Es un camino que es necesario estudiar: subprocurador de la PGR

Pena capital, no: Creel; debe discutirse: Gertz

El titular de Gobernación respalda la propuesta presidencial de abolirla

ALONSO URRUTIA, ROSA ELVIRA VARGAS Y GUSTAVO CASTILLO G.

Cauteloso para no confrontarse abiertamente con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, sostuvo que su postura frente a la pena de muerte es la que se ha expresado en la reforma constitucional enviada por el presidente Vicente Fox al Congreso de la Unión: abolirla.

Por el contrario, para el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, sin excepción todos los temas en materia de seguridad y justicia deben discutirse, incluido el de la pena de muerte. "Se requiere que no haya impunidad, y si además de eso fuera necesario una penalidad de esa naturaleza, es la sociedad la que debe tomar esa determinación; nosotros debemos escuchar la voz de la gente."

En tanto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal se declaró de manera terminante contra la aplicación de la pena de muerte, y el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario Alvarez Ledesma, dijo que "es un camino que hay que estudiar, no hay que desecharlo a priori".

Al término de una reunión, Santiago Creel fue interrogado sobre el asunto:

-El procurador se pronunció por reabrir el debate sobre la pena de muerte mientras que el Presidente envió una iniciativa promoviendo la abolición. ¿Lo considera contradictorio?

-Son de las cuestiones que ciertamente vamos a tratar en el gabinete de Seguridad Nacional.

-¿Cuál es su postura frente a la pena de muerte?

-Mi postura es muy clara, es la iniciativa que ha enviado el Presidente de la República. Esa es mi posición -respondió Creel.

De igual forma, habló de la urgencia de actuar en materia de seguridad frente al reclamo ciudadano, porque esto no puede ser una coyuntura pasajera. Recordó que el Congreso tiene ya en su poder un paquete de reformas en este renglón que convendría discutirse incluso en periodo extraordinario, "porque es un asunto que urge no para mañana sino para hoy, porque ya urgía ayer".

-Hay propuestas de que los funcionarios suspendan sus aspiraciones presidenciales porque se descuida la seguridad. ¿Se sumaría a esto y convocaría...?

-Yo no estoy para convocar a nadie porque pienso que cada quien es libre de conducirse como piense que deba hacerlo. Lo que sí es que los que estamos en el gobierno debemos tener la conciencia muy clara de que el problema de seguridad es serio, debemos plantear resultados lo más pronto. Todo lo demás es secundario, lo debemos dejar de lado -expuso Creel.

Llamado a debatir toda propuesta

Pese a que México ha llevado a tribunales internacionales como el de La Haya su defensa de los principios de la vida y contra la pena capital, un funcionario federal de alto nivel, Alejandro Gertz, se declaró por discutir este tipo de temas, porque "no debe quedar ninguno fuera".

Interrogado sobre si respalda el establecimiento de la pena de muerte, dijo: "Lo que apoyo en principio es que no haya 95 por ciento de impunidad".

También en Los Pinos, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, denunció que el fondo federal para financiar las acciones de seguridad pública se ha reducido consistentemente cada año y en éste hubo una baja adicional de más de 35 por ciento.

La cuestión no es sólo cambiar leyes, también se necesitan más recursos, dijo. Mencionó impedimentos legales para la efectividad de la acción policiaca, como el hecho de que las corporaciones preventivas no tienen acceso a la historia criminal de los delincuentes y no puede interrogar ni disponer de archivos para confrontar huellas dactilares.

Es una de las pocas policías en el mundo que, salvo la licencia de conducir, no pueden solicitar identificación a ninguna persona. Frente a una delincuencia que ha crecido y se ha organizado, que es cada vez más rica y más sofisticada, "tenemos una policía atada de manos por todos lados", concluyó Ebrard.

Por otra parte, los dirigentes del Consejo Ciudadano, Jorge Espina y José Antonio Ortega, señalaron que imponer la pena de muerte para delitos considerados graves "no es una solución". Sería "grave lanzarnos por ahí".

Sin embargo, el subprocurador Alvarez Ledesma -quien buscó negar que Macedo se haya declarado anteayer por establecer esa pena- indicó: "Sabemos que el proceso penal mexicano no es muy confiable, tiene todavía un déficit importante y la pena de muerte en este entorno sería algo complicado".

Para el subprocurador, lo dicho por Macedo fue que "es necesario estudiar esta circunstancia y es que hay ciertos casos, seguramente muy graves, en los que probablemente la sanción que moralmente merezcan pueda ser esa, pero lo que el procurador hizo es simplemente invitar a estudiarlo con detalle".

El funcionario reconoció que "en efecto México tiene firmados convenios internacionales en este sentido, pero el procurador Macedo no se pronunció por apoyar (la pena de muerte), sino por estudiar esta circunstancia, más como una manera de castigar delitos muy graves que como solución a la problemática de la criminalidad en México".

