa seguridad".

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