A punto de prescribir, el plazo para actuar contra probables responsables

Presuntas irregularidades en el Fonden por más de $300 millones

Carmen Segura Rangel, entre los funcionarios señalados por actos de corrupción

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El órgano interno de control (OIC) de la Secretaría de Gobernación (SG) investiga, desde hace casi dos años, una denuncia por presuntas irregularidades administrativas en el manejo del presupuesto revolvente del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) superiores a 300 millones de pesos, que involucran, entre otros funcionarios, a Carmen Segura Rangel, titular de la Coordinación General de Protección Civil (CGPC).

Sin embargo, los actos ilícitos cometidos están a punto de prescribir y en el OIC -dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP)-no hay quien pueda desahogar la denuncia, debido a que "de forma inesperada" el titular del área de responsabilidades administrativas, Cesáreo Vite, renunció al cargo el pasado 30 de junio.

Las presuntas irregularidades abarcan adquisiciones sin licitación de materiales para la prevención de desastres, así como presuntos desvíos de recursos que involucran gastos "no comprobados" del presupuesto revolvente del Fonden correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, además de "hechos coincidentes, pero nada casuales", que apuntan a que hay un afán de la SFP de "proteger a servidores públicos" del gobierno federal implicados en probables actos de corrupción.

Documentos oficiales que constan en una denuncia de carácter administrativo, presentada el 12 de julio del 2002 en el OIC de Gobernación, revelan que hay elementos suficientes "para remitir el expediente (en el que consta la relación de hechos sobre diversas irregularidades en que habrían incurrido funcionarios de la CGPC) al área de responsabilidades (del OIC), para los efectos conducentes".

Desde hace casi dos años, el OIC investiga la denuncia presentada por Arturo Fernández López, ex subdirector de Recursos Financieros de la CGPC, en la que el quejoso documentó varias "irregularidades" cometidas en agosto de 2001, cuando el entonces coordinador administrativo de ese organismo, Clicerio Jiménez, ordenó adquirir cobertores, colchones y pacas de cartón para la "reserva estratégica" con la que se haría frente a eventuales desastres naturales, pero sin licitación de por medio.

Durante una larga entrevista, con documentos oficiales en mano -de los cuales posee copia La Jornada-, Fernández refirió que aunque el 15 de junio de este año René Rosado Ramírez, ahora ex titular del área de quejas del OIC de Gobernación, le notificó que se inició un procedimiento de responsabilidades administrativas contra quien resulte implicado en el caso, "curiosamente ese día fue despedido (Rosado)", lo cual "resulta delicado, porque el próximo 27 de agosto prescriben los hechos que denuncié en julio de 2002, y hasta el momento permanece acéfala el área que debe seguir el procedimiento administrativo" en el órgano descentralizado de Gobernación.

Para el ex funcionario -quien el 28 de octubre de 2003 sobrevivió a un atentado que puso en peligro su vida, tras recibir cuatro impactos de bala cuando salía de su domicilio, hechos que atribuye a su ex jefe Clicerio Jiménez-, la SFP "está actuado como tapadera, con la clara intención de que prescriba el hecho por el que se derivó mi denuncia".

Señala que el 19 de julio de 2002, una semana después de que acudió ante las autoridades administrativas para denunciar los presuntos actos ilícitos cometidos por funcionarios de la CGPC, "personal de vigilancia (de Gobernación) me impidió el acceso a las oficinas donde laboraba y después fui despedido de manera injustificada, aunque mediante un acta administrativa hice entrega de las facturas originales de la documentación perteneciente al área que estaba a mi cargo".

Tiempo después, ya por iniciativa propia, Fernández enriqueció su denuncia con nuevos informes oficiales obtenidos mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, entre ellos el libro blanco (mismo que él elaboraba cada año, durante la pasada administración priísta) correspondiente al ejercicio 2002-2003 del presupuesto revolvente del Fonden.

Pero no paro ahí: el 12 de mayo de 2003 envió una carta al presidente Vicente Fox, en la que le informó lo relativo a la denuncia DE-0070/2002 que presentó en el OIC de Gobernación "por fincamiento de pedidos por causas de fuerza mayor, por un monto de 37 millones 404 mil 215 pesos, y por adjudicación directa por 6 millones 403 mil 149 pesos con cargo al Fonden, de los ejercicios 2001 y 2002".

En esa misiva, el quejoso hizo especial énfasis de otras presuntas irregularidades cometidas en 2002, entre las cuales destaca el hecho de que "debiendo (la CGPC) haber comprado medicinas en prevención de alguna contingencia, no se adquirieron. Sin embargo, ya cuando llegaron los desastres en ese año, entonces sí, a un solo proveedor se le compraron más de 100 millones de pesos en medicinas". De este hecho responsabiliza de manera directa a Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil.

No obstante, aseguró que las autoridades "mantienen detenido mi asunto y cada funcionario de los muchos que he tenido que visitar sólo me da vueltas".

Compras sin licitación

Entre los documentos que Arturo Fernández López entregó a este diario, destaca un cuadro comparativo que también consta en el expediente que revisa el OIC de Gobernación.

Se trata de las "observaciones relevantes de los ejercicios 2001, 2002 y 2003", mismas que elaboró después de haber analizado a detalle los libros blancos de los dos primeros años y otros documentos parciales de 2003.

Por ejemplo: el ex funcionario logró documentar que en 2001 hubo pedidos de materiales para contingencias y desastres adquiridos sin licitación; entrega de colchones, cobertores y láminas de cartón a entidades que no tenían que responder de forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por algún desastre natural (lo cual calificó el denunciante como probables desvíos); existencia en bodegas de material no utilizado; recursos pendientes de comprobar por el gobierno de Baja California Sur y artículos que se mantuvieron en reserva estratégica sin que se comprobara por qué motivo; todo por un monto de 100 millones, 101 mil 321 pesos.

En lo que respecta a 2002, el denunciante exhibe que en pedidos de material (cobertores, pacas de lámina y colchones); entrega del mismo a entidades que no lo requerían; erogaciones por contingencias especiales; pedidos por causas de fuerza mayor, y otros pedimentos que no habrían sido remitidos a la Comisión Intersecretarial de Gasto y a la Subsecretaría de Egresos de Hacienda. Los montos "irregulares" llegaron ese año a 218 millones, 825 mil 871 pesos.

Un reporte parcial de 2003 de gastos por adquisiciones y entregas de material "a entidades que probablemente no requerían el apoyo" -según consta en documentación previa que obtuvo el quejoso, porque aún no se concluye el libro blanco correspondiente a ese año- refiere gastos sin comprobar por 46 millones 14 mil 758 pesos.

Durante la entrevista, el ex funcionario de Gobernación precisó que "una parte de las irregularidades que denuncié corresponde a los pedidos adquiridos sin licitación, y otra parte fundamental es que cuando llegaban los artículos a la reserva del Fonden no se enviaban a los estados que tenían el riesgo de ser afectados por ciclones o huracanes, sino a entidades que ni siquiera son costeras".

Asimismo, puntualizó que "inclusive 85 por ciento de la mercancía se envió (en 2001 y 2002) a entidades del interior de la República que no tenían el riesgo de ser afectadas por huracanes como los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Morelos, Guanajuato, Coahuila, Durango, Nuevo León y Aguascalientes; este último, a pesar de que enfrentaba sequías intensas le fueron enviados cobertores".

Finalmente, indicó que aunque teme por su vida, no cesará en su exigencia "para que se haga justicia y se castigue a quienes resulten responsables de las anomalías que he denunciado, porque se trata de dinero de la sociedad, que es la que siempre paga todos los males de los funcionarios".