Se opone el GDF a la pena de muerte

Quienes plantean el "recurso fácil" de la pena de muerte contra los delincuentes es porque desconocen la profunda desigualdad social que hay en el país, provocada por el fracaso del modelo económico y el saqueo del país por los delincuentes de cuello blanco, afirmó el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador.

"No nos vayamos con ese recurso fácil de que con mano dura se resuelven los problemas", advirtió. El gobernante instó a cambiar la política económica: "que se atiendan las causas, porque si no hay crecimiento económico, si no hay empleo, si continúa la pobreza, será más difícil enfrentar los problemas".

Al respecto, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, desechó la posibilidad de que el GDF vaya a un debate sobre el tema, como lo propuso el procurador general de la República, Rafael Macedo. "Lo decimos de una vez: estamos contra la pena de muerte, es una salida falsa, es una posición de endurecimiento innecesaria porque no resuelve el problema", dijo.

Coincidió con López Obrador en que deben resolverse los problemas que elevan el nivel de criminalidad, como son la falta de equidad y la pobreza. "El debate no está en la pena de muerte, sino en el tipo de desarrollo económico y social que requiere el país", declaró el funcionario.

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Abogados llaman a combatir la impunidad del hampa

Desaprueban ministros y jueces la pena de muerte

Se violarían pactos internacionales, exponen expertos

JESUS ARANDA, ALFREDO MENDEZ, SUSANA GONZALEZ E ISRAEL DAVILA REPORTEROS Y CORRESPONSAL

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela, advirtió que el grave problema de la inseguridad pública no se resolverá con una varita mágica, sino como resultado de una profunda reforma, suficientemente estudiada por los especialistas, el gobierno y los legisladores.

Al hablar sobre el creciente descontento social por la inseguridad, al grado de que se plantea la aplicación de pena de muerte o cadena perpetua para los secuestradores, el presidente del máximo tribunal de justicia insistió en que los grandes problemas no se resuelven con soluciones improvisadas ni basadas en acciones individuales aisladas, sino con trabajo conjunto, en el que se logre superar las diferencias para sumar las semejanzas.

Mientras, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, José Guadalupe Carrera Domínguez, expuso que más que adoptar la cadena perpetua, la pena capital o incrementar el número de años de cárcel en ciertos delitos, sería "suficiente" si se aplicaran las normas vigentes, pues permitir que algunos sentenciados puedan ser liberados antes de cumplir su condena "genera hasta cierto punto impunidad".

Para abogados penalistas y jueces de distrito en materia penal, la experiencia de otros países ha demostrado que el aumento de las penas "no inhibe la criminalidad ni reduce la impunidad", y en el caso de que se aceptara la pena capital en México "pondría a la nación en un papel muy vulnerable en el plano internacional", debido a que las autoridades federales han suscrito varios convenios en los que se comprometieron a no instaurar esa acción jurídica.

En entrevistas por separado, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultados refirieron que mientras México no cuente con cuerpos policiacos y agentes del Ministerio Público "bien capacitados y con buena reputación", cualquier modificación legal para aumentar las penas puede resultar en "actos intimidatorios" de parte de las autoridades investigadoras.

"Quedaríamos mal ante el mundo"

Por su parte, Julio Hernández Pliego, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en derecho procesal penal, indicó que de nada serviría agravar las penas "mientras la impunidad sea la regla general y las sanciones una excepción", como sucede en la actualidad frente a la delincuencia.

"Si se instaurara la pena de muerte quedaríamos mal internacionalmente, porque las autoridades de nuestro país se han comprometido con otras naciones a no aplicar ese tipo de penalidad", afirmó.

José Luis Nassar Daw, abogado penalista, refirió a su vez que la experiencia de otros países ha enseñado que el aumento de las penas no inhibe los actos ilícitos, además de que "tal y como están las leyes en la actualidad, los castigos pueden llegar a los 50 años y lejos de disminuir la delincuencia ha aumentado, porque lo que hay detrás del tema es un problema de impunidad y de falta de prevención".

Aseguró que "mientras el delincuente sepa que es nulo el riesgo de que lo detengan y lo castiguen después de cometer la conducta ilícita, seguirá delinquiendo".

Para el procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, es inviable debatir la aplicación de la pena de muerte y cadena perpetua para combatir la delincuencia, como lo recomendó el lunes el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, "ya que entrar a estos asuntos empantanaría a todo el país en una discusión que no nos llevaría a nada".

Sobre la cadena perpetua, dijo que es un asunto que podría abordarse, pero aclaró que después de conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de octubre de 2001, "cuando determinó que la prisión permanente se asimila a la pena inusitada y por lo tanto anticonstitucional", recomendaría no meterse en eso.

"Es mejor que demos propuestas viables, que como está el país puedan servirle a la gente y darle respuesta a sus demandas. Debemos dejarnos de mucho rollo y muchos foros, que es una forma de evadir el problema", afirmó Navarrete.

