"Todavía se discute la legalidad de ese cuerpo", indica

La PGJ de Guerrero se declara incapaz de resolver caso de policías comunitarios

DE LOS CORRESPONSALES

A poco menos de un año de que concluya la gestión del gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reconoció su incapacidad para resolver los planteamientos de seguridad por medio de las policías comunitarias que formaron las poblaciones indígenas de La Montaña.

El procurador de Justicia de Guerrero, Jesús Ramírez, explicó que aunque el tema de la legalidad de la policía comunitaria en los municipios indígenas de La Montaña y de la Costa Chica de la entidad se ha discutido en los tres niveles de gobierno, "no se ha podido llegar a una solución adecuada para todos".

El cuerpo de seguridad creado por las propias comunidades para abatir la delincuencia durante el gobierno de Angel Aguirre Rivero, quien les proporcionó armamento -que días después fue considerado como de uso exclusivo del Ejército-, ocasionó persecuciones y detenciones de la policía estatal y el Ejército contra los miembros de la policía comunitaria. Sin embargo, llegaron a un acuerdo de dejarlos trabajar hasta que se defina legalmente la situación de ese cuerpo de seguridad.

"Ha habido mucho interés en analizar esta situación. El gobierno ya estableció su postura ante ellos (los indígenas), y les planteó la necesidad de realizar algunas acciones inmediatas, y otras, por supuesto, están sujetas a reformas en nuestro marco jurídico", afirmó.

Sobre las reformas constitucionales que legalicen la existencia de los más de 500 miembros de ese cuerpo de seguridad, Ramírez Guerrero expresó: "Tenemos que realizar acciones inmediatas una vez que estos ayuntamientos manifiesten su disposición de continuar con el proceso de normalización de esas tareas de vigilancia ".

En tanto, el fiscal general para Asuntos Especiales de la Procuraduría de Justicia del estado de México, Víctor Manuel Torres Moreno, informó que las procuradurías de Justicia de los nueve estados que participan en las reuniones de la región centro del país cuentan con información detallada para detener a por lo menos 14 bandas organizadas que se dedican al secuestro y operan en esa zona.

Indicó que desde hace unas semanas, los estados de México, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Veracruz y el Distrito Federal empezaron a intercambiar información de inteligencia entre las dependencias de seguridad, "lo que ha permitido establecer patrones sobre el modus operandi" de las organizaciones criminales de esa zona del país.

Señaló que en la entidad cuentan con más de 80 fotografías de plagiarios para efecto de hacer alguna detención o ubicarlos si pretenden refugiarse en otro estado.

En Coyuca de Benítez, empresarios, comerciantes y pobladores de ese municipio, ubicado en la región de la Costa Grande de Guerrero, exigieron a las autoridades que instalen retenes y efectúen operativos militares permanentes para disminuir la ola de secuestros.

Aseguraron que la semana pasada un empresario de abarrotes y propietario de un salón para eventos sociales fue raptado.

En tanto, en el municipio mexiquense de Ecatepec, cuatro jóvenes fueron asesinados a balazos y tres más resultaron heridos, luego de que ocurrió un enfrentamiento entre bandas en la colonia Aquiles Serdán.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes en la calle División del Norte 21, cuando desde una camioneta unos sujetos dispararon contra el grupo de jóvenes y ellos repelieron la agresión.

En Ensenada, Baja California, María de la Luz Martínez interpuso una denuncia penal porque su esposo Mauricio Díaz Duarte, de 33 años, murió luego de haber salido de los separos de la policía municipal.

Explicó que su esposo fue detenido el pasado viernes, y el sábado por la mañana unos policías llegaron al negocio de su suegra para solicitarle que lo sacara de los separos de la policía, "porque se había golpeado contra los barrotes de la reja".

Al sacarlo de los separos, dijo, lo llevaron a un hospital, donde murió en la sala de espera. Afirmó que su esposo antes de morir le indicó que los policías lo habían golpeado.

(MISAEL HABANA, ISRAEL DAVILA, JAVIER SALINAS Y JORGE CORNEJO)