Inconstitucional, que estados pretendan cobrar a vecinos por el recurso: expertos

Amenazas de enfrentamientos por posesión y uso de agua en el país

Sobrexplotados, 101 de 600 mantos acuíferos; 40% del recurso se pierde en fugas, afirman

ANGELICA ENCISO L.

Están a punto de estallar conflictos por el agua en el país. A la escasez del recurso, la sobrexplotación de los mantos acuíferos y su contaminación se suma la demanda creciente del recurso la agricultura, la industria y las zonas urbanas, lo que ha llevado a disputas entre gobiernos estatales.

Los usuarios han cerrado compuertas de embalses para evitar que el líquido se distribuya con fines distintos a sus requerimientos, se han hecho protestas contra la construcción de presas, se han plante- ado controversias constitucionales y realizado marchas. Estas son algunas de las manifestaciones en que han derivado las diferencias entre las entidades por el control del agua.

En este momento hay dos casos que se busca resolver antes de que la situación sea más crítica. Se trata de los enfrentamientos entre Guanajuato y Jalisco, y entre el Distrito Federal y el estado de México. El denominador común de ambos es la oposición a la construcción de nuevas obras.

En Jalisco, el rechazo es a la edificación de la presa San Nicolás, en los Altos, que abastecería de agua a León, y en el estado de México es hacia la construcción de la última fase del proyecto Cutzamala, previsto en Temascaltepec.

Además, sigue latente el conflicto binacional entre México y Estados Unidos por los recursos del río Bravo. La nación vecina también pretende poner restricciones para evitar la filtración del líquido al acuífero compartido con Mexicali, parte de la cuenca del río Colorado.

Gran parte de esos contenciosos se deben a que los gobiernos estatales han perdido de vista que el agua es de propiedad nacional, según el artículo 27 constitucional, y los estados no son sus dueños; es el caso de los ríos, acuíferos, presas y todo tipo de mantos acuosos, advierte Leopoldo Rodarte, experto en temas hidráulicos y ex director de aguas en el Distrito Federal.

Por ello resulta ilegal que el gobierno del estado de México pretenda exigir el pago al Distrito Federal del consumo del líquido -alrededor de 50 por ciento de los 35 metros cúbicos por segundo que demanda la urbe-, y tampoco procede que Guanajuato pretenda bloquear el envío de agua al lago de Chapala, señala el especialista en entrevista.

En todo el mundo se dan estos debates, "en general todos los países empiezan a tener problemas cuando el agua está compartida en varias cuencas, usuarios o poblaciones", advierte Felipe Arreguín Cortés, subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los conflictos por el agua se agudizan ante el panorama hídrico que existe en el país, donde 101 de los 600 acuíferos están sobrexplotados, el promedio per cápita de consumo es de 4 mil 624 metros cúbicos por persona al año -alrededor de 50 por ciento de lo que había en 1970-, y la baja calidad del agua coloca al país en el lugar 106 de 122 observados, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas.

Además, 40 por ciento del agua se pierde en fugas y del 60 por ciento que se distribuye, sólo la mitad se paga. La industria consume 3 por ciento, el suministro público, 12 por ciento, la acuacultura 2 por ciento y la agricultura 83 por ciento. De esos sectores el que menos recuperación de agua aporta es la agricultura, indica un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable.

Los crecimientos poblacional y económico han ejercido mayor presión sobre las reservas en México, al punto que el volumen demandado es mayor que el suministrado en algunas regiones del país; "la competencia por el recurso es causa de conflictos de diferente intensidad y escala, se presenta no sólo entre usuarios de la misma comunidad, sino entre distintas comunidades, municipios, estados e incluso en el ámbito transfronterizo", indica el estudio Los conflictos por agua en México, de Jaime Sainz y Mariana Becerra publicado en la Gaceta Ecológica del Instituto Nacional de Ecología.

Para el estudio se hizo un análisis de prensa entre 1990 y 2002, periodo en el que encontraron que 49 por ciento de los conflictos por el recurso se dieron en el Distrito Federal y el estado de México; en el norte del país, 14 por ciento de casos, y en el sur, 9 por ciento.

Agrega que la mayoría de las acciones se expresan mediante marchas, bloqueos de carreteras y toma de instalaciones. La raíz de las inconformidades es por la propia agua, en primer lugar -60 por ciento-, luego el precio del servicio, infraestructura y rescate de acuíferos. El 60 por ciento de los conflictos se presenta en zonas donde hay acuíferos sobrexplotados.

A lo largo del país se detectan conflictos que están en focos amarillos, es decir, aún se pueden resolver, explica Arreguín Cortés, funcionario de la Conagua. Refiere que las diferentes disputas entre entidades están en proceso de solución en los consejos de cuenca mediante el diálogo. Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales permitirán mayor participación de los usuarios, ya que las direcciones regionales desaparecerán y se dará paso a los organismos de cuenca, donde se tomarán los acuerdos de distribución, aseguró.

Aunque se han presentado disputas por el recurso entre Nuevo León y Tamaulipas, Durango y Sinaloa, México y Estados Unidos, Durango y Sinaloa, San Luis Potosí y Guanajuato, los casos más críticos y en proceso de negociación en este momento son dos.

Entre el Distrito Federal y el estado de México existe una controversia constitucional que la Suprema Corte de Justicia aún no resuelve. Fue presentada por el gobierno mexiquense por el aprovechamiento que se hace en la capital del país del agua del río Lerma, sobre lo cual demanda pago, y ha señalado que si no hay solución cerrará la llave.

El gobierno estatal considera que el Distrito Federal está obligado a pagarle por el uso del agua que se extrae de su territorio, pero "se olvida que el agua no es de propiedad estatal, sino federal, y que sus reclamos ni siquiera tienen fundamento legal; si así fuera, el país podría entrar en una guerra civil por tantos problemas que hay por ese tipo de reclamos", advierte Rodarte.

El otro caso es el de Guanajuato y Jalisco, que también se localiza en la cuenca del Lerma. Aquí el conflicto es porque el gobierno federal decidió incrementar los escurrimientos dirigidos al lago de Chapala para que recupere su nivel. Para ello cada vez que hay exceso de escurrimientos en las presas, Guanajuato debe liberar líquido al cuerpo de agua.

Pero agricultores, apoyados por el gobierno estatal, se oponen rotundamente; sin embargo, la forma de presionar de Jalisco es ilegal porque el recurso es propiedad de la nación, precisa el especialista. León requiere más agua potable y para ello se debe construir la presa San Nicolás, en Jalisco, a lo cual se oponen residentes de esta entidad.