Critican dirigentes empresariales la "insensibilidad" de López Obrador

Cuesta la inseguridad 11 o 12% del PIB al país

MIRIAM POSADA GARCIA ENVIADA

Guadalajara, Jal., 29 de junio. La inseguridad cuesta al país entre 11 y 12 por ciento del producto interno bruto (PIB), por lo que urge contar con un sistema de procuración de justicia eficiente y que el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, rectifique su postura sobre la marcha pacífica del domingo, declaró la cúpula empresarial.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, enfatizó que las autoridades deben tener el termómetro del sentir social para dar resultados, y rechazó que sea necesario poner en marcha una "operación cicatriz" entre la iniciativa privada y el gobierno capitalino.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Raúl Alejandro Padilla Orozco, reconoció que sí existe un riesgo de encono entre el sector empresarial, la propia ciudadanía y las autoridades federales y locales en torno al problema de la inseguridad que se vive en distintos puntos del país, por lo que llamó a todos los actores políticos a trabajar de manera coordinada y dejar de lado la prematura carrera por la elección de 2006.

Enfatizó que las estadísticas que ofrecen las autoridades reflejan una reducción en los índices delictivos, pero no porque en realidad se esté abatiendo la inseguridad, sino porque ante la incertidumbre, la población prefiere ya no denunciar.

Arremetió contra López Obrador y su "insensibilidad" ante la manifestación que "realizaron miles de mexicanos el domingo", y advirtió que "un político que no escucha lo que se le está diciendo pacíficamente, que no es sensible al llamado de la población, debe dedicarse a otra cosa".

Los empresarios ofrecieron cifras como que de cada 100 delitos que se denuncian sólo nueve son castigados, mientras que el fenómeno de la inseguridad en sí mismo cuesta al país entre 11 y 12 por ciento del PIB, por lo que, dijeron, se necesita un sistema de seguridad y procuración de justicia más eficiente, que se pongan todos los candados necesarios para que el Ministerio Público se vea obligado a integrar las averiguaciones sin errores que faciliten la libertad de los delincuentes, y que procedan sin falla alguna y se implanten penas más severas a delitos tan graves como el secuestro.

Consideraron, por otra parte, que el desempleo incide en los índices delictivos pero rechazaron que sea la raíz actual de la delincuencia; lo cierto, coincidieron los representantes empresariales entrevistados, es que se debe abatir la impunidad y coordinar a los cuerpos policiacos, pero nunca, dijeron, estarían en favor de la pena de muerte.

De haber pena de muerte, serían cadáveres; los arrestaron hace 4 años en Chiapas

Declaran inocentes a cinco secuestradores

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 29 de junio. De existir la pena de muerte en México, Guillermo Aguilar Ruiz y otras cuatro personas ya serían cadáveres, a pesar de no ser culpables del delito de secuestro, motivo por el cual fueron detenidos hace más de cuatro años y sentenciados a 15 años de prisión. El procurador de Justicia de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, los declaró inocentes hoy y anunció que serán liberados en las próximas horas.

El funcionario culpó de este abuso de autoridad y ''error'' en materia de procuración de justicia a agentes judiciales y del Ministerio Público del gobierno anterior, quienes serán llamados a comparecer y probablemente procesados.

Herrán Salvatti recordó que el 18 de marzo de 2000, alrededor de las cinco de la mañana, el ganadero Isaú Moreno Trujillo fue secuestrado en la ciudad de Villaflores. A pesar de que ''nunca apareció el secuestrado ni el cadáver'', las pesquisas de las autoridades ministeriales concluyeron en la consignación de cinco personas y se solicitaron órdenes de aprehensión contra otras seis.

Pero el sábado anterior policías estatales localizaron el cuerpo del ganadero y detuvieron a los cinco ''verdaderos probables responsables'' de estos hechos: Francisco Javier Moreno Aguilar, Eli Gómez Ruiz, Artemio Fernández Gutiérrez, Mario Cuello Aguilar y Roger Grajales Hernández.

''La pobreza no es destino fatal''

La secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, planteó ayer en el foro organizado por The Economist Conferences, que el reto de la superación de la pobreza es la condición para mantener la gobernabilidad y la fortaleza democrática en México.

Sostuvo que en materia de desarrollo social falta mucho por hacer y que si se construyen los incentivos correctos se podría concluir que ''la pobreza no es destino fatal'', y que en la medida en que la política social se aleje de los discursos demagógicos y de la política, se podrá hacer de ella una herramienta competitiva de crecimiento y justicia.

También criticó que los políticos y los empresarios hayan hecho de los apoyos que se entregan un rehén de procesos electorales o una manipulación en temas coyunturales. Dijo que en una reciente encuesta entre personas pobres, 93 por ciento respondieron que preferían una casa propia aunque no tuviera un solo servicio a una rentada.

Expuso que su mayor miedo era a pedir prestado -por encima del temor a la muerte o a la enfermedad-, lo que obliga a tomar medidas urgentes en los diferentes órdenes de gobierno, del sector empresarial y del sector financiero para responder a esta situación.

PATRICIA MUÑOZ R.