"Desvanecimiento de datos", base del auto de libertad

Exculpan de vuelos de la muerte a Acosta Chaparro

El juez desechó declaraciones de testigos presenciales

JESUS ARANDA

El juez cuarto de justicia militar, Domingo Arturo Salas Muñoz, decretó auto de libertad "por desvanecimiento de datos" en favor del general Arturo Acosta Chaparro Escapite, en el juicio que se le sigue por el homicidio de 22 campesinos en Guerrero durante la guerra sucia de los años 70. Se prevé que la próxima semana el mayor Francisco Javier Barquín Alonso sea beneficiado también por haber interpuesto el mismo recurso.

Pese al hermetismo con que se ha manejado el asunto, trascendió también que el general Francisco Quirós Hermosillo no interpuso este recurso, por lo que continúa su proceso normal, que concluirá cuando se convoque a un consejo de guerra para que lo juzgue. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) acudió a la reclamación ante el Supremo Tribunal Militar, con lo que intenta revocar el fallo.

La razón por la que Quirós se mantuvo al margen, según fuentes extraoficiales, fue que teme que al no haber acusación en su contra en el fuero de guerra, se abriría la puerta para que por la vía civil fuera juzgado por desaparición forzada (apenas hace unos días la Suprema Corte estableció que este delito no prescribe).

Pero cabe recordar que la decisión del juez militar -quien al igual que el procurador castrense y los defensores de oficio es designado por el Presidente de la República a propuesta del secretario de la Defensa Nacional- tiene lugar apenas días después de que el secretario Ricardo Clemente Vega García hizo un llamado público a los mexicanos a saber perdonar y a poner atención "en que no se nos vaya la nación de las manos".

Fuentes cercanas al proceso admitieron su extrañeza porque se le otorgó a Acosta libertad por desvanecimiento de datos, ya que por ser un recurso con poco éxito, muy pocas veces se interpone. Los informantes revelaron también que hace unas semanas ambos generales y el mayor procesados recibieron por un conducto oficial una propuesta para que presentaran este reclamo de libertad, pero sólo los defensores de Acosta y Barquín aceptaron el ofrecimiento.

La decisión judicial constituye un nuevo golpe a la intención de juzgarlos por su participación en la guerra sucia -apenas meses atrás habían sido condenados a más de 14 años de prisión por vínculos con el narcotráfico, sentencia que purgan en la prisión del Campo Militar Número Uno-, ya que la acusación inicial en su contra fue por el asesinato de 143 campesinos guerrerenses, cuyos cuerpos lanzaban al mar en vuelos que partían de la base aérea militar de Pie de la Cuesta.

Sin embargo, cuando se consignó el expediente AJI008/2003-A ante un juez, éste consideró que la causa procedía únicamente por la muerte de 22 campesinos, ignorando así las acusaciones de la PGJM, que incluyó en el expediente la bitácora de 33 vuelos de la muerte y testimonios de personal de vigilancia que confirman el lanzamiento de entre ocho y 12 cadáveres al mar "en cada viaje", entre 1975 y 1979.

El juez cuarto militar concedió la libertad para Acosta al considerar que la defensa de éste "desvirtuó totalmente" las acusaciones de que el militar participó en el asesinato contra Ruperto Adame de Jesús, Vicente Adame de Jesús, Eusebio Arrieta, Anastasio Barrientos Flores, Justino Barrientos Flores, Emiliano Barrientos Martínez, Raymundo Barrientos Reyes, Luis Armando Cabañas Dimas, Miguel Angel Cabañas Vargas, Roberto Castillo de Jesús, Rosalío Castrejón Vázquez, Artemio Chávez, Esteban Fierro Valadez, Jesús Fierro Valadez, Antonio Flores Leonardo, Marcelino Flores Zamora, Flavio Morales Legideño, Juan Onofre Ocampo, Lucio Peralta Santiago, David Rebolledo Martínez, Mariano Serrano Zamora y Perla Sotelo Patiño.

Para el juzgador no tuvieron validez las imputaciones directas de testigos presenciales, quienes afirmaron que vieron cómo los generales encabezaron operativos en que llevaron a los campesinos a la base aérea de Pie de la Cuesta, los mataron y los subieron a los aviones para tirarlos al mar.

Para el juez de la causa fueron suficientes las declaraciones de militares que estuvieron en Guerrero en aquellos años, quienes al ser citados a comparecer respondieron con un lacónico: "No me acuerdo".

El 10 de octubre del año pasado La Jornada dio cuenta de los nombres de quienes dieron esa respuesta: el general Enrique Cervantes Aguirre, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, compareció ante el Ministerio Público Militar en su calidad de ex jefe del Estado Mayor de la 27 Zona Militar de 1974 a 1976; el general de división Luis Humberto López Portillo Leal, subjefe del Estado Mayor en el cuartel general de la 27 Zona Militar de 1974 a 1976; el general Mario Guillermo Fromow García, ex procurador general de Justicia Militar (1974-1976), que estuvo adscrito como agente del Ministerio Público Militar en la 27 Zona Militar, y el teniente coronel de Fuerza Aérea Angel Bravo Beltrán, quien declaró como oficial subalterno y ayudante de la base aérea de Pie de la Cuesta de 1971 a 1980.